Grupos de derechos civiles presentan una demanda para bloquear la inconstitucional SF 2340 de Iowa/Civil Rights Groups File Lawsuit to Block Iowa’s Unconstitutional SF 2340

Grupos de derechos civiles presentan una demanda para bloquear la inconstitucional SF 2340 de Iowa/Civil Rights Groups File Lawsuit to Block Iowa’s Unconstitutional SF 2340

Des Moines, Iowa — Grupos de derechos civiles presentaron es jueves una demanda federal para bloquear SF 2340, una de las peores y más trascendentales leyes de inmigración jamás aprobadas en el estado de Iowa. Esta ley de Iowa entra en conflicto con la ley federal existente y tendrá una serie de consecuencias dramáticas para los habitantes de Iowa. Crea nuevos delitos para cualquier persona en Iowa, incluido un niño, que haya reingresado al país después de ser deportado, incluso si esa persona ahora está autorizada a estar en los EE.UU.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa por el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Iowa y la ACLU nacional en nombre del Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa y los miles de inmigrantes a los que ayuda la organización. incluidos dos habitantes de Iowa.

“Esta fea ley es profundamente perjudicial para las familias y comunidades de Iowa. Los legisladores de Iowa deliberadamente apuntaron a personas que están protegidas por las leyes federales de inmigración y a quienes se les permite legalmente estar aquí, como personas a las que se les concedió asilo o visas especiales otorgadas a sobrevivientes de violencia doméstica u otros delitos”, dijo la directora legal de la ACLU de Iowa, Rita Bettis Austen.

“Y hay muchas buenas razones –relacionadas con las relaciones exteriores, la seguridad nacional, los intereses humanitarios y nuestro sistema constitucional– por las que el gobierno federal hace cumplir nuestra ley de inmigración, en lugar de que los 50 estados salgan y hagan lo suyo para hacer cumplir sus propias leyes. regímenes de inmigración separados. Es difícil exagerar lo horrible y extraña que es esta ley”, dijo Bettis Austen.

¿Qué es SF 2340?

El SF 2340 de Iowa se basa en gran medida en el SB 4, la ley de inmigración de Texas que ha recibido atención nacional y que por el momento está bloqueada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito por ser probablemente inconstitucional bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

SF 2340 pone patas arriba la ley de inmigración actual y empeora mucho los desafíos de hacer cumplir la ley de inmigración actual. Entra en conflicto con las leyes de inmigración existentes al ordenar a las autoridades de Iowa que arresten a los inmigrantes que tienen autorización para estar aquí. Esto incluye a las personas a las que se les ha concedido asilo; aquellos a quienes se les otorgaron visas para proteger a víctimas de delitos, trata o violencia doméstica; y aquellos que tienen uno de las otras docenas de estatus migratorios autorizados, incluidas protecciones especiales para jóvenes inmigrantes.

La nueva ley incluso ordena a las autoridades locales arrestar a los titulares de tarjetas verdes, que han vivido aquí durante años y tienen familias aquí, como las personas en la demanda, Jane Doe y Elizabeth Roe.*

Impacto en personas reales, incluidos los niños

La demanda destaca a Anna* (nombre ficticio), de 18 años, quien nació en Honduras, donde su padre fue asesinado y su hermana secuestrada. La trajeron a Estados Unidos con su madre cuando tenía 14 años y luego la deportaron. Poco después, todavía temiendo por su vida, volvió a entrar a Estados Unidos, esta vez sin compañía.

Solicitó y recibió asilo y ahora está aquí legalmente, vive con una familia de Iowa y asiste a la escuela secundaria. Pero según SF 2340, puede ser arrestada y deportada a la frontera con México, donde no tiene familia ni conexión.

“Según SF 2340, incluso si una persona ahora tiene un estatus migratorio legal, podría ser arrestada y deportada, si previamente ingresó al país sin autorización. Es una ley que no tiene ningún sentido y es claramente inconstitucional”, afirmó Kate Melloy Goettel, directora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración.

“SF 2340 no se trata sólo del llamado reingreso criminal. Es una ley mal redactada con implicaciones de largo alcance. Creará un caos absoluto y sufrimiento humano en nuestro sistema legal y dañará a las comunidades de Iowa”, afirmó Melloy Goettel.

