Humberto Caspa, Ph.D. – hcletters@yahoo.com
La justicia penal parte de un principio fundamental: quienes cometen delitos contra la sociedad deben ser puestos a disposición de las autoridades competentes y, posteriormente, procesados de acuerdo con la ley.
En términos generales, las fuerzas de seguridad realizan la captura, la persona es presentada ante un juez y si se determina su responsabilidad, puede ser condenada a una pena que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario.
Sin embargo, este modelo ha mostrado contradicciones y resultados cuestionables. Las cárceles no siempre cumplen con su propósito de rehabilitar a quienes han cometido delitos. En algunos casos, el ambiente de violencia y criminalidad dentro de los centros penitenciarios puede incluso contribuir a que los reclusos desarrollen nuevas capacidades para delinquir una vez que recuperan su libertad.
Esto no significa que la cárcel carezca de utilidad. La privación de la libertad continúa siendo uno de los instrumentos fundamentales de los Estados para sancionar delitos graves y proteger a la sociedad.
Cuando el sistema penitenciario funciona adecuadamente y combina la sanción con procesos de rehabilitación, puede contribuir a reducir la reincidencia. El problema aparece cuando el castigo se convierte en el único objetivo de la política criminal.
En Colombia, el debate adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se trata de los grupos armados ilegales. Las guerrillas, las disidencias de las FARC, las organizaciones dedicadas al narcotráfico representan amenazas diferentes que no necesariamente pueden ser enfrentadas mediante una misma estrategia.
En este sentido, la experiencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele constituye un punto inevitable de comparación. Su gobierno implementó un régimen de excepción que permitió realizar detenciones masivas de personas señaladas de pertenecer a organizaciones criminales y restringió determinadas garantías procesales.
Colombia no es El Salvador. Sus instituciones, su Constitución y sus mecanismos de control del poder ejecutivo tienen características diferentes.
El desafío del gobierno colombiano consiste, entonces, en encontrar un equilibrio entre seguridad y Estado de derecho. Los grupos armados ilegales deben ser perseguidos y sus estructuras criminales deben ser desmanteladas cuando actúan al margen de la ley. Pero la eficacia de la política de seguridad no puede medirse únicamente por el número de capturas o por la cantidad de personas encarceladas. También debe medirse por la capacidad del Estado para garantizar que esas acciones se desarrollen dentro del marco constitucional.
Por eso, la represión indiscriminada puede convertirse en un arma de doble filo. Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que puede detener y encarcelar a más personas, sino aquel que puede combatir eficazmente la criminalidad sin abandonar las instituciones y las garantías que sustentan la democracia.
Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move.
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