Por/By George Cassidy Payne
Estoy cansado de escribir sobre Donald Trump.
He pasado años escribiendo sobre este hombre y, últimamente, me pregunto qué más queda por decir. Otra mentira, otro ataque a una institución, otro espectáculo diseñado para mantener todas las miradas puestas en él. Las palabras surgen con facilidad; tal vez eso sea parte del problema. Puedo sentarme a escribir sobre Trump y casi anticipar las frases antes de teclearlas.
Un editor de *City Watch LA* me comentó hace poco que ya no le interesaba recibir artículos sobre Trump. Los lectores desconectan, explicó. Entendí a qué se refería. Hay un límite en la indignación que un lector puede asimilar antes de que esta se convierta en mero ruido de fondo. Yo mismo he sentido esa fatiga.
Aun así, ha sido difícil ignorar las noticias ocurridas entre el 3 y el 10 de octubre.
Durante esa semana, la administración Trump impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, anunció planes para transmitir en vivo una ejecución militar y cerró un acuerdo para obtener diésel de Rusia. Cada una de estas historias merece atención por sí misma. En conjunto, me dejaron la sensación de haber cruzado un nuevo umbral, uno que merece algo más que la habitual ronda de condenas.
El daño a las normas democráticas estadounidenses no comenzó esta semana. Tampoco el desprecio de la administración por las instituciones internacionales ni su disposición a tratar el poder político como una propiedad personal. Lo que me preocupa es el poco esfuerzo que parece requerirse ahora para conciliar estas acciones con los principios que el gobierno dice defender.
Consideremos la secuencia de los hechos. Una exjueza internacional de derechos humanos recibe el Premio Nobel de la Paz. La administración toma medidas contra el tribunal en el que ella sirvió. El Pentágono se prepara para transmitir la ejecución de un asesino en masa condenado. Mientras tanto, el presidente anuncia un acuerdo para comprar combustible al gobierno ruso, a pesar de los recientes esfuerzos de su administración por presionar a Moscú debido a su invasión de Ucrania.
Resulta desalentador ver cómo estas contradicciones se presentan como noticias cotidianas. Las leemos, expresamos nuestro rechazo y pasamos a la siguiente noticia. Navi Pillay tiene 85 años. Nacida en Sudáfrica durante el apartheid, forjó una carrera jurídica desafiando un sistema que negaba derechos básicos a la mayoría de la población. Nelson Mandela la propuso para el Tribunal Superior de Sudáfrica, convirtiéndola en la primera mujer no blanca en formar parte de él. Más tarde, fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde su labor contribuyó a establecer la violencia sexual como un instrumento de genocidio según el derecho internacional.
Más recientemente, Pillay presidió una comisión de las Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel ha rechazado dicha conclusión. El Comité Nobel destacó su labor en defensa de los derechos humanos, incluido su papel en la investigación de la comisión.
Donald Trump reaccionó compartiendo una publicación en redes sociales en la que afirmaba merecer el premio. Horas después, su administración impuso sanciones a la Corte Penal Internacional —donde Pillay también había ejercido como jueza—, acusando a la institución de perseguir injustamente a ciudadanos estadounidenses.
El momento en que se produjeron los hechos no demuestra por sí solo que la decisión del Nobel motivara las sanciones. La cuestión de fondo es qué implican estas sanciones para una institución encargada de investigar crímenes internacionales graves, especialmente cuando las personas o gobiernos bajo escrutinio poseen un considerable poder político.
Los tribunales internacionales no son infalibles. Sus conclusiones pueden cuestionarse, su jurisdicción puede debatirse y sus procedimientos pueden examinarse. Nada de esto obliga a un gobierno a aceptar todas las sentencias. Sin embargo, existe una diferencia considerable entre cuestionar la labor de un tribunal y utilizar el poder del gobierno estadounidense para castigarlo.
Estados Unidos ha exigido durante mucho tiempo que otros países rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Esa exigencia resulta más difícil de defender cuando Washington considera que el escrutinio internacional constituye, por sí mismo, una ofensa.