La demanda también incluye a una inmigrante de Iowa conocida como Jane Doe. Abuela de 68 años con problemas de salud, actualmente es residente permanente legal de los Estados Unidos. Originaria de México, ha vivido en Estados Unidos durante varios años.

Jane vino originalmente aquí sin autorización para reunirse con su esposo, quien se convirtió en residente permanente legal en la década de 1980. Jane regresó a México en 2005 después de la muerte de su madre, pero cuando intentó regresar, fue detenida en la frontera. Como su marido era ciudadano, solicitó que ella regresara legalmente. Sin embargo, la solicitud no fue aprobada antes de su muerte.

No fue hasta 2022 que Jane pudo regresar a Iowa. Aunque tiene una tarjeta verde y, por lo tanto, está autorizada a estar aquí, según SF 2340, podría ser encarcelada o deportada.

Múltiples problemas con SF 2340

SF 2340 tiene implicaciones de largo alcance más allá de simplemente criminalizar el reingreso a los Estados Unidos:

  • Esta nueva ley estatal entra en conflicto con la ley federal existente. Como lo demuestran los ejemplos de Anna y Jane Doe, incluso si alguien ahora está aquí legalmente según la ley federal, si antes reingresó al país después de que se le negó la admisión o fue deportado previamente, ahora podría ser encarcelado y deportado por el estado de Iowa.
  • SF 2340 arroja la ley de inmigración, que ha sido responsabilidad del gobierno federal, a los pies de las autoridades locales, quienes dicen que no tienen las herramientas o la capacitación para implementarla de manera justa.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han dicho públicamente que esta ley dañará la seguridad pública local, en lugar de ayudarla, porque ahora los inmigrantes tendrán miedo de hablar con la policía.

Michael Tupper, jefe de policía de Marshalltown, dice: “Esta ley socava la capacidad de las autoridades locales para trabajar con sus comunidades y, de hecho, disminuirá la seguridad pública, no la mejorará. Creará miedo en nuestra comunidad que hará que la gente se muestre reacia a hablar con la policía y denunciar delitos.

“La ley no prevé financiación adicional para los gobiernos locales y estatales, quienes ahora están obligados por la ley estatal a arrestar, procesar, deportar o encarcelar a personas. Dicen que les quitará tiempo y recursos de su trabajo clave: mantener seguras a sus comunidades locales”.

“Esta ley asigna a la policía, los fiscales y los jueces locales y estatales la tarea de hacer cumplir la ley de inmigración a pesar de que no tienen capacitación ni herramientas para hacerlo”, dijo Bettis Austen.

  • La ley se aplica también a los menores. La nueva ley incluye a los simples niños. Se aplicaría, por ejemplo, a situaciones en las que alguien fue traído aquí cuando era un bebé o un niño pequeño y luego se ordenó su traslado con su familia. Ahora, el estado de Iowa está ordenando a las autoridades que arresten, procesen, deporten o encarcelen a niños si han regresado al país, incluso si tienen el derecho legal de estar aquí.

“Esta ley no protege a los niños al disponer el arresto, la deportación o el encarcelamiento de una persona, independientemente del hecho de que hayan entrado o vuelto a entrar al país sin autorización porque eran sólo un bebé o un niño cuando fueron traídos aquí”, dijo Bettis Austen.

  • Impulsará la discriminación racial. Las fuerzas del orden no tienen acceso a bases de datos complejas, capacitación u otros recursos para determinar cuál de los muchos estados migratorios complejos podría tener una persona.

“Las autoridades locales simplemente no tienen una manera de determinar con precisión el estatus migratorio de una persona, lo que probablemente resultará en un perfil racial que dañará tanto a inmigrantes como a ciudadanos”, dijo Bettis Austen.

  • Esta ley resultará en la separación de familias. Si se aplica esta ley, las familias quedarán destrozadas. Esto incluye incluso a aquellas familias que han vivido aquí durante décadas, con hijos que nacieron en Iowa. Incluso en los casos en que los padres estén autorizados a estar aquí, las familias serán separadas ya que madres, padres, hermanas, hermanos y abuelos son deportados inconstitucionalmente.

