Los demandantes dicen que confían en que se emitirá una orden judicial
Después de horas de argumentos orales el miércoles, un juez federal ahora tiene el caso que desafía la prohibición de armas de Illinois con un fallo sobre una orden judicial preliminar que se espera en las próximas semanas. Los demandantes dicen que confían en que se revocará la ley.
La ley que el gobernador J.B. Pritzker firmó y promulgó el 10 de enero prohíbe más de 170 armas de fuego semiautomáticas y ciertas capacidades de cargador. Cuatro grupos de demandantes que demandaron en un tribunal federal alegan que la ley viola el derecho de la Segunda Enmienda a “tener y portar armas”.
El juez Stephen McGlynn del Distrito Sur de Illinois consolidó los casos y escuchó horas de argumentos el miércoles en East St. Louis. Comenzó el procedimiento mostrando varias imágenes que la gente podría decir que eran un pato o un conejo, o una mujer joven o una anciana.
“En mi experiencia, estos casos de armas de fuego tienen muchas de las mismas cosas”, dijo McGlynn. “La gente mira los tiroteos masivos y las regulaciones de armas, algunas personas se enfocan solo en las armas, otras miran a las víctimas”.
McGlynn dijo que tiene una mente abierta.
“No me he decidido”, dijo antes de que se presentaran los argumentos. “No es mi trabajo tomar decisiones políticas. Mi trabajo es asegurarme de que las decisiones políticas del poder legislativo o ejecutivo sean consistentes con la constitución”.
La abogada Erin Murphy de los demandantes dirigió la mayoría de los argumentos y dijo que la Corte Suprema de los EE. UU. recientemente estableció el estándar para lo que se considera armas en la Segunda Enmienda y dijo que las armas de fuego semiautomáticas son armas de uso común por parte de los propietarios de armas respetuosos de la ley.
McGlynn y Murphy debatieron el matiz de qué límites son posibles en la capacidad de las armas de fuego y los cargadores, y si se deberían prohibir cosas como los accesorios para lanzagranadas o los rifles calibre .50. El abogado Thomas Maag de los demandantes argumentó que la definición estatal de un lanzagranadas es en realidad un lanzabengalas, que es común para los métodos de autoconservación para encontrar a alguien que se pierde.
El estado estuvo representado por Christopher Wells, quien argumentó que las armas de fuego prohibidas son más avanzadas de lo que imaginaron los redactores de la Constitución de los Estados Unidos y que son peligrosas e inusuales. Argumentó que si bien las armas de fuego como los AR-15 pueden ser comunes, hay más posibilidades de que caigan en manos de los malos. Con lo que dijo que fue un aumento en los tiroteos masivos, eso es motivo de regulación.
Sobre ciertas armas de fuego que están prohibidas sobre otras, McGlynn le dio a Wells varios escenarios. Uno que dio fue el de una esposa sola en casa con cuatro intrusos. La esposa puede elegir entre una escopeta de tres cartuchos, una pistola o un AR-15 con un cargador de 30 cartuchos. McGlynn sugiere que la esposa debería usar el AR de 30 rondas.
“¿Quién decide?”, preguntó McGlynn.
Sobre ciertas características de las armas de fuego, como la prohibición de las existencias plegables, McGlynn dio otro escenario. Digamos que un hogar tiene un esposo alto y una esposa baja, pero un AR-15. El ajuste de existencias es necesario, sugirió McGlyyn. Wells dijo que esto tiene beneficios, pero que los AR-15 tienen muchas otras características combinadas que, según argumentó, deben regularse.
Wells también sugirió que se retiren del mercado productos como cunas para bebés que causan daños. Tales armas causan daño y también deben retirarse del mercado. McGlynn dijo que las cunas para bebés no están protegidas en la Declaración de Derechos.
McGlynn también señaló que un rifle de cerrojo es legal bajo la prohibición de armas de Illinois, pero el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, fue asesinado en 1963 con un rifle de cerrojo disparando tres tiros en menos de un minuto.
El lunes entró en vigor una de las fases de la prohibición de armas del estado. Quienes sean encontrados con cargadores que no cumplan con las normas se enfrentan a un delito menor con una multa de $1,000. Aquellos que se encuentren con armas de fuego que no cumplan con los requisitos pueden enfrentar hasta un delito grave de Clase 3.
“Eso es bastante empinado”, dijo McGlynn.
