Afirman que Donald Trump es mentalmente incapaz para el cargo
Por Raven Fon
Cuando la capacidad de gobernar de un presidente en ejercicio se convierte en una cuestión de registro médico formal, algo ha cambiado en la conversación nacional que no puede revertirse fácilmente. Que unos médicos estampen sus nombres en una declaración pública sobre el estado mental de un presidente no es algo que se desvanezca sin más en el ciclo de noticias. Plantea abiertamente, y de manera simultánea, dos interrogantes verdaderamente difíciles: ¿es la preocupación médicamente legítima? y ¿tiene la medicina siquiera el derecho de plantearla?
Esas preguntas colisionaron estrepitosamente en la primavera de 2026. Un grupo de médicos de alto nivel —con trayectorias profesionales en neurología, psiquiatría y medicina forense— publicó una declaración conjunta en la que solicitaba la destitución de un presidente estadounidense en ejercicio por motivos médicos. Dicha declaración no fue una filtración ni una publicación en redes sociales; fue incorporada al archivo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y los médicos que la respaldan no son figuras oscuras ni marginales; entre ellos figuran clínicos procedentes de algunas de las instituciones médicas más prestigiosas del país, con experiencia profesional en evaluación cognitiva, psiquiatría forense y valoración de la peligrosidad.
Lo que hace que esta declaración merezca una lectura atenta no es simplemente su conclusión, sino las pruebas específicas que citan los médicos, el mecanismo constitucional que invocan y el antiguo debate profesional en el que se han adentrado al alzar la voz. Esta es una historia sobre la medicina, el poder y lo que sucede cuando ambos se ven obligados a coexistir en un mismo espacio.
El 30 de abril de 2026, un grupo de 36 médicos destacados —junto con otros profesionales expertos en salud mental— emitió una declaración en la que solicitaba la destitución inmediata y conforme a la ley del presidente Donald J. Trump por razones médicas. La declaración se describe no como un pronunciamiento político, sino como uno de carácter médico, «realizado por individuos que profesan ideologías tanto conservadoras como liberales, que se identifican como republicanos y demócratas, y que provienen de diversos orígenes, razas, etnias y religiones». El grupo se abstuvo de diagnosticar formalmente al presidente, una distinción jurídica y ética de suma importancia. En su lugar, documentaron un patrón de conductas públicamente observables que, a su juicio, constituyen pruebas suficientes de una grave preocupación médica. Su llamamiento consistía en invocar la Sección 4 de la 25.ª Enmienda y destituir a Trump de la presidencia con lo que calificaron como «la mayor urgencia». Quiénes son los médicos y qué han dicho
Entre los firmantes se encuentran neurólogos, psiquiatras forenses, psiquiatras generales y otros médicos, junto con profesionales de la salud mental con experiencia en el diagnóstico de trastornos cognitivos y en la evaluación de la peligrosidad. Entre ellos figuran profesionales a quienes los tribunales y los sistemas de justicia penal consultan habitualmente como peritos, así como otros a quienes los gobiernos consultan en materia de seguridad nacional y para la elaboración de perfiles psicológicos de líderes mundiales.
El grupo declara explícitamente que no ha examinado al presidente en persona y que no está ofreciendo un diagnóstico clínico formal. Su evaluación se basa en el comportamiento y las declaraciones públicas, elementos que, según argumentan los firmantes, son suficientes para suscitar serias señales de alarma respecto a su aptitud. No pretenden haber examinado las tomografías cerebrales ni los expedientes médicos de Trump. Lo que hacen es aplicar su pericia clínica a la información disponible públicamente, sosteniendo que lo que observan justifica la adopción de medidas urgentes.
Con anterioridad a las elecciones presidenciales de 2024, el grupo ya había emitido un comunicado evaluando la aptitud mental de Trump para ejercer la presidencia; en aquel momento, identificaron graves indicios de deterioro cognitivo y argumentaron que dichos indicios justificaban su inhabilitación para el cargo. Su opinión profesional —basada tanto en evaluaciones previas como en las que continúan realizando— es que el estado mental de Trump se ha deteriorado aún más desde la publicación de aquel comunicado en 2024.
Los comportamientos que identificaron
Los médicos enumeraron signos observables que suscitan una grave preocupación médica, entre los que se incluyen un «marcado deterioro de la función cognitiva, evidenciado por un discurso desorganizado y tangencial, divagaciones inconexas, confusiones fácticas, cambios repentinos e inexplicables de rumbo en cuestiones estratégicas —tanto a nivel nacional como internacional— y episodios de aparente somnolencia durante procedimientos públicos de carácter crítico».
Asimismo, observaron indicios de un «grave deterioro del juicio y del control de los impulsos», manifestados en sus «amenazas imprudentes de violencia» y en su «apología del uso de fuerza letal contra civiles».