La demanda nombra como acusada a Brenna Bird, la fiscal general de Iowa. La demanda nombra al fiscal del condado de Clayton y al fiscal del condado de Polk como acusados ​​adicionales porque son los abogados del condado en los condados donde residen los demandantes. Los fiscales del condado están siendo nombrados únicamente en sus capacidades oficiales y no porque trabajaron para convertir el SF 2340 en ley. No está previsto que la ley entre en vigor hasta el 1 de julio y hasta el momento no se han iniciado procesos judiciales por violaciones de la nueva ley en Iowa.

Erica Johnson, directora ejecutiva fundadora del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa (Iowa MMJ), dice:

“Los partidarios de esta ley dicen que la aprobaron porque están cansados ​​de la forma en que el gobierno federal y la administración actual están manejando la aplicación de la ley de inmigración. Todos podemos estar de acuerdo en que nuestro sistema de inmigración necesita mejoras, pero esta ley no es una solución. Más bien, aumenta el miedo entre las comunidades de inmigrantes de Iowa y abruma a los grupos locales que están haciendo el verdadero trabajo de encontrar soluciones y crear comunidades prósperas.

“También es una ley increíblemente inhumana que pone en riesgo vidas y familias. Se necesita a personas –incluidos meros niños– que han estado viviendo aquí pacíficamente y contribuyendo a sus comunidades, a veces durante décadas, y prepararlas para la deportación. No importa si ahora tienen autorización para estar aquí. Todavía pueden ser encarcelados o deportados en la frontera, a menudo a miles de kilómetros de su país de origen.

“Necesitamos leyes que creen sistemas de inmigración viables, ordenados y humanos. SF 2340 hace justo lo contrario”.

Wafa Junaid, miembro de Skadden del Proyecto Nacional de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU:

“Esta ley extrema tendrá consecuencias devastadoras para las comunidades de Iowa. Pondrá desproporcionadamente en peligro a los vecinos y miembros de la comunidad morenos y negros, independientemente de su estatus migratorio, ejercerá presión sobre los recursos locales y despojará a las personas de su derecho constitucional al debido proceso. Como ya lo ha sostenido un tribunal federal, Texas se equivocó con la SB 4, y Iowa debería rechazar esfuerzos similares para dividir sus comunidades”.

María Corona, directora ejecutiva de la Coalición de Iowa contra la violencia doméstica:

“La aplicación de la ley depende de la cooperación de la comunidad para mantener la seguridad pública porque es difícil prevenir la violencia si la gente tiene miedo de llamar a la policía para pedir ayuda. Esta ley aumenta el peligro para los inmigrantes víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas al hacer exactamente eso: disuadir activamente a las víctimas de llamar a la policía para pedir ayuda.

“Esta ley obstaculiza el acceso de las víctimas a las protecciones federales contra la violencia, que fueron promulgadas hace décadas para proteger a las víctimas de parejas abusivas que rutinariamente usan su estatus migratorio para dañarlas. También socava años de esfuerzos de las autoridades de Iowa para construir relaciones de confianza con las comunidades de inmigrantes de manera más amplia y esfuerzos estatales dedicados para apoyar plenamente a las víctimas de violencia doméstica y sexual.

“Esta ley no sólo disuade a las víctimas inmigrantes de violencia de pareja de llamar a la policía, sino que penaliza a las víctimas que ya trabajan con las autoridades para mejorar la seguridad pública poniéndolas en riesgo de arresto, deportación o encarcelamiento. Disuadir a las víctimas de violencia doméstica de llamar a la policía cuando están en peligro pone a las personas en mayor riesgo, socava la seguridad pública y amenaza el bienestar de las comunidades en todo Iowa”.

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Civil Rights Groups File Lawsuit to Block Iowa’s Unconstitutional SF 2340

Des Moines, Iowa — Civil rights groups filed a federal lawsuit this Thursday to block SF 2340, one of the worst, most far-reaching immigration laws ever passed in the state of Iowa.

This Iowa law conflicts with existing federal law and will have a number of dramatic consequences for Iowans. It creates new crimes for anyone in Iowa, including a child, who has reentered the country after being deported, even if that person is now authorized to be in the U.S.

