Por/By Wayne Winegarden
Los médicos independientes están desapareciendo. Cada vez más, los médicos que atienden a los estadounidenses son empleados de sistemas hospitalarios o de conglomerados de seguros.
La política gubernamental es una de las principales causas de esta ola de consolidación.
Las normas de reembolso de Medicare, las ventajas de pago para los hospitales y las distorsiones inherentes al programa federal de descuento de medicamentos 340B han debilitado los consultorios médicos independientes. El resultado ha sido una oleada de adquisiciones que ha empujado a los médicos a trabajar para hospitales y ha reducido la competencia entre los proveedores de atención médica.
En 2012, menos de un tercio de los médicos estaban afiliados a hospitales. Hoy en día, lo están casi seis de cada diez. Entre 2018 y 2026, los hospitales adquirieron cerca de 33.000 consultorios médicos e incorporaron a unos 181.000 médicos a sus plantillas.
Los hospitales están absorbiendo consultorios médicos con la ayuda del gobierno federal.
El reembolso de Medicare a los médicos ha caído aproximadamente un 33 % en términos reales desde 2001, a pesar de que los costos operativos de los consultorios han aumentado. A diferencia de los hospitales, los consultorios médicos no reciben ajustes automáticos por inflación por parte de Medicare.
Medicare también paga más por los servicios ambulatorios cuando se prestan en instalaciones hospitalarias externas en lugar de en consultorios médicos o centros de cirugía ambulatoria. Estas disparidades incentivan a los hospitales a adquirir consultorios médicos y luego facturar los mismos servicios a las tarifas hospitalarias, que son más elevadas.
El programa 340B agrava estas distorsiones. Bajo este programa, los hospitales elegibles que sirven a poblaciones vulnerables (conocidos como hospitales de red de seguridad) pueden comprar medicamentos con descuento y facturarlos a las aseguradoras y a Medicare a precio completo, quedándose con la diferencia.
Muchos hospitales han convertido el programa 340B en una fuente importante de ingresos. Entre 2010 y 2024, incorporaron más de 17.000 farmacias contratadas a sus redes de distribución 340B. El gasto en medicamentos con descuento del programa 340B alcanzó los 100.000 millones de dólares en 2025, frente a los 5.000 millones de 2010.
Algunos médicos independientes han respondido a estas desventajas estructurales asociándose con empresas externas para obtener financiación, apoyo administrativo, tecnología y otros servicios de apoyo empresarial. Estas organizaciones de servicios de gestión (MSO, por sus siglas en inglés) pueden permitir a los médicos resistir la absorción por parte de los hospitales y centrarse en ejercer la medicina. Algunos legisladores estatales ven con recelo a las organizaciones de servicios de gestión (MSO, por sus siglas en inglés) debido a que a menudo cuentan con el respaldo de firmas de capital privado y otros inversores corporativos. Les preocupa que los intereses financieros puedan ejercer una influencia indebida en la atención al paciente.
En respuesta, algunos estados están revisando las leyes sobre la “práctica corporativa de la medicina”, las cuales generalmente exigen que sean los médicos —y no las corporaciones— quienes posean los consultorios o prácticas médicas.
La lógica detrás de estas leyes es sencilla: las decisiones médicas deben ser tomadas por médicos, no por ejecutivos corporativos ni inversores.
Sin embargo, los hospitales —principales impulsores de la consolidación corporativa— suelen estar exentos de estas normas. Además, impedir que los consultorios médicos se asocien con MSO no elimina las presiones financieras que impulsan dicha consolidación.
Recientemente, Oregón promulgó restricciones sobre la forma en que los consultorios médicos pueden asociarse con MSO, y otros estados están considerando propuestas similares. No obstante, muchas de estas propuestas van más allá de proteger la autonomía clínica de los médicos y, en su lugar, dictan cómo deben organizarse y financiarse los consultorios médicos.
California ha trazado un camino mejor. En 2025, el estado promulgó una legislación que preserva la autonomía clínica de los médicos e impide que entidades sin licencia controlen la toma de decisiones médicas, en lugar de restringir de manera general la forma en que los consultorios independientes estructuran sus relaciones comerciales.
Si los legisladores desean preservar la medicina independiente y reducir la consolidación en el sector sanitario, deben abordar las distorsiones financieras que empujan a los médicos hacia los sistemas hospitalarios.