En su «Carta desde la cárcel de Birmingham» de 1963, Martin Luther King Jr. escribió: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes». Se refería a la segregación y a quienes buscaban motivos para aplazar la justicia para los estadounidenses negros. Sus palabras cobran especial relevancia cuando un gobierno se opone a la idea misma de que su conducta pueda ser juzgada con arreglo a normas que escapan a su propio control.
La cuestión es si la soberanía se ha convertido en un escudo conveniente contra el escrutinio, invocado con más fuerza cuando la rendición de cuentas amenaza a los poderosos.
Nidal Malik Hasan asesinó a 13 personas e hirió a otras 32 en Fort Hood en 2009. Las víctimas y sus familias no deben perderse en la discusión política que siguió al anuncio de su ejecución programada.
Está previsto que Hasan, un ex psiquiatra del ejército, sea ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre. El Pentágono ha anunciado planes para transmitir en vivo la ejecución. De llevarse a cabo, sería la primera transmisión pública de una ejecución militar estadounidense y la primera ejecución militar por pelotón de fusilamiento desde 1945.
El gobierno puede argumentar que hacer pública una ejecución disuadirá los delitos violentos. Ésa es una afirmación que debe ser examinada, no aceptada simplemente porque el castigo sea severo. Hay una diferencia entre ejecutar una sentencia e invitar al público a ver morir a alguien.
La pena capital ya plantea cuestiones difíciles sobre la autoridad del Estado para quitar una vida humana. La transmisión de una ejecución añade otra pregunta: ¿Qué espera lograr el gobierno al convertir el acto en un evento público?
Albert Camus abordó el problema en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina, publicado en 1957. “La pena capital es el más premeditado de los asesinatos”, escribió.
Camus no nos pedía que nos olvidáramos de las víctimas de asesinato ni que fingiéramos que los crímenes violentos no exigen consecuencias graves. Estaba cuestionando la suposición de que la decisión del Estado de matar se vuelve moralmente sencilla una vez que ha pasado por un proceso legal.
Una ejecución militar es un ejercicio del poder estatal. Una ejecución televisada también sería un mensaje para la audiencia.
Estados Unidos abandonó las ejecuciones públicas hace mucho tiempo. La última ejecución pública ampliamente reconocida en el país tuvo lugar en Kentucky en 1936, cuando una multitud de aproximadamente 20.000 personas se reunió para presenciar el ahorcamiento de un hombre negro condenado por violar a una mujer blanca.
Hemos pasado generaciones debatiendo qué debería lograr el castigo y qué límites debería imponer una sociedad civilizada a su propia violencia. La transmisión propuesta plantea la posibilidad de que estemos retrocediendo en una cuestión que alguna vez creímos resuelta.
El horror del crimen de Hasan no responde a esa pregunta. Tampoco lo hace la autoridad del gobierno para imponer una sentencia legal. El público merece saber por qué se supone que presenciar una ejecución nos hace más seguros y qué evidencia respalda esa afirmación.
La tercera historia parece casi mundana al lado de las dos primeras. Los precios del combustible son altos, la administración quiere alivio y Rusia tiene diésel para vender.
Trump anunció que Rusia suministraría inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel, a las que seguirían millones de toneladas más. El precio medio informado del diésel había alcanzado los 6,28 dólares por galón. Menos de un mes antes, Trump había firmado un proyecto de ley de sanciones destinado a aumentar la presión sobre Moscú por su invasión de Ucrania.
Hay preguntas prácticas que hacer sobre el acuerdo. ¿Cuáles son sus términos? ¿Cuánto podría reducir los costos del combustible estadounidense? ¿Qué efecto podría tener en el esfuerzo más amplio de presionar a Rusia? Un envío anunciado no es lo mismo que combustible entregado, y el público debería poder juzgar el acuerdo por sus resultados reales.
Negociar con un adversario no es intrínsecamente malo. Los gobiernos tienen que sopesar intereses en competencia, y los precios de la energía afectan a personas que no pueden permitirse el lujo de esperar a que una política exterior elegante produzca resultados. Un presidente tiene la responsabilidad de abordar esas preocupaciones.