Los expertos médicos describieron específicamente lo que denominaron «comunicaciones nocturnas aparentemente compulsivas y de carácter maníaco», llegando a registrarse hasta 150 publicaciones en redes sociales en una sola noche. Desde la emisión de su comunicado inicial al Congreso, los médicos han añadido que Trump «ha exhibido más signos de grandiosidad; por ejemplo, publicando en redes sociales imágenes de sí mismo estrechando la mano de Dios, actuando como si fuera Jesús o vistiéndose como el Papa». Entre los incidentes específicos citados se encontraba la publicación de Trump del 7 de abril de 2026 en Truth Social, relativa al conflicto en curso con Irán, en la que el presidente escribió: «Toda una civilización morirá esta noche, para no volver a ser traída volveré a hacerlo. El principal firmante de la carta, el psiquiatra Dr. Henry David Abraham, describió «síntomas preocupantes», entre ellos «grandiosidad sin límites, paranoia, impulsividad, sed de venganza, facilidad para percibir el daño recibido, momentos de omnipotencia y, lo más aterrador, una ira incontrolable en un hombre que controla armas nucleares sin supervisión». La cuestión nuclear en el centro de la declaración
El argumento más trascendental de los médicos no se centra en los patrones de habla ni en el comportamiento en las redes sociales, sino en lo que sucede cuando esos comportamientos se cruzan con los poderes únicos de la presidencia de Estados Unidos.
Según la política actual de EE. UU., el presidente puede autorizar un ataque nuclear por sí solo, sin necesidad de la aprobación del Congreso, los miembros del Gabinete ni los asesores militares. El firmante Henry David Abraham señaló específicamente las amenazas pasadas de aniquilación de Trump contra naciones extranjeras como prueba de que la autoridad nuclear sin control en sus manos representa un riesgo global catastrófico.
El grupo advirtió que Estados Unidos tiene más de 5000 ojivas nucleares listas para ser lanzadas por orden de Trump, y que actualmente nadie tiene la autoridad para detenerlo.
La Dra. Bandy Lee, presidenta de la Coalición Mundial de Salud Mental y una de las psiquiatras que firmaron la declaración, afirmó: “Ahora es urgente que todos actuemos para afrontar la realidad de la situación, que trasciende la política y afecta la seguridad y la supervivencia misma de la especie humana, debido a Los arsenales nucleares que el presidente tiene bajo su exclusivo mando, sin posibilidad formal de revocarlo. Estados Unidos no cuenta con un sistema formal e independiente para evaluar si un presidente en ejercicio está mentalmente capacitado para controlar armas nucleares. Esta deficiencia es una de las razones por las que los médicos solicitan la aplicación de un mecanismo constitucional, uno que, en su forma más crítica, nunca se ha activado en la historia estadounidense.
La declaración médica no ha estado exenta de controversia, incluso dentro de la propia comunidad médica. En el centro de esta controversia se encuentra una norma profesional de larga data conocida como la Regla Goldwater.
Durante décadas, una norma profesional ha regido la forma en que los profesionales de la salud mental pertenecientes a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) hablan sobre figuras públicas: no diagnosticar a alguien que no se ha examinado. Conocida como la Regla Goldwater, fue establecida en 1973 por la APA después de la campaña presidencial de 1964. Surgió de una encuesta publicada a alrededor de 12.000 psiquiatras en la que más de 1.000 cuestionaron la aptitud mental del candidato presidencial Barry Goldwater para el cargo. Goldwater demandó, y la APA respondió prohibiendo formalmente a sus miembros ofrecer diagnósticos clínicos de figuras públicas que no hubieran examinado personalmente.
Los médicos que Quienes firmaron la declaración de 2026 conocen esta norma y han presentado argumentos específicos sobre por qué no se aplica en este caso. La Dra. Bandy Lee, exprofesora de la Universidad de Yale y una de las principales artífices de la carta, ha sostenido que dar demasiada importancia a la Regla Goldwater «fue una falacia, en mi opinión, que nada tiene que ver con la ética ni con la ciencia real, y que solo sirvió para privar al público de conocimiento crítico». Establece una clara distinción entre diagnosticar a un paciente y evaluar el peligro para la sociedad: «El diagnóstico, mediante un examen personal con información confidencial, se realiza para el paciente, mientras que la detección de señales de peligro, basada en datos públicos, se realiza para la sociedad». Un artículo de opinión publicado en The BMJ, escrito por el neurólogo David Nicholl y la médica Trisha Greenhalgh, examina directamente estas tensiones éticas. Si bien los jefes de Estado tienen derecho a la confidencialidad médica, los autores señalan que sus decisiones pueden tener consecuencias de gran alcance. Enfatizan que las normas profesionales generalmente prohíben a los médicos ofrecer diagnósticos sin una evaluación directa y advierten enérgicamente contra los intentos de diagnosticar afecciones específicas, como trastornos neurodegenerativos, basándose únicamente en informes de los medios o material disponible públicamente.
