Por Olivia Gauvin
En medio de otro año de alarmantes declives democráticos en todo el mundo, Hungría parece haber desafiado las probabilidades. A pesar de ser el símbolo de la amenaza populista de extrema derecha para las democracias europeas, las recientes elecciones derrocaron al partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán tras 16 años en el poder, revirtiendo así uno de los mayores retrocesos democráticos en la Unión Europea. Sin embargo, la derrota de Orbán no garantiza necesariamente el resurgimiento democrático para sus amigos y aliados internacionales, incluido el presidente Donald Trump. Hoy, tras esta celebración en Hungría, se cierne la sombra del abuso de poder ejecutivo de Trump en Estados Unidos, donde la amistad y el legado autocrático de Orbán ofrecen un ejemplo del marcado retroceso democrático estadounidense.
Según el Informe sobre la Democracia publicado recientemente por el Instituto V-Dem, Estados Unidos ya no se considera una democracia liberal. El Instituto V-Dem, una organización de investigación independiente que mide el crecimiento y el retroceso democrático en 202 países, ahora califica a Estados Unidos simplemente como una “democracia electoral”. El informe detalla que la democracia estadounidense ha “retrocedido al mismo nivel que en 1965”, marcada principalmente por el abuso de poder del ejecutivo. A modo de comparación, este único año de erosión democrática bajo la administración Trump “le tomó a Viktor Orbán de Hungría más de cuatro años” y a “Aleksandar Vučić de Serbia ocho años”. Para muchos estadounidenses, las instituciones democráticas de 1965 se lograron mediante un activismo por los derechos civiles arduo, constante y específico. Según V-Dem, tales logros prácticamente han desaparecido en Estados Unidos hoy en día.
Estos hallazgos no sorprenden a muchos, o al menos no deberían. El informe de V-Dem surge tras uno de los periodos más prolongados de recorte de fondos federales en el Departamento de Seguridad Nacional, mientras Estados Unidos e Israel continúan librando una guerra mortal y costosa en Irán, y el presidente se esfuerza por desviar la atención de los archivos del FBI publicados que lo acusan de abusar sexualmente de menores víctimas de trata durante décadas. Y si bien las elecciones libres, justas y recurrentes con sufragio universal aún existen en teoría, el abuso de poder ejecutivo del presidente Trump ha puesto en entredicho la “prueba de ciudadanía para el registro, la revisión federal de las máquinas de votación electrónica y la restricción del voto por correo”, todo ello sin la aprobación del Congreso.
Estas acciones han provocado una grave erosión democrática a nivel federal y estatal. De hecho, el 3 de marzo, apenas dos semanas antes de que V-Dem publicara su informe, cientos de votantes en Texas no pudieron votar cuando el estado cambió la ubicación de las primarias por distrito electoral y cerró algunos centros de votación antes de tiempo. Además, la supervisión del Congreso se ha visto repetidamente limitada, ya que el presidente declaró la guerra a Irán y ordenó una operación militar para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en ambos casos sin la aprobación previa del Congreso. Casos alarmantes de violencia contra civiles también han captado la atención nacional. Tan solo en enero de 2026, ocho personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país. Ese mismo mes, en Minneapolis, dos ciudadanos estadounidenses no violentos fueron asesinados a tiros públicamente por agentes del ICE a plena luz del día. Y todo esto ocurrió apenas en los primeros tres meses de 2026. Es difícil acallar todas las alarmas que están sonando actualmente. Mientras a las personas transgénero en Kansas se les revocan las licencias de conducir, las familias se separan durante las redadas del ICE y las pacientes en Texas son arrestadas por someterse a abortos de emergencia, es evidente que las administraciones federales y estatales están provocando todo esto para debilitar a los estadounidenses. Además, es necesario reconocer que dicha represión es estratégica y selectiva. Durante años, el presidente Trump y sus aliados autocráticos han promocionado públicamente su Proyecto 2025, la hoja de ruta política publicada por la Fundación Heritage que incluye reformas radicales a la cultura e instituciones políticas estadounidenses.