Pero la administración también tiene la responsabilidad de explicar cómo este acuerdo se ajusta a sus objetivos declarados. Si se supone que la presión económica persuadirá a Moscú a cambiar su conducta, ¿qué sucederá cuando Washington dé media vuelta y compre un importante suministro de energía a Rusia? ¿Se pueden conciliar ambas políticas? Si es así, ¿cómo?
El acuerdo puede tener una lógica económica, pero eso no hace que la contradicción desaparezca.
Para los ucranianos que viven bajo las consecuencias de la invasión rusa, esto tiene que ver con la credibilidad de los compromisos estadounidenses. Para los estadounidenses que luchan con los costos del combustible, la pregunta es si el acuerdo brindará el alivio prometido. Ambos merecen respuestas.
Lo que falta en el anuncio es una explicación convincente de cómo el beneficio económico inmediato, si lo hay, se relaciona con la estrategia a largo plazo de la administración. El público no debería tener que armar esa explicación a partir de alardes presidenciales y fragmentos de cobertura noticiosa.
Dudo en llamar a cualquier semana un punto de inflexión. La historia estadounidense contiene demasiadas injusticias graves como para que ese tipo de afirmación sea fácil. El país ha sobrevivido a la esclavitud, la segregación, la represión política y las guerras justificadas con falsedades.
Pero la historia no es una excusa para la complacencia. El hecho de que hayamos soportado cosas peores no significa que debamos aceptar lo que está sucediendo ahora.
Las tres historias que aquí se analizan son diferentes, y sus diferencias son importantes. Las sanciones contra un tribunal internacional no son lo mismo que una propuesta de ejecución televisada. Un acuerdo energético con Rusia no constituye, por sí solo, una prueba de traición a Ucrania. Cada caso requiere sus propios hechos y su propio juicio.
Lo que los une es la aparente facilidad con la que la administración transita entre posturas incompatibles. La rendición de cuentas a nivel internacional se percibe como una afrenta cuando amenaza los intereses estadounidenses. Una ejecución se convierte en una posible emisión pública. La presión sobre Rusia cede el paso a un acuerdo para obtener combustible ruso cuando los precios internos adquieren una urgencia política.
Vuelvo una y otra vez a la pregunta de qué se nos pide aceptar como normal.
El peligro no radica en que todos los estadounidenses aprueben estas decisiones. Muchos se opondrán a ellas y otros las defenderán basándose en sus propios méritos. El peligro es que el enorme volumen de controversias deje muy poco margen para examinar detenidamente cada decisión. Para cuando empezamos a comprender las consecuencias de un anuncio, ya ha llegado otro para ocupar su lugar.
El deseo de apartar la mirada puede convertirse en una forma de resignación. Si las historias más importantes son aquellas que terminamos dejando de debatir, entonces el agotamiento conlleva consecuencias que van más allá de la frustración personal de un escritor.
No espero que este artículo cambie el rumbo de la administración. Lo que importa es si aún somos capaces de distinguir entre una controversia política y una verdadera prueba de nuestros principios públicos; entre el espectáculo habitual y aquellas decisiones que revelan algo sobre el país en el que nos estamos convirtiendo.
Es posible que, a la larga, el Premio Nobel, el anuncio de la ejecución y el acuerdo sobre el diésel se recuerden como episodios aislados. Por ahora, ofrecen una imagen de un gobierno dispuesto a anteponer sus intereses inmediatos a los principios que invoca cuando le conviene.
Esto exige nuestra atención, nuestro juicio y la disposición a preguntarnos qué estamos dispuestos a aceptar en nombre del poder.
George Cassidy Payne, colaborador de PeaceVoice, es un escritor radicado en Rochester cuya obra se sitúa en la intersección de la política, la ética y la experiencia vital. Poeta, filósofo y consejero de crisis para la línea 988, aborda temas relacionados con la democracia, la justicia y la resiliencia comunitaria.
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A New Threshold of American Shame
by George Cassidy Payne
I am tired of writing about Donald Trump.
I have spent years writing about this man, and lately I find myself wondering what more there is to say. Another lie, another attack on an institution, another spectacle designed to keep everyone looking in his direction. The words come easily enough. That may be part of the problem. I can sit down to write about Trump and almost anticipate the sentences before I type them.
