Humberto Caspa, Ph.D. – hcletters@yahoo.com
En Estados Unidos ya no existe el “Estado de Derecho”, el cual es un principio de gobernanza a través de un acuerdo explícito suscrito en la Constitución del Estado, el cual describe claramente el respeto a las instituciones de gobierno, sometimiento a los procesos democráticos, acatamiento al equilibrio de poder del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y especialmente el respeto a las normas/leyes emanadas desde el gobierno del Estado.
Hasta hace unos años, el respeto al Estado de Derecho estaba acordada en forma tácita entre los actores del sistema político, explícitamente por el Partido Republicano y el Partido Demócrata.
Este acuerdo fue respetado por el líder político (presidente) de cada uno de estos dos partidos políticos, aunque en contadas oportunidades, estos líderes tomaron decisiones partidistas por circunstancias estrictamente de conveniencia particular.
Después de todo, la democracia que practica nuestro país siempre ha estado en un proceso encaminado a obtener un sistema político “perfecto” a futuro. La democracia, en este sentido, es un idealismo más que una realidad concreta.
Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump al gobierno en 2017, el respeto al Estado de Derecho empezó a debilitarse. En su momento, la líder de la Cámara de Representantes dominada por el Partido Demócrata, Nancy Pelosi, fue quien impuso su voluntad para que las normas del Estado pudiesen cumplirse de acuerdo a lo mandado por la Constitución.
En consecuencia, a Trump se le enjuició políticamente en el Congreso por abuso de poder dos veces. Una por entrometerse con un jefe de estado extranjero y tratar de desviar unos dineros que ya habían sido aprobados por el Congreso (caso Ucrania) y el otro por su intervención directa en el asedio al Congreso por parte de elementos insurrectos en 6 de enero de 2021.
Los líderes de estos actos contra el Congreso fueron procesados y condenados jurídicamente a través de un proceso legal y transparente. Algunos pocos todavía tienen procesos pendientes para ser condenados o absueltos.
Recientemente, la nueva orden ejecutiva del Trump, quien acaba de asumir sus funciones de presidente, rompe claramente con el respeto al Estado de Derecho. De un “plumazo”, Trump determinó que los procesados de los actos insurreccionales el 6 de enero fueran “perdonados” y fueran liberados de todos sus cargos.
Asimismo, Trump decidió arbitrariamente que algunas personas que nacen en Estados Unidos sean condicionadas y, en algunos casos, negados de nacionalidad estadounidense. La Constitución del Estado suscribe explícitamente que toda persona nacida en territorio nacional es estadounidense con pleno derecho.
Serán cuatro años de arbitrariedades, ilegalidades, caos y abusos de poder de Trump en detrimento del Estado de Derecho.
Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move.
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