Los presupuestos del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza superarán los 200 mil millones de dólares
Sin la intervención del Congreso, este dinero permitirá al gobierno de Trump llevar a cabo su represión migratoria sin obstáculos
Por/By Margy O’Herron
A principios de este mes, el Congreso cedió su mayor control sobre el Departamento de Seguridad Nacional al añadir 70 mil millones de dólares al ya enorme presupuesto de la agencia para la aplicación de las leyes de inmigración. Este dinero permitirá al departamento continuar con la estrategia de deportación masiva del gobierno de Trump, que ha incluido el encarcelamiento de inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública, así como la vigilancia masiva tanto de inmigrantes como de ciudadanos. Las políticas que reciben este nivel de financiación sin precedentes también han provocado decenas de muertes durante operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del ICE, así como en centros de detención.
Pero el Congreso puede actuar para recuperar su poder. A principios de este año, los legisladores demócratas bloquearon con éxito la asignación de más fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), exigiendo reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras el asesinato de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Esta disputa provocó el cierre del gobierno más largo de la historia y culminó con un proyecto de ley que solo financió las áreas del DHS no relacionadas con la inmigración.
Ahora, los líderes republicanos han eludido el proceso presupuestario mediante un recurso procedimental llamado conciliación. Esta maniobra permitió que el proyecto de ley se aprobara en el Senado con 51 votos, en lugar de los 60 necesarios para superar la obstrucción parlamentaria demócrata durante las negociaciones presupuestarias. Los 70 mil millones de dólares asignados al presupuesto superan la suma de los presupuestos de todas las demás agencias federales de aplicación de la ley, incluyendo el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
El proyecto de ley de conciliación de 2026, denominado Ley de Seguridad para Estados Unidos, otorga al DHS hasta septiembre de 2029 para gastar los fondos. Más de la mitad de los nuevos fondos se destinarán al ICE, que recibirá casi 39 mil millones de dólares para una amplia gama de operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal, instalaciones y arrestos. En comparación, el 70% de los países del mundo tienen un presupuesto anual inferior a 39 mil millones de dólares.
La financiación también respalda la ampliación de los controvertidos acuerdos 287(g) —llamados así por la sección de la ley que los autoriza— que involucran a la policía local para ayudar al ICE en el control de la inmigración. Además, prohíbe al ICE usar el dinero para programas que reducirían el número de inmigrantes detenidos, como la libertad condicional, las aplicaciones de registro o los dispositivos electrónicos de localización.
El ICE no es la única división del DHS que recibió un importante aumento de fondos. El Congreso también otorgó al CBP 26 mil millones de dólares para contratar más personal y llevar a cabo el control de la inmigración, así como para ampliar la vigilancia aérea, marítima y fronteriza. Sin embargo, muchas de las actividades del CBP han generado preocupación. Los legisladores cuestionaron las duras tácticas del CBP en la frontera. Según un juez federal, el funcionario de la CBP, Greg Bovino, dirigió a los agentes en Chicago, Los Ángeles y Minneapolis con una fuerza que “escandaliza”. Los agentes de la CBP mataron a Pretti, y los detalles de cualquier investigación federal siguen siendo confusos, ya que los funcionarios federales se niegan a compartir información con los funcionarios estatales. Por su parte, el Congreso dificultó la rendición de cuentas de la agencia al renunciar a la autoridad para condicionar la financiación futura a reformas.
La Ley de Seguridad Nacional también incluye 5 mil millones de dólares adicionales para el secretario de Seguridad Nacional. La mitad de ese dinero no tiene restricciones, lo que le otorga al secretario una discreción inusualmente ilimitada sobre lo que es esencialmente un fondo discrecional de 2.5 mil millones de dólares. La otra mitad se destinará a apoyar el ejercicio de sus facultades generales. Aún no está claro qué hará exactamente el secretario con el dinero, pero dichas facultades incluyen términos vagos como “controlar registros”. Estos registros podrían incluir una amplia gama de información sobre no ciudadanos y estadounidenses, incluidos datos que algunos estados utilizan para verificar la elegibilidad de los votantes. El secretario también tiene la facultad de autorizar a las fuerzas del orden estatales y locales a apoyar las funciones del DHS si determina que existe una afluencia masiva, real o inminente, de inmigrantes.
Estos nuevos fondos no son necesarios. En la ley de conciliación de julio de 2025, conocida como la Ley de la Gran Ley Integral, el Congreso asignó al DHS 170 mil millones de dólares. Gran parte de ese dinero no se ha gastado. Según los datos más recientes, el ICE y el CBP tenían un total de 118 mil millones de dólares sin gastar en abril de 2026. Con los 65 mil millones de dólares adicionales para el ICE y el CBP en la Ley de Seguridad en Estados Unidos, las agencias ahora disponen de 183 mil millones de dólares.
El Congreso no se detiene ahí. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes acaba de aprobar 28 mil millones de dólares adicionales para el ICE y el CBP para el año fiscal 2027, que comienza este otoño. Esto elevaría los fondos disponibles a más de 200 mil millones de dólares.
