Opinión: ¿El próximo presidente republicano podría llevarnos a la guerra con México?

Opinión: ¿El próximo presidente republicano podría llevarnos a la guerra con México?

Greg Grandin

EL ATAQUE A LOS LABORATORIOS DE FENTANILO PODRÍA DESESTABILIZAR AÚN MÁS EL NORTE DE MÉXICO Y LA FRONTERA, LO CUAL AGRAVARÍA LA CRISIS DE REFUGIADOS MIGRANTES.

Se dice que, durante su presidencia, Donald Trump sopesó la idea de disparar “misiles a México para destruir los laboratorios de droga”. Cuando su secretario de Defensa, Mark Esper, planteó varias objeciones, recuerda que Trump respondió que el bombardeo podría hacerse “con discreción”: “Nadie sabría que fuimos nosotros”.

Se corrió la voz y la idea cobró impulso. Ahora, muchos republicanos declarados rebeldes, como los representantes Mike Waltz y Marjorie Taylor Greene, junto con varios viejos caballos de batalla del Partido Republicano, como el senador Lindsey Graham, quieren bombardear México. El gobernador de Florida Ron DeSantis dijo que enviaría fuerzas especiales a México el “día 1” de su presidencia, cuyo objetivo serían los cárteles del narcotráfico y los laboratorios de fentanilo. En mayo, el representante Michael McCaul, otro republicano, presentó un proyecto de leyl para ejercer presión a fin de que el fentanilo se incluyera en la lista de armas químicas, como el gas sarín, de la Convención sobre Armas Químicas. Esta medida iba dirigida contra los cárteles mexicanos y las empresas chinas, a las que se acusa de suministrar los ingredientes a los cárteles para que fabriquen fentanilo.
Por supuesto, Estados Unidos ya libra desde hace medio siglo una guerra contra las drogas altamente militarizada (en los Andes, Centroamérica y, sí, en México); una guerra tan ineficaz como cruel. Atacar los laboratorios de fentanilo no hará nada para frenar las versiones de contrabando de la droga que llegan a Estados Unidos, pero podría desestabilizar aún más el norte de México y la frontera, lo cual empeoraría la crisis de refugiados migrantes.

La adicción al fentanilo, una droga que es 50 veces más potente que la heroína, afecta a los estados republicanos y demócratas por igual, desde Virginia Occidental hasta Maine, y las sobredosis matan cada año a decenas de miles de estadounidenses. Es una crisis bipartidista. Sin embargo, en nuestra guerra cultural demente, existe la creencia de que el fentanilo tiene como objetivo a la base republicana. J.D. Vance saltó a la fama nacional en 2016 con un libro que culpaba a las patologías culturales de los pobres blancos en las zonas rurales de sus crisis de salud, incluida la adicción a las drogas. En 2022, durante su exitosa carrera por el escaño de Ohio en el Senado, Vance, en una entrevista con un teórico de la conspiración de derecha, dijo que “si quisieras matar a un montón de electores que votaron por Trump en el Medio Oeste de Estados Unidos, ¿qué mejor que ir contra ellos y sus hijos con este fentanilo mortal?”. Los números de las encuestas de Vance se dispararon después de eso, y otros republicanos en reñidas elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado retomaron el tema, vincularon las muertes por fentanilo a las políticas demócratas sobre seguridad fronteriza y delincuencia y pidieron acciones militares contra México.

De hecho, el gobierno mexicano ahora trabaja con Estados Unidos para limitar la exportación de la droga y hace poco promulgó una ley que limita la importación de los productos químicos necesarios para su producción y refuerza el procesamiento de los productores de fentanilo. E incluso se dice que algunos de los cárteles difundieron el mensaje a sus soldados rasos de que dejaran de producir la droga o se atuvieran a las consecuencias. Aun así, en un alarde de exceso trumpiano, México es considerado la raíz de todos nuestros problemas. Bombardear Sinaloa en 2024 equivale a lo que era construir un muro fronterizo en 2016: teatro político.