The lawsuit was filed in U.S. District Court for the Southern District of Iowa by the American Immigration Council, the American Civil Liberties Union of Iowa, and the national ACLU on behalf of Iowa Migrant Movement for Justice and the thousands of immigrants that the organization assists, including two individual Iowans.

“This ugly law is deeply harmful to Iowa families and communities. Iowa lawmakers knowingly targeted people who are protected by federal immigration laws and who are legally allowed to be here, like people granted asylum, or special visas given to survivors of domestic violence or other crimes,” said ACLU of Iowa Legal Director Rita Bettis Austen.

“And there are lots of good reasons — related to foreign relations, national security, humanitarian interests, and our constitutional system — why the federal government enforces our immigration law, instead of all 50 states going out and doing their own thing to enforce their own separate immigration schemes. It’s hard to overstate how awful and bizarre this law is,” Bettis Austen said.

What is SF 2340?

Iowa’s SF 2340 is based largely on SB 4, the Texas immigration law that has received national attention and is for the moment blocked by the Fifth Circuit Court of Appeals as likely unconstitutional under the Supremacy Clause of the U.S. Constitution.

SF 2340 turns current immigration law upside down and makes the challenges of enforcing current immigration law far worse. It conflicts with existing immigration laws by directing Iowa law enforcement to arrest immigrants who have authorization to be here. This includes people granted asylum; those who were given visas to protect victims of crime, trafficking, or domestic violence; and those who have one of the other dozens of authorized immigration statuses, including special protections for immigrant youth.
The new law even directs local law enforcement to arrest green card holders, who have lived here for years and have families here, like the individuals in the lawsuit, Jane Doe and Elizabeth Roe.*

Impact on Real People, Including Children

The lawsuit highlights 18-year-old Anna* (not her real name), who was born in Honduras, where her father was murdered and her sister was kidnapped. She was brought to the U.S. with her mother when she was 14 and then deported. Shortly after, still fearing for her life, she reentered the U.S. again, this time unaccompanied.
She applied for and received asylum and is now here lawfully, living with an Iowa family and attending high school. But under SF 2340, she can be arrested and deported to the Mexican border, where she has no family or connection.

“Under SF 2340, even if a person now has lawful immigration status, they could be arrested and deported, if they previously came into the country without authorization. It’s a law that makes absolutely no sense and is clearly unconstitutional,” said Kate Melloy Goettel, legal director at the American Immigration Council.

“SF 2340 isn’t just about so-called criminal reentry. It’s a badly written law with far-reaching implications. It will create absolute chaos and human suffering in our legal system, and harm Iowa communities,” said Melloy Goettel.

The lawsuit also includes an Iowa immigrant referred to as Jane Doe. A 68-year-old grandmother with health problems, she is currently a lawful permanent resident of the United State. A native of Mexico, she has lived in the U.S. for several years.

Jane originally came here without authorization to join her husband, who became a lawful permanent resident in the 1980s. Jane returned to Mexico in 2005 after her mother died, but when she tried to return, she was detained at the border. Because her husband was a citizen, he applied for her to lawfully return. However, the application wasn’t approved before his death.

It wasn’t until 2022 that Jane was able to return to Iowa. Even though she holds a green card and is therefore authorized to be here, under SF 2340, she could be put in prison or deported.

Multiple Problems with SF 2340

SF 2340 has far-reaching implications beyond simply criminalizing reentry into the United States:

  • This new state law conflicts with existing federal law. As Anna and Jane Doe’s examples demonstrate, even if someone is now here lawfully under federal law, if prior to that they reentered the country after having been denied admission or were previously deported, they could now be imprisoned and deported by the state of Iowa.
  • SF 2340 dumps immigration law, which has been the responsibility of the federal government, at the feet of local law enforcement, who say they don’t have the tools or training to carry it out fairly. 

Law enforcement officials have said publicly that this law will hurt local public safety, rather than help it, because now immigrants will be afraid to talk to the police.

Michael Tupper, Marshalltown chief of police, says, “This law undermines local law enforcement’s ability to work with their communities and will actually diminish public safety, not improve it. It will create fear in our community that will make people reluctant to talk to police and to report crimes.

