Se debe restaurar los derechos electorales de los ciudadanos presos

Se debe restaurar los derechos electorales de los ciudadanos presos

La ciudadanía no se anula tras las rejas y tampoco derecho al voto

Por  Mónica García y  Frédérique Desrosiers

Todo ciudadano que reside en Illinois debe tener voz y voto sobre las leyes y políticas que afectan sus vidas. Desafortunadamente esta no es la realidad para aproximadamente 30.000 ciudadanos presos en Illinois a quienes se les ha negado el derecho al voto.

Cada año, miles de ciudadanos son encarcelados en las prisiones de Illinois, así perdiendo su derecho a votar mientras estén condenados y bajo custodia. Ya presos, sin voz ni voto en el proceso electoral, no hay nada que obligue a los oficiales electos a tener en cuenta sus necesidades.

Durante la actual sesión legislativa, los legisladores de Illinois tienen una oportunidad de poner fin a la privación de derechos electorales al aprobar el proyecto de ley SB 828 y así afirmar que todos los ciudadanos de nuestro estado juegan parte importante en nuestra democracia. Si Illinois está comprometido con crear una sociedad justa e inclusiva, debemos acoger a miembros más marginados de nuestra comunidad y restaurar los derechos electorales de los ciudadanos presos. Todos merecemos el derecho de participar plenamente en nuestra democracia y ejercer nuestro derecho a votar. La privación de los derechos electorales tiene un impacto incalculable en la capacidad de los ciudadanos presos de mantenerse conectados con sus familias y comunidades–un impacto que debe ser corregido lo más pronto posible.

Las leyes de privación de derechos por delitos graves fueron promulgadas después de la abolición de la esclavitud y fueron diseñadas explícitamente para privar a los afroamericanos del derecho al voto. Hoy día estas leyes siguen perjudicando a ciudadanos de bajos recursos y aquellos que pertenecen a minorías raciales, incluyendo a los hispanos. Hoy un increíble 55 por ciento de las personas en las prisiones de Illinois son afroamericanos, a pesar de solo conformar el 15 por ciento de residentes de nuestro estado. Uno de cada diez presos en Illinois es hispano. Las comunidades minoritarias son sometidas a una intensa vigilancia policial, condenados de manera desproporcionada y reciben sentencias más severas que los angloamericanos. Es inconcebible que Illinois–la Tierra de Lincoln y la sede del Movimiento por la Libertad de Chicago–siga preservando esta práctica discriminatoria. Los legisladores de Illinois deben entender que imponer una muerte cívica a los ciudadanos presos solo los aleja más de la sociedad y no reconoce las raíces racistas de estas leyes.

Es más, los ciudadanos presos en nuestro estado no pierden sus lazos con la comunidad, su dignidad ni su humanidad al entrar a prisión. Sin embargo, por culpa de estas leyes racistas de privación de derechos electorales, se les niega tener una voz y una oportunidad de abogar por sí mismos, sus familias y sus comunidades a pesar de que siguen siendo sujetos a leyes sobre cuales no tienen influencia. Esta privación de derechos se extiende más allá de las rejas. El ochenta por ciento de las mujeres en las prisiones de Illinois son madres. Ya que las hispanas son más propensas a ser encarceladas, esto afecta desproporcionadamente a las madres de la comunidad latina. Su desempoderamiento deja a miles de niños de nuestro estado sin defensores que luchen por mejores políticas de educación y cuidado infantil y mayor apoyo comunitario.

Privar a los ciudadanos presos de sus derechos electorales no disuade el crimen ni hace más seguras a nuestras comunidades–solo sirve para aislarlos más y dificultar el ya difícil proceso de reintegración. El noventa por ciento de los presos regresan a sus comunidades. Restaurar su derecho al voto mientras están presos les da la oportunidad de mantener fuertes lazos comunitarios a través de la participación política, así facilitando la reintegración y reduciendo la reincidencia. Como hijas de familias inmigrantes, ambas conocemos las consecuencias de vivir en comunidades donde muchos residentes son excluidos del proceso democrático.

El año pasado, este proyecto estuvo a tres votos de ser aprobado por la cámara estatal. En la actual sesión legislativa Illinois tiene otra oportunidad de hacer lo correcto al restaurar los derechos electorales de aproximadamente 30.000 ciudadanos en nuestro estado. Los legisladores no deben desperdiciar esta oportunidad de ampliar el derecho al voto y combatir el racismo en nuestras leyes estatales. Los legisladores deben liderar con su humanidad–tienen el poder y el deber de abogar por todos los residentes de Illinois. Pueden acabar con la práctica inhumana de relegar a los presos a una ciudadanía de segunda clase. La ciudadanía no se anula tras las rejas y tampoco debe anularse el derecho al voto.

                Mónica García, es directora de comunicaciones de Stand Up Americauna comunidad de más de dos millones de estadounidenses luchando por fortalecer nuestra democracia y el derecho al voto. Frédérique  Desrosiers, es organizadora política de la organización Chicago Votes. Ambas son residentes de Illinois e hijas de familias inmigrantes. Actualmente hay una propuesta de ley que fue presentada en la legislatura estatal para restaurar los derechos electorales de los ciudadanos presos en las prisiones de Illinois. Uno de cada 10 presos en Illinois es hispano, esta propuesta tendría un gran impacto para nuestra comunidad y nuestras familias, afirma García en una nota enviada a nuestra editora. 

 

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