An editor at City Watch LA recently told me he was no longer interested in receiving Trump pieces. Readers tune out, he explained. I understood what he meant. There is only so much outrage a reader can absorb before it becomes background noise. I have felt that fatigue myself.
Still, the news from October 3 through 10 has been difficult to leave alone.
During that week, the Trump administration imposed sanctions on the International Criminal Court, announced plans to livestream a military execution, and struck a deal to obtain diesel from Russia. Each story deserves attention on its own. Taken together, they left me with the sense that we had crossed another threshold, one that deserves more than the usual round of denunciations.
The damage to American democratic norms did not begin this week. Neither did the administration’s contempt for international institutions or its willingness to treat political power as a personal possession. What troubles me is how little effort now seems necessary to reconcile these actions with the principles the government claims to uphold.
Consider the sequence. A former international human rights judge receives the Nobel Peace Prize. The administration moves against the court on which she once served. The Pentagon prepares to broadcast the execution of a convicted mass murderer. Meanwhile, the president announces an agreement to buy fuel from the Russian government, despite his administration’s recent efforts to pressure Moscow over its invasion of Ukraine.
There is something dispiriting about watching these contradictions arrive as ordinary news. We read them, register our disapproval, and move on to the next item.
Navi Pillay is 85. Born in South Africa during apartheid, she built a legal career challenging a system that denied the majority population basic rights. Nelson Mandela nominated her to South Africa’s High Court, making her the first nonwhite woman to serve on it. She later became a judge at the International Criminal Tribunal for Rwanda, where her work helped establish sexual violence as an instrument of genocide under international law.
More recently, Pillay led a United Nations commission that concluded Israel had committed genocide against Palestinians in Gaza. Israel has rejected that finding. The Nobel Committee cited her human rights work, including her role in the commission’s investigation.
Donald Trump responded by resharing a social media post claiming he deserved the prize. Hours later, his administration imposed sanctions on the International Criminal Court, where Pillay had also served as a judge, accusing the institution of unfairly targeting Americans.
The timing does not, by itself, establish that the Nobel decision prompted the sanctions. The larger issue is what the sanctions mean for an institution charged with investigating grave international crimes, particularly when the people or governments under scrutiny possess considerable political power.
International courts are not infallible. Their findings can be challenged, their jurisdiction disputed, and their procedures examined. None of that requires a government to accept every ruling. But there is a considerable difference between challenging a court’s work and using the power of the American government to punish it.
The United States has long expected other countries to answer for human rights abuses. That expectation becomes harder to defend when Washington treats international scrutiny as an offense in itself.
Martin Luther King Jr. wrote in his 1963 Letter from Birmingham Jail, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” He was writing about segregation and the people who found reasons to postpone justice for Black Americans. His words have a particular resonance when a government objects to the very idea that its conduct might be judged by standards beyond its own control.
The question is whether sovereignty has become a convenient shield against scrutiny, invoked most forcefully when accountability threatens the powerful.
Nidal Malik Hasan murdered 13 people and wounded 32 others at Fort Hood in 2009. The victims and their families should not be lost in the political argument that has followed the announcement of his scheduled execution.
Hasan, a former Army psychiatrist, is scheduled to be executed by firing squad on December 3. The Pentagon has announced plans to livestream the execution. If carried out, it would be the first public broadcast of a U.S. military execution and the first military execution by firing squad since 1945.
The government may argue that making an execution public will deter violent crime. That is a claim to be examined, not accepted simply because the punishment is severe. There is a difference between carrying out a sentence and inviting the public to watch someone die.
Capital punishment already raises difficult questions about the state’s authority to take a human life. Broadcasting an execution adds another question: What does the government hope to accomplish by turning the act into a public event?
Albert Camus addressed the problem in his essay Reflections on the Guillotine, published in 1957. “Capital punishment is the most premeditated of murders,” he wrote.
Camus was not asking us to forget the victims of murder or to pretend that violent crimes do not demand serious consequences. He was questioning the assumption that the state’s decision to kill becomes morally uncomplicated once it has passed through a legal process.