Los autores, sin embargo, establecen una distinción entre realizar un diagnóstico clínico y expresar una preocupación más amplia, basada en información clínica. Nicholl y Greenhalgh citan un precedente de 2016, cuando psiquiatras de alto nivel escribieron al entonces presidente Obama expresando su preocupación por la salud mental de Trump, pero evitando explícitamente un diagnóstico formal y solicitando en cambio una evaluación médica imparcial. El artículo de The BMJ respalda este tipo de interacción ponderada como el modelo más apropiado.
En la declaración formal incluida en el Registro del Congreso, el grupo de profesionales médicos no llegó a diagnosticar a Trump. En cambio, documentaron un patrón de comportamiento: impulsivo. Toma de decisiones, confusión de hechos, cambios estratégicos erráticos y furia extrema: argumentaron que esto constituye un peligro claro e inminente para la seguridad pública.
La Casa Blanca respondió con firmeza. El portavoz Davis Ingle declaró: “El presidente Trump es el presidente más perspicaz y accesible de la historia de Estados Unidos, que trabaja sin descanso para resolver problemas y cumplir sus promesas, y sigue siendo en excelente estado de salud”. El examen físico de Trump de abril de 2025, realizado por el médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Barbabella, lo declaró «plenamente apto para ejercer como comandante en jefe», un dictamen en el que la administración se ha apoyado para contrarrestar cada ronda posterior de escrutinio médico.
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36 senior US doctors say Donald Trump is mentally unfit for office
When a sitting president’s capacity to govern becomes a matter of formal medical record, something has shifted in the national conversation that can’t easily be walked back. Doctors putting their names to a public declaration about a president’s mental state is not the kind of thing that fades into the news cycle. It forces two genuinely difficult questions into the open at the same time: is the concern medically legitimate, and does medicine even have the right to raise it?
Those questions collided loudly in the spring of 2026. A group of senior physicians, drawing on careers in neurology, psychiatry, and forensic medicine, released a joint statement calling for the removal of a sitting U.S. president from office on medical grounds. The statement was not a leak or a social media post. It was entered into the official archive of the United States government. And the doctors behind it are not obscure or fringe figures. They include clinicians from some of the most recognized medical institutions in the country, with professional backgrounds in cognitive assessment, forensic psychiatry, and the evaluation of dangerousness.
What makes the statement worth reading carefully is not simply its conclusion, but the specific evidence the doctors cite, the constitutional mechanism they’re calling for, and the long-standing professional debate they’ve walked into by speaking up at all. This is a story about medicine, power, and what happens when those two things are forced to occupy the same space.
On April 30, 2026, a group of 36 leading physicians and other doctors with expertise in mental health issued a statement calling for President Donald J. Trump’s immediate, lawful removal from office for medical reasons. The statement is described not as a political declaration but as a medical one, “made by individuals holding both conservative and liberal ideologies, identifying as both Republicans and Democrats, from different backgrounds, races, ethnicities, and religions.” The group stopped short of formally diagnosing the president, a critical legal and ethical distinction. Instead, they documented a pattern of publicly observable behaviors they argue constitute sufficient evidence of serious medical concern. Their call: invoke Section 4 of the 25th Amendment and remove Trump from the presidency with what they called “the greatest urgency.”
Who the Doctors Are and What They Said
The signatories include neurologists, forensic psychiatrists, general psychiatrists, and other physicians, along with mental health professionals experienced in diagnosing cognitive disorders and evaluating dangerousness. Among them are professionals whom courts and criminal justice systems regularly consult as expert witnesses, and others consulted by governments on national security matters and psychological profiles of world leaders.
The group is explicit that it has not examined the president in person and is not offering a formal clinical diagnosis. Its assessment is based on public behavior and statements, which the signers argue are sufficient to raise serious red flags about fitness. They are not claiming to have examined Trump’s brain scans or medical records. They are applying their clinical expertise to what is publicly available and arguing that what they see warrants urgent action.
Prior to the 2024 presidential election, the group had already issued a statement assessing Trump’s mental fitness for the presidency, at which time they identified serious signs of cognitive decline and argued those signs warranted disqualification from office. It is their professional opinion, based on previous and ongoing assessments, that Trump’s mental state has deteriorated even further since that 2024 statement.
The Behaviors They Identified
The doctors listed observable signs of serious medical concern, including “marked deterioration in cognitive functioning, evidenced by disorganized and tangential speech, rambling digressions, factual confusions, unexplained sudden changes of course in strategic matters, both national and international, episodes of apparent somnolence during critical public proceedings.”
