Hay que recurrir a medidas comerciales contundentes
Por/By Jeffrey Gerrish
Durante más de un año, los funcionarios alemanes han obstaculizado una de las iniciativas de reforma más importantes de la administración Trump. Y la paciencia del presidente se ha agotado.
La Casa Blanca ha solicitado reiteradamente a sus países aliados que eliminen los controles de precios que aplican a los medicamentos recetados. Si dichas naciones comenzaran a pagar precios de mercado por los fármacos inventados y fabricados en Estados Unidos, se aliviaría la presión sobre los pacientes, los empleadores y los contribuyentes estadounidenses, quienes actualmente se ven obligados a financiar una parte desproporcionada de la investigación y el desarrollo que beneficia al mundo entero. Además, esto impulsaría a las empresas biotecnológicas de Estados Unidos y fomentaría mayores inversiones en investigación, lo que a su vez generaría nuevos empleos.
Sin embargo, los líderes alemanes se han negado a colaborar. De hecho, el gobierno alemán ha redoblado su apuesta por los controles de precios que mantiene desde hace tiempo, al aprobar una ley que aumenta los descuentos obligatorios que las empresas biotecnológicas deben ofrecer a las aseguradoras alemanas.
Esta escalada no le ha dejado a la administración Trump otra opción que iniciar formalmente una investigación, bajo la Sección 301, sobre las prácticas de fijación de precios de Alemania. Se trata del primer paso de un proceso que permitiría a la Casa Blanca imponer aranceles —jurídicamente sólidos— y otras sanciones comerciales contra Alemania, a menos que Berlín entre en razón y adopte las reformas que desea el presidente Trump.
Pero la administración no debería limitarse a Alemania. Casi todos los principales socios comerciales de Estados Unidos emplean prácticas de fijación de precios igualmente injustas que perjudican a los pacientes y trabajadores estadounidenses.
Japón, por ejemplo, establece precios artificialmente bajos para los nuevos medicamentos y, además, los reduce periódicamente cada uno o dos años.
Canadá carece de protecciones fundamentales para los datos regulatorios, lo que alienta a las empresas canadienses a copiar los fármacos estadounidenses. Asimismo, Canadá fija los precios de los medicamentos muy por debajo de su valor de mercado, lo que limita la capacidad de las compañías para financiar la investigación y el desarrollo (I+D) y hacer llegar a los pacientes medicamentos que salvan vidas.
Durante décadas, tanto las administraciones republicanas como las demócratas se han quejado de este aprovechamiento por parte de otros países, una situación que priva a las empresas estadounidenses de cientos de miles de millones de dólares en ventas anuales.
Estos ingresos adicionales beneficiarían, en gran medida, a las empresas estadounidenses, lo que daría lugar a un auge en la inversión en I+D, generaría miles de nuevos empleos en Estados Unidos y propiciaría el desarrollo de múltiples medicamentos nuevos cada año. Alemania es la mayor economía de Europa. Además, con más de 83 millones de habitantes, constituye uno de los mercados farmacéuticos más grandes —y, por tanto, más influyentes— del mundo. Por consiguiente, resulta lógico que sea el primer objetivo de una investigación bajo la Sección 301.
La administración Trump ya ha demostrado que contar con esta capacidad de presión y utilizarla resulta eficaz. Recientemente, el Reino Unido acordó duplicar su gasto en medicamentos innovadores —en proporción a su PIB— después de que la administración estadounidense amenazara con iniciar una investigación conforme a la Sección 301.
No obstante, en beneficio de los trabajadores y pacientes estadounidenses, esta debe ser solo la primera —y no la última— investigación bajo la Sección 301. Estados Unidos no puede seguir siendo el líder mundial en innovación farmacéutica si tolera que otros países ricos se aprovechen sistemáticamente del esfuerzo ajeno.
El embajador Jeffrey Gerrish ocupó el cargo de Representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos para Asia, Europa, Oriente Medio y Competitividad Industrial entre 2018 y 2020. Este artículo se publicó originalmente en Newsweek.
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To force other countries to the negotiating table, bring out the big trade guns
For over a year, German officials have obstructed one of the Trump administration’s most important reform initiatives. And the president’s patience just ran out.
The White House has repeatedly asked allied countries to roll back their price controls on prescription drugs. If those nations started paying market prices for medicines invented and manufactured in the United States, it would relieve the pressure on American patients, employers, and taxpayers — who are currently forced to fund a disproportionate share of the research and development that benefits the entire world. And it’d boost America’s biotech companies and spur more job-creating research investments.
But German leaders have refused to cooperate. In fact, the German government just doubled down on its long-standing price controls — by passing a law that increases the mandatory rebates that biotech companies must offer German insurers.
That escalation left the Trump administration with no choice but to formally launch a Section 301 investigation into Germany’s pricing practices. It’s the first step in a process that could allow the White House to impose legally airtight tariffs and other trade penalties on Germany — unless Berlin comes to its senses and enacts President Trump’s desired reforms.
But the administration shouldn’t stop with Germany. Nearly every major trading partner engages in similarly unfair pricing practices that harm American patients and workers.
Japan, for instance, sets artificially low prices for new medicines and then repeatedly cuts those prices every year or two.
Canada lacks critical regulatory data protections — emboldening Canadian firms to copy U.S. pharmaceuticals. Canada also sets drug prices far below their market value — restricting companies’ ability to fund R&D and bring life-saving medications to patients.
For decades, Republican and Democratic administrations alike have complained about this foreign freeloading, which deprives American companies of hundreds of billions of dollars in annual sales.
That added revenue would disproportionately accrue to American companies, causing an R&D investment bonanza that creates thousands of new U.S. jobs and leads to the creation of multiple new drugs each year.
Germany is Europe’s largest economy. And with over 83 million people, it’s one of the world’s largest, and thus most influential, pharmaceutical markets. So targeting it for the first Section 301 investigation makes sense.
The Trump administration has already proven that having and using this leverage works. The United Kingdom recently agreed to double its spending on innovative drugs as a share of GDP — after the administration threatened to initiate a Section 301 investigation.
But for the sake of American workers and patients, this must be merely the first, not the last, Section 301 investigation. America cannot remain the world leader in pharmaceutical innovation if it tolerates chronic free-riding by other wealthy countries.
Ambassador Jeffrey Gerrish served as the Deputy U.S. Trade Representative for Asia, Europe, the Middle East, and Industrial Competitiveness from 2018 to 2020. This piece originally ran in Newsweek.