Incluso si ICE y la CBP distribuyeran equitativamente los fondos de conciliación de la Ley Secure America y la conciliación de julio de 2025 hasta su vencimiento en septiembre de 2029, los presupuestos combinados de ICE y la CBP seguirían siendo Se habrán triplicado con creces desde 2021.
La consecuencia para la administración es que puede intensificar su represión migratoria durante el resto del mandato del presidente Trump. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que el departamento actuará con «menos discreción», pero que no cederá en su campaña de deportaciones masivas. El «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, lo resumió con mayor contundencia: «Aún no han visto nada».
ICE ya ha ampliado considerablemente su capacidad de detención mediante contratos privados y un aumento de la inversión en centros de detención. Impedir que ICE utilice fondos para alternativas más económicas y humanas a la detención significa que aún más personas —incluidos niños y familias— serán encarceladas. Al menos 50 personas han muerto en centros de detención de inmigrantes desde que Trump regresó a la presidencia, el período más mortífero en la historia de ICE.
La financiación también permitirá al DHS seguir desarrollando capacidades de vigilancia que facilitan la recopilación indiscriminada de información sobre estadounidenses e inmigrantes. La agencia ha gastado más de 2.000 millones de dólares en tecnologías para rastrear a disidentes e inmigrantes, incluyendo sistemas de monitoreo de redes sociales, rastreo de ubicación de teléfonos celulares, reconocimiento facial y herramientas de piratería informática remota.
Sin embargo, aún hay tiempo para que el Congreso actúe. Puede recuperar los fondos no utilizados que autorizó previamente. Al recuperar el control del presupuesto, el Congreso puede asegurarse de que el DHS no reciba más dinero hasta que realice las mejoras necesarias.
Después de que el Congreso recupere la financiación excesiva, una primera condición para futuras asignaciones debería ser exigir al DHS que reconstruya y fortalezca las oficinas de rendición de cuentas que eliminó, incluyendo las oficinas del defensor del pueblo para la detención de inmigrantes y los servicios de ciudadanía e inmigración, así como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles. Para hacerlas más efectivas, el Congreso también puede aprobar nueva legislación que otorgue a estas oficinas autoridad para hacer cumplir la ley.
Otra medida de rendición de cuentas sería garantizar que los funcionarios federales rindan cuentas por los abusos que violan la Constitución. El Congreso puede dar ese paso aprobando la Ley Bivens. Este proyecto de ley subsanaría una laguna legal que permite a las víctimas presentar demandas civiles por daños causados por funcionarios federales, incluidos agentes de ICE y CBP.
En lugar de permanecer impasible mientras el DHS detiene a decenas de miles de inmigrantes en instalaciones superpobladas y en malas condiciones, el Congreso debería exigir que el DHS libere a las personas que no representan una amenaza para la seguridad pública, lo que incluye a la gran cantidad de personas actualmente detenidas en centros de detención de inmigrantes. Nadie debería ser privado de su libertad a menos que sea necesario para proteger a la comunidad, especialmente cuando existen alternativas más humanas.
El Congreso también debe impedir que ICE y CBP utilicen fondos para herramientas que recopilen o almacenen información sobre personas que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda, como grabar a agentes federales o protestar contra políticas gubernamentales. Asimismo, debería exigir que el DHS publique información sobre las tecnologías que ha adquirido o que está utilizando.
James Madison afirmó que el poder de gasto del Congreso era “el arma más completa y eficaz con la que cualquier constitución puede dotar a los representantes directos del pueblo”. El Congreso no debería haber renunciado a esa arma. Puede y debe reafirmarse.
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ICE & Customs and Border Protection Budgets to Exceed $200 Billion
Without congressional action, the money will allow the Trump administration to carry out its immigration crackdown unimpeded
Congress surrendered its most powerful check over the Department of Homeland Security earlier this month when it added $70 billion for immigration enforcement to the agency’s already massive budget. The money will allow the department to continue the Trump administration’s mass deportation strategy that has included locking up immigrants who pose no public safety threat, as well as mass surveillance of both immigrants and citizens. The policies getting this unprecedented level of funding have also led to dozens of deaths during enforcement actions by Customs and Border Protection and Immigration and Customs Enforcement, as well as in detention.
But Congress can act to regain its power. Earlier this year, Democratic legislators successfully blocked more funding for DHS, demandingreforms to ICE and CBP in the wake of the killing of U.S. citizens Renee Good and Alex Pretti in Minneapolis. That dispute led to the longest government shutdown in history and ended with a bill that funded only the non-immigration parts of DHS.
Now, Republican leaders have skirted the budget process by using a procedural tool called reconciliation. The move allowed the bill to pass the Senate with 51 votes instead of the 60 needed to overcome a Democratic filibuster during budget negotiations. The $70 billion that the budget granted is more than the budgets for all other federal law enforcement agencies combined, including the FBI, the Drug Enforcement Administration, and the U.S. Marshals Service.
