FILE - New York Attorney General Letitia James speaks Feb. 16, 2024, in New York. (AP Photo/Bebeto Matthews, File)
Demanda para detener los últimos aranceles ilegales de la administración Trump
Nueva York – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó hoy una coalición de otros 21 fiscales generales y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania en una demanda para detener el último intento de la administración Trump de imponer aranceles radicales que resultan en un aumento de impuestos a estados, empresas y consumidores. Poco después de que la Corte Suprema fallara a favor de la Fiscal General James y otros 11 fiscales generales que demandaron para detener los aranceles ilegales impuestos por el presidente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente emitió una nueva proclamación que impone aranceles a una serie de países y productos utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La Fiscal General James y la coalición argumentan en su demanda que estos nuevos aranceles son ilegales porque el presidente no tiene la facultad de imponerlos. Los aranceles no cumplen con los requisitos de la Sección 122 y violan la protección constitucional de la separación de poderes. La Fiscal General James y la coalición buscan una orden judicial que declare ilegales los aranceles impuestos bajo la Sección 122 y ordene al gobierno federal que reembolse a los estados los costos arancelarios que pagaron como resultado de la proclamación presidencial.
“Una vez más, el presidente Trump ignora la ley y la Constitución para aumentar los impuestos a los consumidores y las pequeñas empresas”, declaró la Fiscal General James. “Tras el rechazo de la Corte Suprema a su primer intento de imponer aranceles radicales, el presidente está provocando más caos económico y esperando que los estadounidenses paguen la factura. Estos aranceles solo aumentarán el costo de la vida, y seguiré defendiendo el estado de derecho para proteger a los neoyorquinos”.
“Las políticas arancelarias ilegales e imprudentes de la administración Trump continúan afectando a las empresas, los agricultores y los consumidores de todo el estado de Nueva York, lo que perjudica la economía estatal en general”, declaró la Gobernadora Hochul. Es hora de que el gobierno federal reembolse los $13.5 mil millones que se les quitaron a los neoyorquinos trabajadores y ponga fin al caos económico que estos impuestos ilegales han creado. Aplaudo a la Fiscal General James por luchar por los neoyorquinos y espero seguir trabajando con ella para devolver el dinero a los bolsillos de nuestras familias y trabajadores.
Ningún presidente ha intentado imponer aranceles utilizando la Sección 122. La ley está diseñada específicamente para permitir aranceles limitados para abordar ciertas crisis monetarias, incluyendo un déficit significativo de la balanza de pagos, un problema económico específico que puede ocurrir en un sistema cambiario de tipo fijo como el patrón oro. Sin embargo, Estados Unidos abandonó dicho sistema cambiario hace medio siglo. Como resultado, los problemas de balanza de pagos ya no ocurren. La Fiscal General James y la coalición afirman en su demanda que la principal justificación del presidente para imponer estos aranceles —el déficit comercial del país— no constituye una razón legítima para imponer aranceles bajo la Sección 122. De hecho, la administración admitió durante la demanda contra los aranceles de la IEEPA del presidente que los déficits comerciales “son conceptualmente distintos de los déficits de la balanza de pagos”.
Además, los aranceles del presidente violan otros requisitos de la Sección 122. La ley exige que los nuevos aranceles se apliquen de manera consistente de varias maneras, incluyendo que no se apliquen de manera discriminatoria. Sin embargo, los nuevos aranceles eximen a muchos productos de Canadá, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. También incluyen 84 páginas de excepciones específicas para productos.
La Fiscal General James y la coalición argumentan que el uso de la Sección 122 por parte del presidente es un claro intento de eludir el fallo de la Corte Suprema en el caso contra los aranceles impuestos bajo la IEEPA. Al igual que con los aranceles de “emergencia” anteriores, el presidente invocó la Sección 122 para imponer aranceles radicales por capricho y sin apenas justificación. La proclamación que anunció inicialmente los nuevos aranceles se publicó el 20 de febrero, dos días después del fallo de la Corte Suprema. La Fiscal General James y la coalición argumentan que estos cambios repentinos en la política arancelaria generan costos significativos para los estados, que deben invertir recursos para determinar cómo se aplicarán estos nuevos costos y cómo gestionar el aumento de los precios de los proveedores. Las fluctuaciones erráticas en las tasas arancelarias también han generado nuevos costos administrativos para los estados, ya que las agencias deben reconstruir la política oficial a partir de publicaciones en redes sociales, órdenes ejecutivas, proclamaciones y otras fuentes.