They also observed signs of “severely impaired judgment and impulse control” in his “reckless threats of violence” and “advocacy of lethal force against civilians.”
The medical experts specifically described what they called “seemingly compulsive, manic-like late-night communications,” with as many as 150 social media posts in a single night. Since their initial statement to Congress, the doctors added that Trump “has exhibited more signs of grandiosity, e.g., posting images of himself on social media shaking hands with God, acting like Jesus, and dressing as a Pope.”
Among the specific incidents cited was Trump’s April 7, 2026, post on Truth Social regarding the ongoing conflict with Iran, in which the president wrote, “A whole civilization will die tonight, never to be brought back again.” The letter’s primary signatory, psychiatrist Dr. Henry David Abraham, described “symptoms of concern” including “grandiosity without guardrails, paranoia, impulsivity, vindictiveness, easy misperception of being harmed, moments of omnipotence, and most frightening, uncontrolled rage in a man who controls nuclear weapons without oversight.”
The Nuclear Question at the Heart of the Statement
The doctors’ most consequential argument is not about speech patterns or social media behavior. It is about what happens when those behaviors intersect with the unique powers of the U.S. presidency.
Under current U.S. policy, the president alone can authorize a nuclear strike with no requirement for approval from Congress, Cabinet members, or military advisers. Signatory Henry David Abraham pointed specifically to Trump’s past threats of annihilation against foreign nations as evidence that unchecked nuclear authority in his hands poses a catastrophic global risk.
The group warned that the U.S. has more than 5,000 nuclear warheads ready to launch on Trump’s order, and that no one currently has the authority to stop him.
Dr. Bandy Lee, president of the World Mental Health Coalition and one of the psychiatrists who signed the statement, has argued: “It is now urgent that we all step up to meet the reality of the situation, which transcends politics to concern the very safety and survival of the human species, because of the nuclear arsenals the president has at his sole command, with no formal way to countermand it.”
The United States has no formal, independent system for evaluating whether any sitting president is mentally fit to control nuclear weapons. That gap is one reason the doctors are calling for a constitutional mechanism to be used – one that has, in its most critical form, never been activated in American history.
The medical statement has not been received without controversy, including from within the medical community itself. At its center is a long-standing professional norm known as the Goldwater Rule.
For decades, a professional norm has governed how mental health clinicians belonging to the American Psychiatric Association talk about public figures: don’t diagnose someone you haven’t examined. Known as the Goldwater Rule, it was established in 1973 by the APA after the 1964 presidential campaign. It arose from a published survey of around 12,000 psychiatrists in which over 1,000 questioned presidential candidate Barry Goldwater’s mental fitness for office. Goldwater sued, and the APA responded by formally prohibiting its members from offering clinical diagnoses of public figures they had not personally examined.
The doctors who signed the 2026 statement are aware of this rule and have made a specific argument for why it does not apply here. Dr. Bandy Lee, formerly of Yale University and one of the letter’s primary architects, has argued that overemphasizing the Goldwater Rule “was a fallacy, in my view, that has nothing to do with ethics or actual science, and served only to deprive the public of critical knowledge.” She draws a sharp line between diagnosing a patient and assessing public danger: “Diagnosing, through a personal examination with confidential information, is done for the patient, while detecting signs of danger, based on publicly available data, is done for society.”
An opinion article published in The BMJ, authored by neurologist David Nicholl and physician Trisha Greenhalgh, examines these ethical tensions directly. While heads of state are entitled to medical confidentiality, the authors note, their decisions can have far-reaching consequences. They emphasize that professional standards generally prohibit clinicians from offering diagnoses without direct assessment and caution strongly against attempts to diagnose specific conditions such as neurodegenerative disorders based solely on media reports or publicly available material.
The authors do, however, draw a line between making a clinical diagnosis and expressing broader, clinically informed concern. Nicholl and Greenhalgh point to a precedent from 2016, when senior psychiatrists wrote to then-President Obama raising concerns about Trump’s mental fitness while explicitly stopping short of a formal diagnosis and calling instead for an impartial medical assessment. The BMJ piece endorses that kind of measured engagement as the more appropriate model.
In the formal statement entered into the Congressional Record, the group of medical professionals stopped short of diagnosing Trump. Instead, they documented a pattern of behavior – impulsive decision-making, factual confusion, erratic strategic reversals, and extreme rage – that they argued constitutes a clear and present danger to public safety.
The White House pushed back hard. Spokesperson Davis Ingle stated: “President Trump is the sharpest and most accessible President in American history who is working nonstop to solve problems and deliver on his promises, and he remains in excellent health.” Trump’s April 2025 physical, conducted by White House physician Dr. Sean Barbabella, declared him “fully fit to serve as commander in chief,” a finding the administration has relied on to counter every subsequent round of medical scrutiny.
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