Humberto Caspa, Ph.D. – hcletters@yahoo.com
Pareciera que el Derecho Positivo, aquellas normas que son creadas por la población de la sociedad en procura de generar un “mejor” Estado, finalmente van a ser un factor determinante en el procesamiento de uno de los personajes más repudiados y más controversiales de nuestra sociedad.
Para los seguidores y simpatizantes republicanos, especialmente los que se encuentran en la extrema derecha, el virtual procesamiento judicial de Donald Trump en una corte de New York está condicionado por elementos políticos. ¿Por qué ahora y no en el momento que se cometió el supuesto delito? Es la pregunta constante.
Las conjeturas de los trumpistas tienen alguna justificación. En parte, el fiscal de Manhattan, New York, Alvin Bragg ha movilizado el aparto judicial de su estado para ajusticiar a Trump “sea como sea”.
Sin embargo, los motivos más importantes y los que justifican un eventual procesamiento judicial tienen bases jurídicas. ¿Nadie está más allá de la ley? Todos somos conscientes que existen normas que nos permiten ciertos comportamientos en la sociedad. Lo anterior es una posición de la mayoría de los simpatizantes y seguidores del Partido Demócrata.
En este sentido, Trump ya no está protegido por la estructura del Estado. A pesar de que su fama lo ha posicionado en una situación especial, Trump es un ciudadano común y corriente.
Como ya no es miembro del gobierno, entonces ya no está protegido por las leyes del Estado. De acuerdo a la acusación de Bragg, Trump tuvo relaciones sexuales con “Stormy Daniels”, una prostituta y actriz de películas pornográficas, que lo conllevaron a cometer otros delitos sancionados por el gobierno local y federal.
A Trump no lo acusan por su apetito al sexo, sino por la forma subrepticia cómo acalló a la prostituta durante un periodo de elecciones. Trump ordenó a su ex abogado confidencial, Michael Cohen, que pague 130.000 dólares a Daniel para taparle la boca. Durante este periodo, su campaña política estaba en crisis por el rodaje de un video en el cual decía que “le gustaba tocar la vagina de las mujeres”.
Trump pagó esa suma de dinero, pero oficialmente catalogó el acallamiento de la prostituta como un “gasto legal” en su declaración de impuestos. Es decir, Trump falsificó documentación para hacer ver algo que nunca existió, violando no solo leyes locales sino nacionales.
Trump debe ser acusado, procesado y sancionado por los delitos que cometió contra las normas de la población. Tanto él, como todos los demás, somos ciudadanos que nos debemos a las leyes. Si las violamos tenemos que ser sancionados. Trump merece una sanción por sus actos antidemocráticos.
Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move.
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