El impacto de los procedimientos de video y el acceso a la justicia en los tribunales/Impact of Video Proceedings on Fairness and Access to Justice in Court

El impacto de los procedimientos de video y el acceso a la justicia en los tribunales/Impact of Video Proceedings on Fairness and Access to Justice in Court

El uso cada vez mayor de la tecnología de video remoto plantea desafíos para los procedimientos judiciales justos. Los jueces deben adoptar la tecnología con precaución.

La pandemia de Covid-19 ha interrumpido las operaciones judiciales en todo el país, lo que ha llevado a los jueces a posponer los procedimientos no esenciales y realizar otros a través de video o teléfono. Incluso cuando los tribunales han comenzado a reabrir, muchos también continúan o están probando nuevas formas de expandir el uso de tecnología remota.

Al mismo tiempo, las preocupaciones de salud pública están llevando a algunos proveedores de servicios legales y otros defensores a oponerse al regreso a los procedimientos en persona. Más allá del momento actual, varios líderes judiciales también han sugerido que el uso ampliado de tecnología remota debería convertirse en una característica permanente de nuestro sistema judicial.

La tecnología remota ha sido una herramienta vital para los tribunales en medio de una crisis de salud pública. Pero el uso de tecnología remota, y su posible expansión, también plantea preguntas críticas sobre cómo los derechos de los litigantes y su acceso a la justicia pueden verse afectados, ya sea de manera positiva o negativa, y qué pueden hacer los tribunales y otras partes interesadas para mitigar los daños.

Este documento recopila y resume la investigación existente sobre los efectos de la tecnología de video en los procedimientos judiciales. Los tribunales federales, los tribunales de inmigración y los tribunales estatales han utilizado durante mucho tiempo la tecnología de video para ciertos tipos de procedimientos. Si bien la investigación disponible sobre el uso de procedimientos de video es limitada, las investigaciones existentes sugieren razones para la cautela al expandir el uso de estas prácticas, así como la necesidad de realizar más investigaciones sobre sus efectos potenciales.

  • Un estudio de audiencias de fianza criminal encontró que los acusados ​​cuyas audiencias se llevaron a cabo por video tenían montos de fianza sustancialmente más altos que sus contrapartes en persona, con aumentos que van del 54 al 90 por ciento, según el delito.
  • Un estudio de los tribunales de inmigración encontró que las personas detenidas tenían más probabilidades de ser deportadas cuando sus audiencias ocurrían por videoconferencia que en persona.
  • Varios estudios de testimonios de testigos remotos de niños encontraron que los niños eran percibidos como menos precisos, creíbles, consistentes y seguros cuando aparecían en video.
  • En tres de los seis tribunales de inmigración encuestados, los jueces identificaron instancias en las que habían cambiado las evaluaciones de credibilidad realizadas durante una audiencia por video después de una audiencia en persona.

La investigación también sugiere que el uso de procedimientos de video remotos puede dificultar las comunicaciones entre abogado y cliente. Por ejemplo, una encuesta de 2010 del Centro Nacional de Tribunales Estatales encontró que el 37 por ciento de los tribunales que utilizan videoconferencias no tenían disposiciones para permitir las comunicaciones privadas entre abogados y sus clientes cuando se encontraban en lugares separados.

Los procedimientos remotos también pueden dificultar que los litigantes que se representan a sí mismos obtengan representación y otras formas de apoyo al separarlos del juzgado físico. Un estudio de las audiencias de inmigración encontró que los inmigrantes detenidos que comparecieron en persona tenían un 35 por ciento más de probabilidades de obtener un abogado que los que comparecieron de forma remota.

Al mismo tiempo, otras investigaciones sugieren que los procedimientos de video a distancia también pueden mejorar el acceso a la justicia en algunas circunstancias. Por ejemplo, un estudio de Montana encontró que el uso de audiencias por video permitió a las organizaciones de ayuda legal llegar a partes del estado que antes carecían de servicios. Organizaciones como la Conferencia de Jueces en Jefe han pedido que se amplíe el uso de procedimientos por video o teléfono en casos civiles, particularmente para litigantes que se representan a sí mismos y de bajos ingresos, como una forma de reducir costos para aquellos que, por ejemplo, pueden necesitar tomarse un tiempo libre para viajar a la corte.

