Por/By Andrei Iancu
En las últimas dos décadas, las decisiones judiciales han dificultado a los inventores mantener los productos que infringen patentes fuera del mercado. El robo de propiedad intelectual le cuesta a la economía estadounidense hasta 600 mil millones de dólares anuales, lo que ayuda indirectamente a competidores geopolíticos como China, que es el principal infractor de la propiedad intelectual.
Los orígenes del problema se remontan a casi dos décadas. Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, los inventores que demostraban que un competidor había infringido su patente podían obtener órdenes judiciales vinculantes (llamadas mandatos judiciales) que obligaban al infractor a detenerse.
Esta práctica estaba en línea con el texto y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos. El Artículo I, Sección 8, otorga al Congreso el poder de asegurar “por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos”.
Esta ventaja de mercado incorporada es lo que mantiene en marcha el motor de la innovación en primer lugar. Los inventores invierten su tiempo y sus recursos financieros en descubrimientos novedosos porque saben que si su idea triunfa, podrán generar un rendimiento que valga la pena por sus esfuerzos. Las medidas cautelares refuerzan la confianza en este sistema al asegurar a los inventores que sus derechos no sólo serán reconocidos, sino que se harán cumplir.
Sin embargo, en un caso de 2006 llamado eBay Inc. v. MercExchange LLC, la Corte Suprema abandonó este precedente de larga data y decidió que los inventores ya no tenían derecho presuntivo a medidas cautelares en casos de robo de patentes.
Esta decisión ha hecho prácticamente imposible que los pequeños inventores obtengan la justicia que merecen. Si bien un cheque de un infractor es mejor que nada, lo que los inventores desean más que nada es una oportunidad de producir y vender sus propias innovaciones libres de la competencia desleal de los imitadores.
La ausencia de medidas cautelares ha permitido que los infractores de patentes, que a menudo fabrican sus productos en el extranjero, sigan inundando los mercados estadounidenses con productos infractores.
Afortunadamente, una agencia gubernamental poco conocida, conocida como la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, está interviniendo allí donde los tribunales no han logrado hacer lo suficiente. En los últimos años, la ITC ha emitido órdenes de exclusión que mantienen a los productos fabricados en el extranjero, pero basados en tecnologías robadas desarrolladas en Estados Unidos, fuera de los mercados estadounidenses.
Lamentablemente, a pesar del papel crucial que desempeña la ITC en el apoyo a los innovadores, consumidores y empleos estadounidenses, algunos funcionarios están sugiriendo que la agencia puede haber excedido su mandato.
No es cierto. En ausencia de medidas cautelares, la ITC es a menudo el único recurso que tienen los inventores para proteger sus ideas y el mercado estadounidense.
Sin embargo, por importante que sea la ITC, no es una panacea. En casos de infracción de patentes, la agencia sólo puede bloquear el ingreso a Estados Unidos de bienes fabricados en el extranjero, lo que significa que los productos infractores fabricados en suelo estadounidense quedan fuera de su alcance. Pero el robo de propiedad intelectual a nivel nacional también es un problema importante.
Por eso es fundamental que el Congreso remedie por completo el error del tribunal en eBay restableciendo la medida cautelar como respuesta predeterminada a la infracción de patentes. Afortunadamente, la Ley RESTORE de Derechos de Patente haría precisamente eso. La legislación anularía efectivamente la decisión de la Corte Suprema en eBay, de modo que las medidas cautelares se puedan presumir nuevamente en los casos en que un tribunal determine que se ha producido una infracción.
Proteger (e incluso fortalecer) la ITC y aprobar la Ley RESTORE de Derechos de Patente ayudaría a garantizar que los inventores obtengan la justicia que merecen.
Andrei Iancu se desempeñó como subsecretario de Comercio para la propiedad intelectual y director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de 2018 a 2021. Es cofundador y copresidente del Consejo para la Promoción de la Innovación.
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Bill Is Key To Protecting US Economy From Patent Piracy
Over the last two decades, judicial decisions have made it harder for inventors to keep patent-infringing goods off the market. Intellectual property theft costs the U.S. economy as much as $600 billion annually, indirectly aiding geopolitical competitors like China, which is the primary IP infringer.
The origins of the problem go back almost two decades. For most of U.S. history, inventors who proved that a competitor had infringed their patent could obtain binding court orders — called injunctions — which compelled the infringer to stop.
This practice was in line with the text and spirit of the U.S. Constitution. Article I, Section 8, grants Congress the power to secure “for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”
This built-in market advantage is what keeps the engine of innovation running in the first place. Inventors sink their time and financial resources into novel discoveries because they know that if their idea succeeds, they will be able to generate a worthwhile return for their efforts. Injunctions bolster confidence in this system by assuring inventors that their rights will be not just recognized, but enforced.
Yet in a 2006 case called eBay Inc. v. MercExchange LLC, the Supreme Court abandoned this long-standing precedent and decided that inventors were no longer presumptively entitled to injunctions in cases of patent theft.
This decision has made it practically impossible for small inventors to get the justice they deserve. While a check from an infringer is better than nothing, what inventors want most of all is a chance to produce and sell their own innovations free of unfair competition from copycats.
The absence of injunctive relief has allowed patent infringers — who often manufacture their products overseas — to continue dumping infringing products onto U.S. markets.
Fortunately, a little-known government agency known as the U.S. International Trade Commission is stepping in where courts have fallen short. In recent years, the ITC has issued exclusion orders that keep products made overseas — but based on stolen U.S.-developed technologies — off of U.S. markets.
Sadly, despite the ITC’s crucial role in supporting U.S. innovators, consumers and jobs, some officials are suggesting that the agency may have overstepped its mandate.
Not true. In the absence of injunctive relief, the ITC is often the only recourse inventors have to protect their ideas and the U.S. market.
Still, as important as the ITC is, it isn’t a cure-all. In cases of patent infringement, the agency can only block foreign-manufactured goods from entering the U.S., meaning infringing products made on U.S. soil are beyond its scope. But domestic IP theft is a major problem, too.
That’s why it’s critical for Congress to fully remedy the court’s mistake in eBay by restoring injunctive relief as the default response to patent infringement. Thankfully, the RESTORE Patent Rights Act would do just that. The legislation would effectively overrule the Supreme Court’s decision in eBay so that injunctions can once again be presumed in cases where a court finds infringement.
Protecting — and even strengthening — the ITC and passing the RESTORE Patent Rights Act would help ensure inventors get the justice they deserve.
Andrei Iancu served as the undersecretary of commerce for intellectual property and director of the U.S. Patent and Trademark Office from 2018 to 2021. He is co-founder and co-chairman of the Council for Innovation Promotion.
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