En esencia, el Proyecto 2025 busca reformar el poder ejecutivo, desmantelando la supervisión y la autoridad legítimas entre los poderes para consolidar el poder bajo el presidente. Arraigado en el conservadurismo cristiano de extrema derecha y elaborado por al menos 140 colaboradores actuales y antiguos de Trump, el Proyecto 2025 no es una ideología abstracta, sino una guía activa para lograr la toma de poder autoritaria de Trump. Si la Ley SAVE, respaldada por Trump y aprobada en el Congreso, o la audiencia de la Corte Suprema sobre el caso de Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, nos enseñan algo, es que los poderes legislativo y judicial corren el riesgo de ser completamente cooptados. Y para cualquiera que haya seguido de cerca los excesos ejecutivos del presidente, este riesgo puede parecer una realidad, ya que el Proyecto 2025 ya ha avanzado más del 40% en su implementación total.
La solución al rápido declive democrático de Estados Unidos no puede ser simplemente que, ante esta situación de deterioro, la democracia estadounidense logre salir de ella únicamente a través del voto. Las elecciones en Estados Unidos se enfrentan a crisis caracterizadas por una baja participación electoral y una competencia débil. El *Cook Political Report* compartió recientemente con la NPR que «más del 90 % de las contiendas legislativas se decidirán, en gran medida, durante las elecciones primarias» de 2026. El *Brennan Center for Justice* informa que, desde la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. en 2010 de revocar las restricciones sobre la financiación de campañas, el poder político y la riqueza privada se han fusionado cada vez más en los procesos electorales estadounidenses. El Centro constató que «los donantes que aportaron al menos 5 millones de dólares a los *super PACs*» durante la contienda presidencial de 2024 «gastaron más del doble de lo que gastaron en 2020». Sumado a las prácticas selectivas de manipulación de distritos electorales (*gerrymandering*) y a la segregación geográfica por afiliación partidista, tanto la competencia electoral como el terreno de juego político se ven gravemente debilitados.
Combatir esta intrusión autoritaria debe ir, tal como reconoce el instituto V-Dem, más allá de las urnas. Junto con una acción social vigorosa, responder a estas peligrosas amenazas —que acechan a todas las facetas de nuestra democracia— exige urgencia y sólidas salvaguardas institucionales. Este es el momento crucial para unir fuerzas con organizaciones defensoras de la democracia global —tales como *Democracy Without Borders USA* y *Citizens for Global Solutions*—, o incluso con actores de su propia comunidad local, a fin de abordar de manera proactiva las debilidades institucionales existentes. Limitarse a defender el sistema democrático tal como existe hoy en día no nos protegerá de dicha intrusión; simplemente la postergará.
Olivia Gauvin es graduada del programa MPhil de la Escuela de Estudios Globales y Regionales de la Universidad de Oxford y, actualmente, ejerce como vicepresidenta de *Democracy Without Borders USA*.
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Our disappearing democracy
By Olivia Gauvin
Amidst yet another year of startling declines for democracies everywhere, Hungary has seemingly defied the odds. Despite being the poster boy of the far-right populist threat to European democracies, recent elections ousted Prime Minister Viktor Orbán’s Fidesz party from 16 years of power, effectively shifting the tide on one of the starkest democratic erosions in the European Union. And yet, Orbán’s defeat does not necessarily guarantee democratic revival for his international friends and cronies, including President Donald Trump. Today, behind this celebration in Hungary lives the looming shadow of Trump’s executive overreach in the United States, with Orban’s friendship and autocratic legacy offering a roadmap to America’s sharp democratic regression.
According to the V-Dem Institute’s recently published Democracy Report, the United States is no longer considered a liberal democracy. The V-Dem Institute, an independent research organization that measures democratic growth and regression across 202 countries, now labels the U.S. as merely an ”electoral democracy.” The report details that American democracy has “fallen back to the same level as in 1965,” primarily marked by executive branch overreach. For comparison, this single year of democratic erosion under the Trump administration “took Hungary’s Viktor Orbán over four years” and “Serbia’s Aleksandar Vučić eight years.” For many Americans, the democratic institutions in 1965 were gained through grueling, consistent, and targeted civil rights activism. Such gains, according to V-Dem, have practically disappeared in America today.