Wells dijo que la ignorancia de la ley no es una defensa. McGlynn dijo que los fiscales y los alguaciles no harán cumplir la prohibición. Wells reconoció que algunos están demandando al estado. Wells respondió que la ley regula las ventas y se centra en los fabricantes y comerciantes de armas. Dijo que ahí es donde la ley tendrá algo de mordisco.
Al final de la audiencia, McGlynn agradeció a los abogados y dijo que “hay mucho en qué pensar”.
“Vemos a las víctimas y los perpetradores y todos queremos ver una reducción de los crímenes de tiradores masivos, pero desde mi punto de vista, creo que debemos ver más que solo el arma, sino qué hacen los adolescentes con problemas, qué medicamentos toman, qué son las banderas rojas”, dijo McGlynn.
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Federal judge weighs challenge to Illinois gun ban
Plaintiffs say they are confident an injunction will be issued
After hours of oral arguments Wednesday, a federal judge now has the case challenging Illinois’ gun ban with a ruling on a preliminary injunction expected in the weeks ahead. Plaintiffs say they are confident they’ll get the law overturned.
The law Gov. J.B. Pritzker signed and enacted on Jan. 10 bans more than 170 semi-automatic firearms and certain magazine capacities. Four plaintiffs groups that sued in federal court allege the law violates the Second Amendment right to “keep and bear arms.”
Judge Stephen McGlynn for the Southern District of Illinois consolidated the cases and heard hours of arguments Wednesday in East St. Louis. He started the proceedings by showing several images that people could either say was a duck or a rabbit, or a young woman or an old woman.
“In my experience, these firearms cases have a lot of the same things,” McGlynn said. “People look at mass shootings and they look at gun regulations, some people zero in to just focus on the guns, others look to the victims.”
McGlynn said he has an open mind.
“I have not made up my mind,” he said before arguments were made. “It’s not my job to make policy decisions. My job is to make sure that the policy decisions of the legislative or executive branch are consistent with the constitution.”
Attorney Erin Murphy for the plaintiffs led most of the arguments and said the U.S. Supreme Court recently set the standard to what is considered arms in the Second Amendment and said semi-automatic firearms are arms and in common use by law-abiding gun owners.
McGlynn and Murphy debated the nuance of what limits are possible in firearm and magazine capacity, and whether such things like grenade launcher attachments or .50 caliber rifles should be banned. Attorney Thomas Maag for the plaintiffs argued the state’s definition of a grenade launcher is actually a flare launcher, which is common for methods of self preservation for someone getting lost to be found.
The state was represented by Christopher Wells who argued the banned firearms are more advanced than what the framers of the U.S. Constitution envisioned and they are dangerous and unusual. He argued that while firearms like AR-15s may be common, there’s more chance for them to get into bad actors’ hands. With what he said was an increase in mass shootings, that’s grounds for regulation.
On certain firearms being banned over others, McGlynn gave Wells several scenarios. One he gave was of a wife home alone with four intruders. The wife has a choice of a shotgun with three rounds, a handgun or an AR-15 with a 30-round magazine. McGlynn suggests the wife should use the 30-round AR.
“Who gets to decide,” McGlynn asked.
On certain firearms features like collapsible stocks being banned, McGlynn gave another scenario. Say a household has a tall husband and a short wife but one AR-15. Stock adjustment is necessary, McGlyyn suggested. Wells said there are benefits to such, but AR-15s have many other combined features he argued must be regulated.
Wells also suggested products like baby cribs that cause harm are taken off market. Such guns commit harm and should be taken off market too. McGlynn said baby cribs are not protected in the Bill of Rights.
McGlynn also noted that a bolt-action rifle is legal under Illinois’ gun ban, but U.S. President John Kennedy was assassinated in 1963 with a bold-action rifle shooting three shots in under a minute.
On Monday, one of the phases of the state’s gun ban kicked in. Those found with noncompliant magazines face a petty offense with a $1,000 fine. Those found with noncompliant firearms can face up to a Class 3 felony.
“That’s pretty darn steep,” McGlynn said.
Wells said ignorance of law isn’t a defense. McGlynn said prosecutors and sheriffs aren’t going to enforce the ban. Wells acknowledged some are suing the state. Wells countered the law regulates sales and is focused on gun manufactures and gun dealers. He said that’s where law will have some bite.
At the end of the hearing, McGlynn thanked the attorneys and said “there’s a lot to think about.”
“We see the victims and perpetrators and all want to see reduction of mass shooter crime, but from where I sit, I think we need to look at more than just the gun, but what are troubled teens doing, what medicines are taken, what are the red flags,” McGlynn said.
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