En su demanda, la Fiscal General James y la coalición argumentan que los aranceles violan el principio de separación de poderes de la Constitución. El Artículo I claramente otorga al Congreso la facultad de gravar e imponer aranceles, y el presidente no tiene la facultad de imponer este tipo de aumentos arancelarios radicales. La demanda busca una orden del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos que declare ilegales los aranceles de la Sección 122 e impida su implementación, así como una orden para reembolsar a los estados el costo de estos aranceles mientras estuvieron vigentes.
Junto a la Fiscal General James en la presentación de esta demanda se encuentran los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
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Attorney General James Leads Lawsuit to Stop Trump Administration’s Latest Illegal Tariffs
New York – New York Attorney General Letitia James today led a coalition of 21 other attorneys general and the governors of Kentucky and Pennsylvania in suing to stop the latest attempt by the Trump administration to impose sweeping tariffs that result in increased taxes on states, businesses, and consumers. Shortly after the Supreme Court ruled in favor of Attorney General James and 11 other attorneys general who sued to stop the president’s illegal tariffs imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), the president issued a new proclamation imposing tariffs on a range of countries and goods using Section 122 of the Trade Act of 1974. Attorney General James and the coalition argue in their lawsuit that these new tariffs are illegal because the president does not have the power to impose them. The tariffs do not meet the requirements of Section 122 and violate the Constitution’s protection of the separation of powers. Attorney General James and the coalition are seeking a court order declaring the tariffs imposed under Section 122 unlawful and ordering the federal government to issue refunds to states for the tariff costs that they paid as a result of the president’s proclamation.
“Once again, President Trump is ignoring the law and the Constitution to effectively raise taxes on consumers and small businesses,” said Attorney General James. “After the Supreme Court rejected his first attempt to impose sweeping tariffs, the president is causing more economic chaos and expecting Americans to foot the bill. These tariffs will only drive up the cost of living, and I will continue to uphold the rule of law to protect New Yorkers.”
“The Trump administration’s illegal and reckless tariff policies continue to weigh on the businesses, farmers, and consumers across New York State, hindering the state’s overall economy,” said Governor Hochul. “It is time the federal government refunds the $13.5 billion taken from hardworking New Yorkers and end the economic chaos that these unlawful taxes have created. I applaud Attorney General James for fighting for New Yorkers and look forward to continuing to work with her to put money back into the pockets of our families and workers.”
No president has ever attempted to impose tariffs using Section 122. The law is specifically designed to allow limited tariffs to address certain monetary crises, including a significant “balance of payments” deficit – a distinct economic problem that can occur in a fixed-rate exchange system like the gold standard. However, the U.S. abandoned such an exchange system half a century ago. As a result, balance of payments problems no longer occur. Attorney General James and the coalition assert in their lawsuit that the president’s primary rationale for imposing these tariffs – the country’s trade deficit – is not a legitimate reason for imposing tariffs under Section 122. In fact, the administration admitted during the lawsuit against the president’s IEEPA tariffs that trade deficits “are conceptually distinct from balance of payments deficits.”
In addition, the president’s tariffs violate other requirements in Section 122. The law requires new tariffs to be applied consistently in several ways, including that they are not applied discriminatorily. Yet the new tariffs exempt many goods from Canada, Mexico, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua. They also include 84 pages of specific product exceptions.
Attorney General James and the coalition argue that the president’s use of Section 122 is a clear attempt to escape the Supreme Court’s ruling in the case against the tariffs imposed under IEEPA. Like the previous “emergency” tariffs, the president invoked Section 122 to impose sweeping tariffs on a whim with hardly any stated reasoning. The proclamation first announcing the new tariffs was published on February 20, two days after the Supreme Court ruling. Attorney General James and the coalition argue that these sudden swings in tariff policy create significant costs for states, which must expend resources determining how these new costs will apply and how to handle soaring prices from vendors. The erratic swings in tariff rates have also created new administrative costs for states as agencies must piece together official policy from social media posts, executive orders, proclamations, and other sources.
In their lawsuit, Attorney General James and the coalition argue that the tariffs violate the Constitution’s separation of powers principle. Article I clearly gives Congress the power to tax and impose tariffs, and the president does not have the power to impose these kinds of sweeping tariff increases. The lawsuit seeks an order from the United States Court of International Trade declaring the Section 122 tariffs illegal and preventing them from being implemented, as well as an order to refund the states the costs of these tariffs while they were in effect.
Joining Attorney General James in filing this lawsuit are the attorneys general of Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Oregon, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, and the governors of Kentucky and Pennsylvania.
