Violadores sexuales como el rapero y magnate de la música Diddy Combs existen en abundancia, tanto aquí como en otros países. Muchos de ellos ni siquiera son procesados judicialmente. Y los que sí lo son, por cuestiones del ordenamiento jurídico u otras circunstancias, quedan en libertad o son recluidos en prisión por un tiempo mínimo, a pesar de las atrocidades que cometen.
La condena emitida por el jurado que dictaminó los delitos de Combs fue importante, aunque no la más idónea. Fue declarado culpable de dos cargos penales, que incluyen el transporte ilegal de edecanes de un estado a otro con el propósito de prostituirlas, por los cuales podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión. No obstante, los abogados que contrató y la gran cantidad de dinero que posee le permitirán reducir esa condena a solo unos pocos años.
La ley siempre ha funcionado así: castiga a los pobres e incluso, en ocasiones, ignora las violaciones cometidas por los ricos, o hasta los premia. ¡Miren dónde está Donald Trump!
Más allá del veredicto del jurado, el hecho es que Combs debió haber sido condenado por lo menos por uno de los delitos más graves, especialmente el cargo de “tráfico sexual”, ya que el rapero utilizó a sus compañeras como objetos sexuales y las prostituyó con personas que, según él, eran las más adecuadas para tener relaciones sexuales.
Tal vez la “conspiración para cometer crimen organizado” es un cargo que requiere otros elementos. Posiblemente no existió una organización racional orientada a cometer delitos sistemáticos, pero sí hubo dolo y descaro, elementos que no fueron suficientes para convencer al jurado.
Catharine MacKinnon, abogada y filósofa feminista, sostiene que las leyes, a pesar de tener la misión “objetiva” de salvaguardar a las víctimas, en casos como el de Combs tienden a proteger los intereses del victimario.
Según su punto de vista, es extremadamente difícil condenar a una persona por estos delitos o similares, debido a que, en una violación sexual, por ejemplo, en cualquier ordenamiento jurídico, el fiscal debe demostrar evidencia de penetración y que la víctima no consintió el acto sexual.
Demostrar la penetración no es difícil: solo se necesita encontrar rastros de líquido seminal en la vagina de la mujer. Sin embargo, el consentimiento es más complicado y extremadamente difícil de probar. En muchos casos, se trata de la palabra de la víctima contra la del agresor.
Así, según MacKinnon, las normas del Estado a menudo protegen a los hombres porque son “ellos quienes crean esas normas”. Por eso, personas como Combs extorsionan, prostituyen, violan sexualmente y no encuentran la cárcel, sino la libertad.
Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move.