A military execution is an exercise of state power. A televised execution would also be a message to an audience.
The United States abandoned public executions long ago. The last widely recognized public execution in the country took place in Kentucky in 1936, when a crowd of roughly 20,000 gathered to watch the hanging of a Black man convicted of raping a white woman.
We have spent generations debating what punishment should accomplish and what limits a civilized society should place on its own violence. The proposed broadcast raises the possibility that we are moving backward on a question we once thought settled.
The horror of Hasan’s crime does not answer that question. Neither does the government’s authority to impose a lawful sentence. The public deserves to know why watching an execution is supposed to make us safer, and what evidence supports that claim.
The third story seems almost mundane beside the first two. Fuel prices are high, the administration wants relief, and Russia has diesel to sell.
Trump announced that Russia would immediately supply more than 300,000 tons of diesel, with millions more tons to follow. The reported average price of diesel had reached $6.28 per gallon. Less than a month earlier, Trump had signed a sanctions bill intended to increase pressure on Moscow over its invasion of Ukraine.
There are practical questions to ask about the agreement. What are its terms? How much could it reduce American fuel costs? What effect might it have on the broader effort to pressure Russia? An announced shipment is not the same as fuel delivered, and the public should be able to judge the agreement on its actual results.
Negotiating with an adversary is not inherently wrong. Governments have to weigh competing interests, and energy prices affect people who cannot afford to wait for an elegant foreign policy to produce results. A president has a responsibility to address those concerns.
But the administration also has a responsibility to explain how this deal fits its stated objectives. If economic pressure is supposed to persuade Moscow to change its conduct, what happens when Washington turns around and purchases a major energy supply from Russia? Can the two policies be reconciled? If so, how?
The agreement may have an economic rationale, but that does not make the contradiction disappear.
For Ukrainians living under the consequences of Russia’s invasion, this concerns the credibility of American commitments. For Americans struggling with fuel costs, the question is whether the agreement will deliver the relief promised. Both deserve answers.
What is missing from the announcement is a convincing account of how the immediate economic benefit, if there is one, relates to the administration’s longer-term strategy. The public should not have to assemble that explanation from presidential boasts and fragments of news coverage.
I hesitate to call any single week a turning point. American history contains too many grave injustices for that kind of claim to come easily. The country has survived slavery, segregation, political repression, and wars justified by falsehoods.
But history is not an excuse for complacency. The fact that we have endured worse does not mean we should accept what is happening now.
The three stories considered here are different, and their differences matter. Sanctions against an international court are not the same as a proposed televised execution. An energy agreement with Russia is not, on its own, evidence of a betrayal of Ukraine. Each requires its own facts and its own judgment.
What connects them is the apparent ease with which the administration moves between incompatible positions. International accountability becomes an affront when it threatens American interests. An execution becomes a potential public broadcast. Pressure on Russia gives way to a deal for Russian fuel when domestic prices become politically urgent.
I keep returning to the question of what we are being asked to accept as normal.
The danger is not that every American will approve of these decisions. Many will oppose them, and others will defend them on their merits. The danger is that the sheer volume of controversy leaves too little room to examine any one decision carefully. By the time we have begun to understand the consequences of one announcement, another has arrived to take its place.
The desire to look away can become its own kind of accommodation. If the stories that matter most are the ones we eventually stop discussing, then exhaustion has consequences beyond the private frustration of a writer.
I do not expect this article to change the administration’s course. What matters is whether we can still distinguish between a political controversy and a genuine test of our public principles, between the familiar spectacle and the decisions that reveal something about the country we are becoming.
The Nobel Prize, the execution announcement, and the diesel agreement may ultimately be remembered as separate episodes. For now, they offer a glimpse of a government willing to put its own immediate interests ahead of the principles it invokes when convenient.
That demands our attention, our judgment, and a willingness to ask what we are prepared to accept in the name of power.
George Cassidy Payne, syndicated by PeaceVoice, is a Rochester-based writer whose work sits at the intersection of politics, ethics, and lived experience. A poet, philosopher, and 988 crisis counselor, he covers issues of democracy, justice, and community resilience.