Un desafío al interpretar esta investigación es que los sistemas judiciales atienden una amplia gama de casos, tanto civiles como penales, y el uso de videoconferencias puede plantear desafíos y beneficios muy dispares para los litigantes en diferentes tipos de casos. Los tribunales están involucrados en adjudicar todo, desde desalojos hasta infracciones de tránsito, desde disputas comerciales multimillonarias hasta casos de delitos graves. En algunos casos, los litigantes son detenidos en cárceles o centros de detención. En otros, pueden representarse a sí mismos. Los tribunales celebran audiencias preliminares, comparaciones de cargos, negociaciones de acuerdos, programación de conferencias, argumentos sobre mociones legales, juicios con jurado y mucho más.

En esencia, esta revisión de la investigación existente subraya la necesidad de una amplia participación de las partes interesadas en el desarrollo de políticas judiciales que involucren procedimientos remotos, así como la necesidad de más investigación y evaluación a medida que los tribunales experimentan con diferentes sistemas.

 

 

Impact of Video Proceedings on Fairness and Access to Justice in Court

Increasing use of remote video technology poses challenges for fair judicial proceedings. Judges should adopt the technology with caution.

The Covid-19 pandemic has disrupted court operations across the country, prompting judges to postpone nonessential proceedings and conduct others through video or phone.1 Even as courts have begun to reopen, many are also continuing or testing new ways to expand the use of remote technology.

At the same time, public health concerns are leading some legal services providers and other advocates to oppose the return to in-person proceedings. 3 Beyond the current moment, several court leaders have also suggested that expanded use of remote technology should become a permanent feature of our justice system.

Remote technology has been a vital tool for courts in the midst of a public health crisis. But the use of remote technology — and its possible expansion — also raises critical questions about how litigants’ rights and their access to justice may be impacted, either positively or negatively, and what courts and other stakeholders can do to mitigate any harms.

This paper collects and summarizes existing scholarship on the effects of video technology in court proceedings. Federal courts, immigration courts, and state courts have long used video technology for certain kinds of proceedings. 5 While the available scholarship on the use of video proceedings is limited, existing research suggests reason for caution in expanding the use of these practices, as well as the need for further research on their potential effects.

  • One study of criminal bail hearings found that defendants whose hearings were conducted over video had substantially higher bond amounts set than their in-person counterparts, with increases ranging from 54 to 90 percent, depending on the offense.
  • A study of immigration courts found that detained individuals were more likely to be deported when their hearings occurred over video conference rather than in person.
  • Several studies of remote witness testimony by children found that the children were perceived as less accurate, believable, consistent, and confident when appearing over video.8
  • In three out of six surveyed immigration courts, judges identified instances where they had changed credibility assessments made during a video hearing after holding an in-person hearing. 9

Research also suggests that the use of remote video proceedings can make attorney-client communications more difficult. For example, a 2010 survey by the National Center for State Courts found that 37 percent of courts using videoconferencing had no provisions to enable private communications between attorneys and their clients when they were in separate locations.  Remote proceedings can likewise make it harder for self-represented litigants to obtain representation and other forms of support by separating them from the physical courthouse. A study of immigration hearings found that detained immigrants who appeared in person were 35 percent more likely to obtain counsel than those who appeared remotely.

At the same time, other research suggests that remote video proceedings may also enhance access to justice under some circumstances. For example, a Montana study found that the use of video hearings allowed legal aid organizations to reach previously underserved parts of the state.

Organizations such as the Conference of Chief Justices have called for the expanded use of video or telephone proceedings in civil cases, particularly for self-represented and low-income litigants, as a way of reducing costs for those who, for example, may need to take time off work to travel to court. 13  One challenge in interpreting this research is that court systems hear a wide range of cases, both civil and criminal, and the use of videoconferencing may pose widely disparate challenges and benefits for litigants in different types of cases. Courts are involved in adjudicating everything from evictions to traffic violations, from multimillion-dollar commercial disputes to felony cases. In some instances, litigants are detained in jails or detention centers. In others, they may be self-represented. Courts hold preliminary hearings, arraignments, settlement negotiations, scheduling conferences, arguments on legal motions, jury trials, and much more.

At its core, this review of existing scholarship underscores the need for broad stakeholder engagement in developing court policies involving remote proceedings, as well as the need for more research and evaluation as courts experiment with different systems.

 

 

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