Por/By Teresa Huizar
Los medios de comunicación se obsesionan con crímenes impactantes y de alto perfil, desde asesinatos hasta robos violentos de vehículos. En respuesta, los políticos se centran en prevenir estos eventos trágicos, pero estadísticamente poco frecuentes.
Mientras tanto, delitos mucho más frecuentes y costosos pasan desapercibidos.
Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la epidemia de abuso sexual infantil en Estados Unidos. Un asombroso 10% de los niños estadounidenses sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Menos del 1% de los estadounidenses sufren robos cada año. Una fracción aún menor (0,0075%) son víctimas de homicidio.
El abuso infantil deja cicatrices que duran toda la vida. Los costos para los niños y la sociedad son enormes.
Por eso, los legisladores que desean adoptar medidas duras contra la delincuencia o controlar el gasto público deberían dedicar más recursos a abordar el abuso infantil.
Cada dólar invertido en la prevención del abuso se amortiza con creces. Un año de casos de maltrato infantil en Estados Unidos —incluyendo abuso físico, sexual y psicológico, así como negligencia— cuesta 428 mil millones de dólares a lo largo del tiempo, según los CDC. Nuestros sistemas de salud, bienestar social, educación y justicia penal pagan la factura.
El impacto del abuso infantil no termina cuando la policía rescata al niño. Los sobrevivientes necesitan años de apoyo, que puede incluir atención médica, terapia y más.
Una red de Centros de Defensa de la Infancia en todo el país se encarga de esta labor, atendiendo a cientos de miles de niños cada año. Los CAC coordinan equipos de profesionales médicos, fuerzas del orden, fiscales, trabajadores sociales y defensores de víctimas que guían a los niños y sus familias a través de cada proceso para obtener justicia y sanar.
Estos centros desempeñan un papel vital en el apoyo a las fuerzas del orden y a los fiscales. Los CAC realizan exámenes médicos y entrevistas forenses con los niños, proporcionando evidencia crucial. Los defensores de las víctimas ayudan a elaborar declaraciones de impacto en la víctima, que han demostrado influir en la sentencia del agresor cuando se leen en voz alta en el tribunal. Las fuerzas del orden y los fiscales dependen en gran medida de estas pruebas, ya que procesar el abuso infantil no es algo que se pueda dar por sentado. En un estudio, investigadores examinaron 325 casos de abuso sexual infantil. Más de la mitad de los casos se estancaron en la etapa de investigación y menos de una cuarta parte llegó a juicio.
Lamentablemente, la financiación de las CAC ha sido recortada drásticamente. Durante 40 años, la Ley de Víctimas de Delitos financió los servicios para las víctimas a través de un fondo específico compuesto por multas por delitos de cuello blanco, no por el dinero de los contribuyentes. Sin embargo, en los últimos años, el fondo se ha desplomado, lo que ha resultado en un déficit de 630 millones de dólares en 2024.
Sin una financiación adecuada, las CAC no podrán ayudar a todos los niños que la necesiten, y será más difícil conseguir condenas para los abusadores.
Los legisladores pueden ayudar aprobando la Ley de Estabilización del Fondo para las Víctimas de Delitos. Este proyecto de ley preservaría la financiación al recurrir a otra fuente no contribuyente: las sanciones por reclamaciones falsas contra el gobierno. Esto permitiría a las CAC seguir apoyando a las fuerzas del orden. Muchos funcionarios electos se han comprometido a hacer nuestras ciudades más seguras y a exigir responsabilidades a los delincuentes. Al abordar el abuso infantil, los legisladores pueden cumplir esas promesas.
Teresa Huizar es directora ejecutiva de la Alianza Nacional de la Infancia (NCA), con sede en Washington, D.C., la red nacional de casi 1000 Centros de Defensa de la Infancia que brinda justicia y sanación mediante servicios a niños víctimas de abuso y a sus familias. Este artículo se publicó originalmente en The Detroit News.
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Being Tough on Crime Includes Addressing Child Abuse
News outlets obsess over shocking, high-profile crimes — from murders to violent carjackings. In response, politicians focus on preventing these tragic, but statistically rare, events.
Meanwhile, far more prevalent and costly crimes go unnoticed.
That’s especially true when it comes to America’s epidemic of child sexual abuse. A staggering 10% of American children experience sexual abuse before their 18th birthday. Less than one-tenth of 1% of Americans are robbed each year. An even tinier fraction — 0.0075% — are victims of homicide.
Child abuse inflicts scars that last a lifetime. The costs to the children and society are enormous.
That’s why lawmakers who want to get tough on crime or rein in government spending should devote more resources to addressing child abuse.
Every dollar spent on preventing abuse pays for itself many times over. A year’s worth of U.S. child maltreatment cases — including physical, sexual, and psychological abuse, as well as neglect — costs $428 billion over time, according to the CDC. Our healthcare, welfare, education, and criminal justice systems pay the bill.
The impact of child abuse doesn’t end when police rescue the child. Survivors need years of support, which can include medical care, counseling, and more.
A network of Children’s Advocacy Centers across the country take on this work, serving hundreds of thousands of children each year. CACs coordinate teams of medical professionals, law enforcement, prosecutors, social workers, and victim advocates who guide children and their families through every process to get justice and heal.
These centers play a vital role in supporting law enforcement and prosecutors. CACs conduct medical examinations and forensic interviews with children, providing critical evidence. Victim advocates at assist in crafting victim impact statements, which have been shown to influence a perpetrator’s sentencing when read aloud in court.
Law enforcement and prosecutors rely heavily on this evidence because prosecuting child abuse isn’t a given. In one study, researchers examined 325 cases of child sexual abuse. More than half of cases stalled at the investigation stage and less than a quarter made it to trial.
Unfortunately, CACs have had their financing slashed. For 40 years, the Victims of Crime Act supported victim services through a dedicated fund made up of fines from white-collar crimes — not taxpayer dollars. But in recent years, the fund has plummeted, resulting in a $630 million shortfall in 2024.
Without adequate funding, CACs will not be able to aid every child who needs help, and securing convictions for abusers will be more difficult.
Lawmakers can help by passing the Crime Victims Fund Stabilization Act. The bill would preserve funding by tapping into another non-taxpayer source — penalties from false claims against the government. That would allow CACs to keep supporting law enforcement.
Many elected officials have vowed to make our cities safer and hold criminals accountable. By addressing child abuse, lawmakers can make good on those promises.
Teresa Huizar is CEO of Washington, D.C.-based National Children’s Alliance (NCA), the nation’s network of nearly 1,000 Children’s Advocacy Centers, providing justice and healing through services to child victims of abuse and their families. This piece originally ran in The Detroit News.
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