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Aunque el paquete incluye puentes, autopistas y obras; prevención al cambio climático; creación masiva de empleos y estímulos para competir con la economía china, la ley de infraestructura que está por ser aprobada en el Congreso tiene una connotación mayor y más relevante: el regreso triunfal de la política como actividad que rige el poder en Washington
Más allá del dinero que saldrá a la calle, el nuevo plan de infraestructura a punto de ser aprobado en la cámara del Senado por ambos partidos, representa no un triunfo de los demócratas o del gobierno de Biden, sino un regreso a la política tradicional estadounidense, que había estado en hiato por mucho tiempo.
Han sido muchos meses los que han pasado antes que una ley de esta envergadura no era elaborada por ambas bancadas. Es un proyecto de 2700 páginas, largamente negociado, que pondrá una enorme lista de invesrsiones en las entrañas del aparato productivo, pero que representa, además de un oxígeno económico muy necesario para los tiempos que vienen (que la economía rebote desde sus bases, y no solo en numerología macrofinanciera), el regreso de los partidos a la discusión de los asuntos nacionales, conservando sus puntos de vista pero priorizando los intereses del país, concediendo y pidiendo puntos de negociación con su adversario, sin la pretensión de aniquilarlo ni de negar un acuerdo con el basto propósito de polarizar.
El paquete utilizará un total de un trillón de dólares y generará 2 millones de empleos por año en la próxima década.
La infraestructura estadounidense, que fue uno de los más sonados temas de campaña de Donald Trump en 2016, es uno de los sectores con menos inversión desde hace años. El plan supone la contemplación de necesidades respecto al cambio climático y una jugada estratégica para responder a las iniciativas competitivas chinas. Pero, sobre todo, significa el reinicio del juego político, en el que ambos partidos se sienten necesarios y corresponsables de la conducción de país, se adversan sin necesidad de exterminarse, y se chequean y contra chequean mutuamente, así como con el resto de los poderes, en una eterna negociación que beneficia a las instituciones.
Paciencia y resultados
A pesar de haber tenido votos suficientes para aprobar la propuesta original, tanto Biden como la bancada demócrata, con el señuelo republicano, prefirieron sentarse a negociar para obtener una ley conjunta, elaborada por la vía bitartidista.
La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (que es su nombre formal), negociada en el Senado y en la Casa Blanca, estipula nuevas inversiones de gran envergadura,entre las que se encuentran $110,000 millones para carreteras y puentes, $39,000 millones para el transporte público y $66,000 millones para trenes. También incluye $55,000 millones para infraestructura de agua y de aguas residuales, así como miles de millones de dólares para aeropuertos, puertos, internet de banda ancha y estaciones de carga de vehículos eléctricos
“No hemos realizado un gran proyecto bipartidista de esta naturaleza en largo tiempo”, dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado.
El proyecto de ley bipartidista significa uno de los gastos más sustanciales en caminos, puentes, plantas de tratamiento de agua, banda ancha y la red eléctrica en años.
Los senadores y el personal estuvieron trabajando tras bambalinas durante semanas para negociar, primero, y redactar, después, el enorme proyecto de ley. Se suponía que estaría listo antes, pero para las negociaciones siempre suponen demoras.
Ya días atrás, la senadora demócrata Kyrsten Sinema, una de las impulsoras de la propuesta, había expresado lo que era la tónica del partido de gobierno: “todas las partes tienen que ceder en algo para lograr algo”.
Al menos por esta ocasión, el espíritu de la negociación política partidista ha regresado a Washington.
Para impulsar el trabajo, Schumer mantuvo a los senadores en sesión el fin de semana, alentándolos a que terminaran.
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