The 2026 reconciliation bill, dubbed the Secure America Act, gives DHS until September 2029 to spend the money. Over half the new funds will go to ICE, which will receive nearly $39 billion for a wide range of enforcement operations, including additional hiring, facilities, and arrests. For comparison, 70 percent of the world’s countries have an annual budget of less than $39 billion.
The funding also supports further expansions of controversial 287(g) agreements — named for the section of the law that authorizes them — that enlist local police to help ICE with immigration enforcement. And it bars ICE from using the money for programs that would reduce the number of immigrants in detention, such as parole, check-in apps, or ankle monitors.
ICE isn’t the only part of DHS that received a massive funding boost. Congress also gave CBP $26 billion to hire more personnel and conduct immigration enforcement, as well as to expand air, sea, and border surveillance. But many of CBP’s activities have raised concerns. Legislators questioned CBP’s harsh tactics at the border. CBP official Greg Bovino led officers in Chicago, Los Angeles, and Minneapolis with force that “shocks the conscience,” according to one federal judge. CBP officers killed Pretti, and the details about any federal investigation remain murky, with federal officials refusing to share information with state officials. For its part, Congress made it harder to hold the agency accountable by giving up the authority to condition future funding on reforms.
The Secure America Act also includes an additional $5 billion for the secretary of homeland security. Half of that money does not have any constraints, giving the secretary unusually unfettered discretion over what is essentially a $2.5 billion slush fund. The other half will go to support the secretary’s further exercise of his general authorities. It remains unclear what all the secretary will do with the money, but those authorities include vague terms such as “controlling records.” Such records could include a wide range of information held about noncitizens and Americans, including data that some states use to check voter eligibility. The secretary also has the power to authorize state and local law enforcement to support DHS duties if he determines there is “an actual or imminent mass influx” of immigrants.
These new funds aren’t necessary. In the July 2025 reconciliation bill, called the One Big Beautiful Bill Act, Congress gave DHS $170 billion. Much of that money has not been spent. According to the most recent data, ICE and CBP had a combined $118 billion unspent in April 2026. With the additional $65 billion for ICE and CBP in the Secure America Act, the agencies now have $183 billion available.
Congress isn’t stopping there. The House Appropriations Committee just approved an additional $28 billion for ICE and CBP for fiscal year 2027, which starts this fall. That would push available funds over $200 billion.
Even if ICE and CBP evenly spread the reconciliation funds in the Secure America Act and the July 2025 reconciliation through their expiration in September 2029, the combined budgets of ICE and CBP will have more than tripled since 2021.
The upshot for the administration is that it can turbocharge its immigration crackdown for the remainder of President Trump’s term. DHS Secretary Markwayne Mullin said that the department will be “more quiet” but that the department isn’t backing down from its mass deportation push. White House “border czar” Tom Homan summed it up more bluntly: “You ain’t seen s*** yet.”
ICE has already greatly expanded detention capacity through private contracts and increased investment in detention facilities. Barring ICE from using funds for cheaper and more humane alternatives to detention means even more people — including children and families — will be locked up. At least 50 people have died in immigration detention since Trump returned to office, the deadliest period in ICE’s history.
The funding will also allow DHS to continue to build surveillance capabilities that facilitate indiscriminate collection of information about Americans as well as immigrants. The agency has spent more than $2 billion on technologies to track dissenters as well as immigrants, including social media monitoring systems, cellphone location tracking, facial recognition, and remote hacking tools.
Still, it’s not too late for Congress to act. It can take back any unspent funds it previously authorized. By regaining control of the purse, Congress can make sure DHS doesn’t get more money until it makes much-needed improvements.
After Congress claws back the excessive funding, a first condition for future appropriations should be to require DHS to rebuild and strengthen accountability offices it destroyed, including the ombudsman offices for immigration detention and citizenship and immigration services and the Office for Civil Rights and Civil Liberties. To make them more effective, Congress can also pass new legislation giving those offices enforcement authority.
An additional accountability move would be to ensure federal officials are held responsible for abusive actions that violate the Constitution. Congress can take that step by passing the Bivens Act. The bill would close a loophole in the law to give victims the ability to file civil lawsuits for harm by federal officials, including ICE and CBP agents.
Rather than standing on the sidelines as DHS detains tens of thousands of immigrants in overcrowded facilities with poor conditions, Congress should require that DHS release people who pose no public safety threat, which includes the vast number of people currently held in immigration jails. People should not be deprived of their liberty unless there is a need to protect the community, especially where there are more humane alternatives.
Congress must also prevent ICE and CBP from using funding for tools that collect or maintain information about people engaging in First Amendment–protected activities such as recording federal officers or protesting government policies. It should also require DHS to publish information about the technologies it has purchased or is otherwise using.
James Madison called Congress’s spending power “the most complete and effectual weapon with which any constitution can arm the immediate representatives of the people.” Congress shouldn’t have given up that weapon. It can and must reassert itself.
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