El Congreso debería vincular los reembolsos de Medicare a los médicos con la inflación, adoptar pagos neutrales respecto al lugar de atención (de modo que Medicare pague la misma cantidad por el mismo servicio independientemente del entorno) y reformar el programa 340B para que apoye a los pacientes vulnerables en lugar de financiar la expansión hospitalaria.
Proteger la independencia clínica de los médicos es fundamental. Sin embargo, dificultar la supervivencia de los consultorios independientes acabará dejando a los pacientes con menos opciones, menor competencia y costos más elevados.
Wayne Winegarden, Ph.D., es investigador principal (Senior Fellow) en el área de negocios y economía del Pacific Research Institute y director del Centro de Economía e Innovación Médica del PRI (medecon.org). Este artículo se publicó originalmente en el *Richmond Times-Dispatch*.
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How Government Policy Is Killing Independent Medicine
Independent physicians are disappearing. Increasingly, the doctors Americans see are employees of hospital systems or insurance conglomerates.
Government policy is a major reason for this wave of consolidation.
Medicare’s reimbursement rules, payment advantages for hospitals, and distortions embedded in the federal 340B drug discount program have weakened independent physician practices. The result has been a wave of acquisitions that’s pushed doctors into hospital employment and reduced competition among healthcare providers.
In 2012, fewer than one-third of physicians were affiliated with hospitals. Today, nearly six in ten are. Between 2018 and 2026, hospitals acquired almost 33,000 physician practices and added roughly 181,000 physicians to their payrolls.
Hospitals are snapping up physician practices with an assist from the federal government.
Medicare physician reimbursement has fallen by roughly 33% in real terms since 2001, even as the cost of operating a practice has climbed. Unlike hospitals, physician practices do not receive automatic inflationary updates from Medicare.
Medicare also pays more for outpatient services when delivered in hospital outpatient facilities rather than physician offices or ambulatory surgery centers. Those disparities encourage hospitals to acquire physician practices and then bill for the same services at higher hospital rates.
The 340B program compounds those distortions. Under the program, eligible safety-net hospitals can purchase drugs at discounts and bill insurers and Medicare at full price, retaining the spread.
Many hospitals have transformed 340B into a significant source of revenue. Between 2010 and 2024, they added more than 17,000 contract pharmacies to their 340B distribution networks. Spending on discounted 340B drugs reached $100 billion in 2025, up from $5 billion in 2010.
Some independent physicians have responded to these structural disadvantages by partnering with outside firms for financing, administrative support, technology, and other business support. These management services organizations, or MSOs, can enable physicians to resist hospital acquisition and focus on practicing medicine.
Some state lawmakers are wary of MSOs because they’re often backed by private equity firms and other corporate investors. They worry financial interests could exert improper influence over patient care.
In response, some states are revisiting “corporate practice of medicine” laws, which generally require physicians — not corporations — to own medical practices.
The rationale behind these laws is straightforward — medical decisions should be made by physicians, not corporate executives or investors.
But hospitals — the primary drivers of corporate consolidation — are often exempt from these rules. Further, restricting physician practices from partnering with MSOs does not eliminate the financial pressures driving consolidation.
Oregon recently enacted restrictions on how physician practices may partner with MSOs. Other states are considering similar proposals. But many of these proposals go beyond protecting physicians’ clinical autonomy and instead dictate how medical practices may organize and finance themselves.
California has charted a better path. In 2025, the state enacted legislation that preserves physicians’ clinical autonomy and prevents non-licensed entities from controlling medical decision-making, rather than broadly restricting how independent practices structure their business relationships.
If policymakers want to preserve independent medicine and reduce healthcare consolidation, they must address the financial distortions pushing physicians into hospital systems.
Congress should index Medicare physician reimbursement to inflation; adopt site-neutral payments so Medicare pays the same amount for the same service regardless of setting; and reform 340B so it supports vulnerable patients rather than hospital expansion.
Protecting physicians’ clinical independence is essential. But making it harder for independent practices to survive will ultimately leave patients with fewer choices, less competition, and higher costs.
Wayne Winegarden, Ph.D., is Senior Fellow in Business and Economics at the Pacific Research Institute and Director of PRI’s Center for Medical Economics and Innovation (medecon.org). This piece originally ran in the Richmond Times-Dispatch.
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