Por/By Kenneth E. Thorpe
Una reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca podría dificultar el acceso de millones de estadounidenses a los medicamentos que les salvan la vida.
Su disposición más importante propone un modelo de precios de “Nación Más Favorecida” (NMF), que vincularía los precios de los medicamentos en EE. UU. con los de otros países de altos ingresos.
Esta política de NMF se presenta como un impulso a la equidad y, a primera vista, tiene cierto atractivo. En realidad, adoptaría sistemas extranjeros de fijación de precios que restringen las opciones de tratamiento y plantean serias preocupaciones éticas sobre la valoración diferente de los pacientes según su lugar de residencia o las enfermedades crónicas que padecen.
Para los 190 millones de estadounidenses que viven con enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas, esto es más que un error político: es una amenaza directa para su salud. Existen mejores maneras de reducir los costos sin poner en riesgo a los pacientes. La idea detrás del principio de nación más favorecida (NMF) es que los estadounidenses subsidian la innovación médica de otros países ricos, pagando precios más altos por medicamentos que los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un PIB per cápita comparable. Este desequilibrio es real.
Pero existe porque muchos de estos países de referencia de la OCDE recurren a topes artificiales de precios, retrasos en las aprobaciones y barreras rígidas al acceso de los pacientes para controlar el gasto.
El resultado es una clara brecha en el acceso. Entre 2018 y 2022, los estadounidenses tuvieron acceso al 74% de los nuevos medicamentos lanzados a nivel mundial, según un informe reciente. En contraste, los pacientes de Alemania, Canadá y Australia solo pudieron acceder al 52%, 28% y 22% de esos medicamentos, respectivamente. Su fórmula de atención médica implica valorar los tratamientos en función de quién los recibe, utilizando tácticas discriminatorias que consideran a los adultos mayores, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas menos merecedores de tratamiento. Aproximadamente 83 millones de estadounidenses vivirán con tres o más enfermedades crónicas para 2030. Los tratamientos en desarrollo —para el Alzheimer, cánceres raros, trastornos autoinmunes y más— podrían cambiar la trayectoria de esas vidas. La MFN pone en riesgo ese progreso.
Trabajar para abordar la frustración por los altos costos de bolsillo debería ser una prioridad absoluta. Pero existen mejores soluciones centradas en el paciente que reducirían los costos y, al mismo tiempo, mantendrían un amplio acceso a las opciones de tratamiento.
Actualmente, la mitad de cada dólar gastado en medicamentos de marca se destina a intermediarios como los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) y las aseguradoras. Los PBM gestionan los formularios —las listas de medicamentos que cubren las aseguradoras— y utilizan esa influencia para obtener grandes descuentos y reembolsos de los fabricantes, a veces de hasta el 80 %. En la mayoría de los casos, estos ahorros no se trasladan a los pacientes. En cambio, a los pacientes se les cobra con base en el precio de lista inflado.
Esta distorsión de precios afecta con mayor fuerza a las personas con enfermedades crónicas. Para alguien que maneja múltiples enfermedades crónicas, la diferencia entre el precio de lista y el precio neto puede significar la diferencia entre continuar con el tratamiento o saltarse dosis debido al costo. Cuando los pacientes no toman sus medicamentos según las indicaciones, enfermedades controlables pueden derivar en costosas emergencias que ponen en peligro la vida.
Necesitamos mejorar el sistema. Esto significa exigir a los administradores de beneficios de medicamentos (PBM) y a las aseguradoras que transfieran los descuentos negociados directamente a los pacientes y brindar transparencia a una cadena de suministro que ha operado en la sombra durante demasiado tiempo.
Debemos impulsar una reforma de costos significativa que apoye a los pacientes, la innovación y el progreso que hemos logrado con tanto esfuerzo para las personas que viven con cáncer, fibrosis quística y otras enfermedades crónicas. Pero el modelo de precios de NMF no es una compensación que podamos permitirnos.
Kenneth E. Thorpe es profesor de Política Sanitaria Robert W. Woodruff en la Universidad Emory y presidente de la Alianza para la Lucha contra las Enfermedades Crónicas. Este artículo se publicó originalmente en The Well News.
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International pricing puts people with chronic diseases at risk
A recent White House executive order could make it harder for millions of Americans to access their life-saving medications.
Its most consequential provision proposes a “Most Favored Nation” (MFN) pricing model, which would tie U.S. drug prices to those paid in other high-income countries.
The MFN policy is billed as a push for fairness — and, on the surface, has some appeal. In reality, it would adopt foreign price-setting systems that restrict treatment options and raise serious ethical concerns about valuing patients differently based on where they live or what chronic conditions they face.
For the 190 million Americans living with chronic conditions like cancer, diabetes, and heart disease, that’s more than a policy misstep — it’s a direct threat to their health. There are better ways to lower costs without putting patients at risk.
The idea behind MFN is that Americans are subsidizing medical innovation for other wealthy countries — paying higher medicine prices than members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) with a comparable GDP per capita. That imbalance is real.
But it exists because many of these OECD reference countries rely on artificial price ceilings, delayed approvals, and rigid barriers to patient access to keep spending down.
The result is a clear gap in access. Between 2018 and 2022, Americans had access to 74% of new medicines launched globally, according to a recent report. In contrast, patients in Germany, Canada, and Australia could access just 52%, 28%, and 22% of those medicines, respectively. Their healthcare formula involves valuing treatments based on who receives them — using discriminatory tactics that deem older adults, people with disabilities, and those with chronic conditions less worthy of treatment.
Approximately 83 million Americans will be living with three or more chronic conditions by 2030. Treatments in development now — for Alzheimer’s, rare cancers, autoimmune disorders, and more — could change the trajectory of those lives. MFN puts that progress at risk.
Working to address frustration about high out-of-pocket costs should absolutely be a priority. But there are better, patient-centered solutions that would lower costs while maintaining broad access to treatment options.
Currently, half of every dollar spent on branded medicines goes to middlemen like pharmacy benefit managers (PBMs) and insurers. PBMs manage formularies — the lists of drugs insurers cover — and use that leverage to extract steep rebates and discounts from manufacturers, sometimes up to 80% off. In most cases, those savings aren’t passed on to patients. Instead, patients are charged based on the inflated list price.
This pricing distortion hits people with chronic diseases the hardest. For someone managing multiple chronic conditions, the gap between list and net price can mean the difference between staying on treatment or skipping doses due to cost. When patients don’t take their medications as directed, manageable conditions can escalate into costly, life-threatening emergencies.
We need to fix the system. That means requiring PBMs and insurers to pass negotiated discounts directly to patients and bringing transparency to a supply chain that has operated in the shadows for too long.
We must pursue meaningful cost reform that supports patients, innovation, and the hard-won progress we’ve made for people living with cancer, cystic fibrosis, and other chronic conditions. But the MFN pricing model is not a tradeoff we can afford.
Kenneth E. Thorpe is the Robert W. Woodruff Professor of Health Policy at Emory University and the chairman of the Partnership to Fight Chronic Disease. This piece originally ran in The Well News.