Estados Unidos no es ningún novato a la hora de bombardear México. Se dice que el general Zachary Taylor ordenó “un poco más de uva” o munición mientras sus hombres disparaban sus cañones contra los soldados mexicanos. Eso ocurrió durante la guerra de 1846-1848 de Estados Unidos contra México, en la que también se produjo el asalto a Veracruz, que causó centenares de muertos. Washington se apoderó de más de la mitad del territorio mexicano durante aquel conflicto.

Los reaccionarios se han obsesionado con la frontera durante más de un siglo, desde antes de la guerra de Secesión de Estados Unidos, cuando México dio asilo a los esclavos fugitivos. A lo largo de los años, los periódicos y los políticos han exigido con regularidad que se castigue a México por un sinfín de pecados, desde no proteger los derechos de propiedad hasta proporcionar refugio a esclavos fugitivos, asaltantes indígenas, cuatreros, contrabandistas, drogadictos, radicales políticos, evasores del servicio militar obligatorio y agentes japoneses y alemanes. México tenía “sed de mal”, como tituló Orson Welles su película de 1958 ambientada en la frontera.

Mucho antes de la Revolución rusa, la hostilidad hacia la Revolución mexicana, iniciada en 1910, dio lugar a un nuevo conservadurismo ideológico más militante. Los petroleros estadounidenses que invertían en México culparon a los judíos de financiar la revolución y recaudaron dinero de los católicos estadounidenses para financiar a los contrarrevolucionarios, algunos de los cuales eran fascistas. De 1910 a 1920, grupos de justicieros privados como el Ku Klux Klan, los departamentos de policía locales y los Rangers (vigilantes) de Texas ejercieron el terror en los estados fronterizos y mataron a varios miles de mexicanos, algunos de los cuales intentaban organizar un sindicato o votar.

El racismo contra los mexicanos generado por el trumpismo se deriva de esta historia. Todavía está por verse si los llamados a bombardear los laboratorios mexicanos de fentanilo tendrán éxito en el próximo ciclo electoral. Sin embargo, la retórica en sí es una peligrosa escalada de una vieja idea: que la producción, el tráfico y el consumo internacional de narcóticos pueden disuadirse por medios militares.

Quienes hoy reniegan de los republicanos dicen que representan una ruptura con el consenso bipartidista “globalista” que gobernó el país durante la Guerra Fría y las décadas siguientes. Pero, aparte de cierta oposición a la asistencia militar para Ucrania, en general, los republicanos se alinean cuando se trata del uso de la fuerza militar en el extranjero. Pocos disidentes republicanos se atreven a cuestionar el consenso de la clase dirigente sobre la actual asistencia militar a Israel, en particular ante su actual asedio a Gaza. En este sentido, los llamados a bombardear México son una distracción, una cortina de humo para ocultar el hecho de que el Partido Republicano no ofrece nada nuevo. Desde luego que los republicanos no son el partido de la paz, como algunos de los partidarios aislacionistas de Trump nos quieren hacer creer. Lo único que ofrecen es un partido de guerra más estridente.

Ni siquiera bombardear otro país en nombre de la lucha contra las drogas es algo innovador. En 1989, George H.W. Bush utilizó al Ejército estadounidense para actuar en respuesta a la acusación federal de narcotráfico contra Manuel Noriega, gobernante de Panamá. En la Operación Causa Justa, Estados Unidos lanzó cientos de bombas sobre Ciudad de Panamá, incluido uno de sus barrios más pobres, El Chorrillo, que incendiaron viviendas y mataron a un número desconocido de sus residentes.

A pesar de proclamar que representan una ruptura con el pasado, en realidad, lo único que piden los republicanos que están a favor de los bombardeos es que se amplíen las políticas ya aplicadas. Los republicanos han presentado leyes en la Cámara de Representantes y en el Senado que, en la práctica, vincularían la guerra contra las drogas a la guerra contra el terrorismo y otorgarían al presidente autoridad para atacar en lo más profundo de México. Graham también dice que quiere “un Plan México más letal que el Plan Colombia”.

Los llamados a que se aplique en México algo más letal que el Plan Colombia deberían helarnos el alma. El Plan Colombia, que inició Bill Clinton en 1999, así como sus estrategias posteriores, canalizaron casi 12.000 millones de dólares a Colombia, en su mayoría para las fuerzas de seguridad encargadas de eliminar la producción de cocaína desde sus orígenes. Esta campaña, en efecto, incluía el bombardeo aéreo de laboratorios de cocaína.