“The law provides for no additional funding to local and state governments who are now directed by the state law to arrest, prosecute, deport, or incarcerate people. They say it will take their time and resources away from their key job: Keeping their local communities safe.”

“This law tasks local and state police, prosecutors, and judges with the enforcement of immigration law despite them having no training and no tools to do so,” said Bettis Austen.

  • The law applies to minors as well. The new law includes mere children. It would, for example, apply to situations where someone was brought here as a baby or young child then ordered removed with their family. Now, the state of Iowa is directing law enforcement to arrest, prosecute, deport, or incarcerate children if they have reentered the country, even if they have the legal right to be here.

“This law fails to protect children by providing for a person’s arrest, deportation, or incarceration, regardless of the fact that they may have entered or reentered the country without authorization because they were only a baby or a child when they were brought here,” said Bettis Austen.

  • It will fuel racial profiling. Law enforcement doesn’t have access to the complex databases, training, or other resources to determine which of the many complex immigration statuses a person might have.

“Local law enforcement simply doesn’t have a way to accurately determine somebody’s immigration status, which is likely to result in racial profiling that will harm immigrants and citizens alike,” said Bettis Austen.

  • This law will result in the separation of families. If this law is enforced, families will be torn apart. This includes even those families who have lived here for decades, with children who were born in Iowa. Even in cases where parents are authorized to be here, families will be separated as mothers, fathers, sisters, brothers, and grandparents are unconstitutionally deported.

The lawsuit names Brenna Bird, the Iowa attorney general, as a defendant. The lawsuit names the Clayton County Attorney and the Polk County Attorney as additional defendants because they are the county attorneys in the counties where plaintiffs reside. The county attorneys are being named in their official capacities only and not because they worked to pass SF 2340 into law. The law is not scheduled to take effect until July 1 and no prosecutions for violations of the new law have been brought in Iowa at this time.

Additional Quotes 

Erica Johnson, founding executive director of Iowa Migrant Movement for Justice (Iowa MMJ):

“Supporters of this law say they passed it because they are tired of the way the federal government and the current administration is handling immigration enforcement. We can all agree that our immigration system needs improvement, but this law is no solution. Instead, it increases fear among Iowa’s immigrant communities and overwhelms local groups who are doing the real work of finding solutions and creating thriving communities.
“It’s also an incredibly inhumane law that puts lives and families at risk. It takes people — including mere children — who have been living here peacefully and contributing to their communities, sometimes for decades, and sets them up for deportation. It doesn’t matter if they now have authorization to be here. They can still be put in prison or deported at the border, often thousands of miles away from their home country.

“We need laws that create workable, orderly, humane immigration systems. SF 2340 does just the opposite.”

Wafa Junaid, a Skadden fellow with the national ACLU’s Immigrants’ Rights Project:

“This extreme law will have devastating consequences for Iowa communities. It will disproportionately put Brown and Black neighbors and community members in harm’s way regardless of their immigration status, strain local resources, and strip people of their constitutional right to due process. As a federal court has already held, Texas got it wrong with SB 4, and Iowa should reject similar efforts to divide their communities.”

Maria Corona, executive director of the Iowa Coalition Against Domestic Violence:

“Law enforcement depends on community cooperation to maintain public safety because it is hard to prevent violence if people are afraid to call police for help. This law increases danger for immigrant victims of domestic violence, sexual assault, and human trafficking by doing exactly that, it will actively discourage victims from calling police for help.

“This law thwarts victims’ access to federal law protections from violence, which were enacted decades ago to protect victims from abusive partners who routinely use their immigration status to harm them. It also undermines years of efforts from Iowa law enforcement to build trusting relationships with immigrant communities more broadly and dedicated statewide efforts to fully support victims of domestic and sexual violence.

“This law not only deters immigrant victims of intimate partner violence from calling police, but it penalizes victims already working with law enforcement to improve public safety by putting them at risk for arrest, deportation, or incarceration. Discouraging domestic violence victims from calling police when they are in danger puts individuals at greater risk, undermines public safety, and threatens the well-being of communities across Iowa.”

 

 

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