Operación Padrino: lo que AMLO no quiere confesar a los mexicanos sobre el caso Cienfuegos

Operación Padrino: lo que AMLO no quiere confesar a los mexicanos sobre el caso Cienfuegos

Enrique Pérez Quintana

La Operación Padrino, realizada por la DEA, que sirvió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para acusar al general Salvador Cienfuegos Zepeda de los delitos de conspiración para manufacturar, exportar y distribuir drogas y por lavado de dinero, de la venta de estupefacientes, se dio por terminada en ese país. El procurador William Barr y el fiscal Alejandro Gertz Manero anunciaron el retiro de los cargos, con el propósito de que sea investigado en México por la Fiscalía General de la República.

El pasado 15 de octubre fue detenido el general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de los Ángeles, California y posteriormente trasladado a Nueva York, para ser juzgado. Le negaron la fianza por 750 mil dólares que ofreció y en su audiencia preliminar se declaró no culpable.

Según el expediente de la DEA, su investigación se basó en indagaciones realizadas a partir de intervenciones telefónicas, acusaciones de “oídas” y la presunta posesión de un teléfono móvil para mantener contacto con un grupo delictivo.

La primera reacción del presidente López Obrador, enterado de la detención del general, fue señalar que constituía la evidencia de lo corrupto que había sido el gobierno del expresidente Peña Nieto, por lo que se iniciaría un proceso de depuración en el Ejército, con lo que no estuvo de acuerdo esta institución que salió en defensa de Cienfuegos.

Horas después, el presidente López Obrador cambió su discurso, dejó de responsabilizar al pasado y manifestó su indignación por no haber sido informado de la investigación que el gobierno de Estados Unidos realizaba sobre Cienfuegos, y expresó que México revisaría los términos de cooperación con las agencias de seguridad de ese país.

Un mes después el Departamento de Justicia se desiste y argumenta ante la jueza Carol Bagley Amon: “Estados Unidos ha determinado que consideraciones importantes y sensibles de política exterior pesan más que el interés del gobierno en continuar el juicio del defendido”.

En conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard señaló que el desistimiento en contra del general Salvador Cienfuegos, “no es un episodio de impunidad, por el contrario, representa un acto de respeto a México y a sus fuerzas armadas, porque se le someterá a proceso en nuestro país con apego a las leyes mexicanas.”

La explicación que el Departamento de Justicia ofreció a la Jueza Bagley Amond es una razón de Estado, con la que se priorizan los intereses de Estados Unidos, relacionados con su Seguridad Nacional, y se ponen por encima de la investigación sobre los presuntos ilícitos cometidos por el general Cienfuegos.

La Seguridad Nacional de Estados Unidos está relacionada con la Seguridad Nacional de México y, en materia de combate al tráfico de drogas, con la cooperación de inteligencia y operativa que sus agencias, como la DEA, reciben del Ejército Mexicano.

La DEA opera en México desde hace más de tres décadas y la detención de general Cienfuegos pone en riesgo sus operaciones antinarcóticos con el Ejército, así como la operación de los 54 agentes que tiene desplegados en el país, por lo que revisar su estancia, podría ser negativo para sus intereses.

Según The Washington Post, el cambio del Departamento de Justicia se explica a partir de las “amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional” y que la DEA sea excluida de México. (El Universal, 18 de noviembre de 2020)

El intercambio de información para combatir a la delincuencia organizada que opera en México y Estados Unidos es importante para ambos países, la detención del general Cienfuegos la puso en riesgo cuando la DEA no enteró de su investigación al gobierno mexicano y al sembrar la sospecha sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas, con lo que se puso en peligro la seguridad nacional de México, por la estrecha relación que tienen con el presidente López Obrador.

Es un hecho que los integrantes del Ejercito lo son de por vida. A su interior se desarrollan estrechos lazos de fraternidad, lealtad y complicidad institucional, de la que depende la seguridad del Estado, iniciando con el Presidente de la República, al que rodea y protege, a pesar de haber desaparecido al Estado Mayor Presidencial.

El Ejército es el sustento de López Obrador y sin su apoyo, su gobierno se desequilibraría lo mismo que la seguridad nacional y Estados Unidos, tendría un problema en su “patio trasero”.

La hermandad del Ejercito se expresó al demandar la intervención del presidente López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos, para liberar a uno de los suyos. Su actitud equivale al recordatorio de que ellos obedecen al Jefe Supremo, pero le exigen lealtad.

 

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