El conflicto en Colombia es un fenómeno que se remonta a mucho tiempo atrás, pero el Plan Colombia contribuyó a desencadenar una ola de terror que mató a decenas de miles de civiles y expulsó a millones de personas de sus hogares. El Ejército colombiano asesinó a miles de civiles y declaró de manera falsa que se trataba de guerrilleros, lo cual se conoció como “falsos positivos”: el ataque de civiles para aumentar el número de víctimas y mantener el flujo de fondos. Hubo una masacre tras otra, a menudo cometidas por el Ejército colombiano en colaboración con los paramilitares. A fines del año pasado, Colombia era el cuarto país con más desplazados internos a causa del conflicto y la violencia, solo después de Siria, Ucrania y la República Democrática del Congo.

¿Para qué? En 2022, se sembraron más hectáreas de coca que en 1999, un año antes del comienzo del Plan Colombia. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo.

El Plan Colombia sí debilitó a los productores de droga colombianos e interrumpió las rutas de transporte. Pero también incentivó a las bandas y cárteles centroamericanos y mexicanos a entrar en el juego. La violencia relacionada con el narcotráfico, que se había limitado en gran medida a los Andes, estalló en México a través del istmo centroamericano.

Luego, en 2006, con apoyo del gobierno de Bush, el nuevo presidente de México, Felipe Calderón, hizo lo que los aspirantes a bombarderos republicanos de hoy quieren que México haga: declararle la guerra a los cárteles. Una vez más, el resultado fue catastrófico. Los cálculos varían, pero para fines del sexenio de Calderón, habían muerto cerca de 60.000 mexicanos en actos de violencia relacionados con la guerra contra las drogas. En 2011, se estimó que 230.000 personas habían sido desplazadas, y cerca de la mitad de ellas habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Decenas de miles de mexicanos, incluidos activistas sociales, fueron desaparecidos o habían desaparecido. Mientras tanto, los cárteles se hicieron más rentables y poderosos.

Tras este fracaso, el actual gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, redujo la escala del conflicto al centrarse más en la vigilancia y el procesamiento. Otros líderes latinoamericanos, de todo el espectro político, quieren abandonar por completo la guerra contra las drogas, empezar a avanzar en materia de despenalización y tratar el abuso de drogas como un problema social.

Por ahora, los llamados a bombardear México no son más que fanfarronadas para las elecciones primarias. Pero si un republicano llegara a la Casa Blanca en 2024, se vería presionado a cumplir la promesa de lanzar ataques militares contra México. Esas medidas no solo están destinadas al fracaso, sino que incluso podrían empeorar las cosas. Los laboratorios de fentanilo no son operaciones complicadas: con un par de bidones de plástico y una prensa de pastillas, un cocinero con traje de protección puede producir miles de dosis en un día. Intentar eliminarlos con drones y misiles sería tan eficaz como bombardear bodegas en el Bronx. Ataca un laboratorio y aparecerán cinco más, quizá en zonas más pobladas.

Militarizar más la guerra contra el narco en México conllevaría más corrupción, más muertes y más refugiados desesperados por cruzar la frontera. Y si los republicanos se salieran con la suya y los cárteles mexicanos fueran clasificados como organizaciones terroristas, los desplazados tendrían más posibilidades de solicitar asilo, ya que estarían huyendo de una región declarada oficialmente zona de guerra.

Cada vez que la guerra contra el narcotráfico escala, sus horrores se acercan más a Estados Unidos. Ahora, el belicismo amenaza con destruir el frágil movimiento entre los responsables de las políticas estadounidenses hacia un enfoque más humano del consumo de drogas, según el cual la posesión y el consumo de drogas no deberían acarrear penas de prisión draconianas y la adicción debería tratarse como una enfermedad, arraigada en la desigualdad de clases. Los llamamientos republicanos a actuar con dureza contra las drogas por debajo de la frontera no pueden sino rebotar por encima de ella, conduciendo de nuevo a una política pública insensible que trata a los adictos como enemigos. Como Martin Luther King Jr. dijo una vez sobre otra guerra, las bombas que lanzamos allí explotan aquí.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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