These findings do not come as a surprise to many — at least they shouldn’t. V-Dem’s report emerges in the aftermath of one of the longest federal funding lapses in the Department of Homeland Security, as the United States and Israel continue to wage a deadly and costly war in Iran, while the President clamors to distract from the released FBI files that accuse him of sexually abusing trafficked minors for decades. And while free, fair, and recurring elections with universal suffrage still exist on paper, President Trump’s executive overreach has targeted “proof of citizenship for registration, federal reviewing of electronic voting machines, and restricted mail-in voting,” all without Congressional approval.
These actions have triggered dire democratic erosion on federal and state levels. In fact, on March 3rd, just two weeks before V-Dem even published its report, hundreds of voters in Texas were left unable to vote when the state changed precinct-based primary election locations and closed certain polling locations early. Furthermore, congressional oversight has been repeatedly curtailed, as the President declared war on Iran and ordered a military operation to abduct Venezuela’s President, Nicolas Maduro — both times without prior Congressional approval. Alarming cases of violence against civilians have also gained national attention. In January 2026 alone, eight people died while in Immigration and Customs Enforcement (ICE) custody nationwide. That same month in Minneapolis, two nonviolent U.S. citizens were publicly shot and killed by ICE agents in broad daylight. And all of this is only in the first three months of 2026.
It is difficult to defuse all the alarms currently blaring. As trans people in Kansas have their driver’s licenses revoked, and families are ripped apart during ICE raids, and postpartum patients in Texas are arrested for undergoing emergency abortion procedures, it’s clear that federal and state administrations are setting all these fires to weaken Americans. Moreover, it is necessary to recognize that such repression is strategic and targeted. For years, President Trump and autocratic affiliates have publicly touted their Project 2025, the political roadmap published by the Heritage Foundation that includes sweeping reforms to America’s political culture and institutions.
In its essence, Project 2025 seeks to overhaul the executive branch while dismantling legitimate oversight and authority between branches to consolidate power under the President. Rooted in far-right Christian conservatism and crafted by at least 140 current and former Trump staffers, Project 2025 is not an abstract ideology, but an active guide in accomplishing Trump’s authoritarian grab. If the Trump-backed SAVE Act in Congress or the Supreme Court hearing Trump’s case to end birthright citizenship tells us anything, it’s that the legislative and judicial branches risk becoming fully co-opted. And for anyone who has kept a watchful eye on the President’s executive overreach, this risk may seem a reality, as Project 2025 is already over 40 percent of the way to full implementation.
The solution to America’s rapid democratic decline cannot simply be that, in this deteriorating situation, America’s democracy will vote its way out of it. American elections are facing crises of low voter turnout and weak competition. The Cook Political Report recently shared with NPR that “more than 90% of congressional races will pretty much be decided during primary elections” in 2026. The Brennan Center for Justice reports that since the U.S. Supreme Court’s 2010 decision to reverse campaign finance restrictions, political power and private wealth have increasingly fused together in U.S. elections. The Center found that “donors who gave at least $5 million to super PACs” in the 2024 presidential race “spent more than twice as much as they did in 2020.” Combined with targeted gerrymandering practices and geographic partisan sorting, both electoral competition and the political playing field are severely weakened.
Combatting such authoritarian encroachment must go, as V-Dem recognizes, beyond the ballot box. Alongside robust societal action, responding to these dangerous threats to all facets of our democracy requires urgency and strong institutional safeguards. Now is the critical moment to join together with organizational supporters of global democracy, such as Democracy Without Borders USA and Citizens for Global Solutions, or even those in your local community, to proactively address institutional weaknesses. Simply upholding the democratic system as it exists today will not protect us from such encroachment; it will merely delay it.
Olivia Gauvin is an MPhil graduate from the University of Oxford’s School of Global and Area Studies and currently serves as Vice Chair for Democracy Without Borders USA.
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