Por/By Andrew Moss
A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la nación se acerca nuevamente a una encrucijada en materia de cuidado de salud, con candidatos que divergen en una cuestión básica de equidad: ¿quién asumirá los riesgos y los costos de la atención? Para Donald Trump, sus aliados en el Congreso y los analistas políticos conservadores, la respuesta es clara: recortar el gasto público y trasladar los riesgos y los costos a las personas, los empleadores y los estados. Para Kamala Harris, las prioridades se mueven en una dirección sorprendentemente diferente: ampliar el acceso a la atención sanitaria, fortaleciendo el papel del gobierno federal en la garantía de la atención sanitaria para todos los estadounidenses, sin importar cuál sea su estatus socioeconómico.
Las diferencias se muestran más claramente en las posiciones de los candidatos sobre la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) y Medicaid. Catorce años después de que el Congreso aprobara la ACA, que proporcionaba subsidios que permitieron a millones de estadounidenses obtener un seguro médico, el porcentaje de estadounidenses sin seguro ha disminuido a un mínimo histórico de menos del ocho por ciento. La vicepresidenta Harris ha abogado y defendido la ACA, y se espera que apoye la extensión de los subsidios mejorados, introducidos durante la pandemia, más allá de su fecha de vencimiento de 2025. Estos subsidios han hecho posible que muchas personas obtengan cobertura del mercado.
Donald Trump intentó y fracasó en su intento de derogar la ACA en 2017, y desde entonces ha prometido que “la haría mucho mejor de lo que es ahora”, aunque sin proporcionar detalles. Sin embargo, una posible línea de acción sería apuntar a la protección de la ACA a las personas contra la denegación de seguros debido a condiciones de salud preexistentes. Como presidente, Trump autorizó la expansión de los planes de seguro a corto plazo como una alternativa a los planes de mercado más integrales de la ACA. Estos planes a corto plazo permitieron a las aseguradoras prohibir la cobertura a las personas debido a condiciones de salud preexistentes y establecer tarifas basadas en sus historiales médicos.
Más recientemente, el Comité de Estudio Republicano, un grupo que comprende cuatro quintas partes de los miembros republicanos del Congreso y su liderazgo, publicó una propuesta presupuestaria que pide, entre muchas otras cosas, poner fin a la regulación del gobierno federal sobre las condiciones preexistentes y permitir que los estados decidan si mantienen o no la regla.
Medicaid también representa una diferencia importante entre los candidatos. Medicaid, un programa conjunto federal-estatal establecido en 1965 junto con Medicare, ahora proporciona seguro médico a casi 75 millones de estadounidenses de bajos ingresos. Cuando el Congreso aprobó la Ley de Atención Médica Asequible en 2014, incluyó una disposición para ampliar la cobertura de Medicaid a todos los estadounidenses que ganan hasta el 138 por ciento del Nivel Federal de Pobreza. Cuarenta y un estados, incluido el Distrito de Columbia, adoptaron la cobertura ampliada, junto con las subvenciones federales equivalentes para acompañarla, y 10 estados (principalmente estados controlados por los republicanos) la rechazaron, dejando el seguro fuera del alcance de muchos residentes de bajos ingresos.
Como presidente, Donald Trump aprobó exenciones que permitían a los estados establecer requisitos laborales para que las personas recibieran Medicaid, y los programas de exenciones han demostrado ser costosos e ineficaces. La administración Biden-Harris retiró esas exenciones, alegando que los requisitos laborales no hacen nada para promover el propósito de Medicaid, que ha sido ampliar el acceso a la atención médica.
¿Qué deberían pensar los votantes de estas diferencias? Una forma de comenzar a responder la pregunta es escuchar a las personas más cercanas a los problemas. Una internista que trabaja en un hospital público de San Francisco escribe sobre el tratamiento de un hombre indigente que solicita cuidados paliativos en lugar de someterse a una amputación por una infección ósea en su brazo, una infección que no responde a los antibióticos. El hombre explica que con un brazo amputado, sería mucho más vulnerable a los asaltos en las calles, y por lo tanto opta por los cuidados paliativos, a menos que pueda obtener vivienda, un objetivo muy fuera de su alcance en una ciudad con una escasez crítica de viviendas disponibles.
El hombre finalmente muere de sepsis (la médica se refiere a la causa como “pobreza terminal”), y explica: “. . .que la enfermedad en nuestros pacientes no es sólo un fenómeno biológico. Es la manifestación de la desigualdad social en los cuerpos de las personas”.
Estados Unidos gasta más dinero per cápita en atención de cuidados de salud que cualquier nación comparable en riqueza y tamaño, y sin embargo la esperanza de vida en la nación es inferior a la de cualquier nación similar. Hay muchas razones para esto, una de ellas tiene que ver con que Estados Unidos es la única nación avanzada sin atención de cuidados de salud universal para sus ciudadanos. La pobreza y el racismo también son factores importantes, con indicadores persistentes como las grandes brechas raciales en la mortalidad materna e infantil. Un estudio reciente de California encontró que los bebés nacidos de las madres negras más pobres tienen casi el doble de la tasa de mortalidad de las madres blancas más pobres, e incluso los bebés nacidos de las madres negras más ricas tienen una tasa de mortalidad más alta que las madres blancas más pobres.
Estados Unidos ha ido avanzando lentamente en la dirección de otras naciones avanzadas, aumentando gradualmente el papel federal en la garantía de la atención sanitaria para todos. Las elecciones de noviembre serán una especie de referéndum, que indicará una continuación de la dirección actual o un cambio significativo de política. Está en juego una elección entre dejar a los individuos más o menos librados a su suerte en una sociedad altamente desigual, o reconocer que la atención sanitaria –y la erradicación de la inequidad– es una responsabilidad colectiva.
Andrew Moss, sindicado por PeaceVoice, escribe sobre trabajo, no violencia y cultura desde Los Ángeles. Es profesor emérito (Estudios sobre la no violencia, inglés) de la Universidad Estatal de California.
Healthcare at a Crossroads
As the November election approaches, the nation again nears a crossroads on healthcare, with candidates diverging on a basic question of equity: who is to bear the risks and costs of care? For Donald Trump, his congressional allies, and conservative policy analysts, the answer is clear: cut government spending and shift the risks and costs back onto individuals, employers, and states. For Kamala Harris, the priorities move in a strikingly different direction: expand access to healthcare, strengthening the federal government’s role in guaranteeing health care for all Americans, no matter what their socio-economic status may be.
The differences show up most pointedly in the candidates’ positions on the Affordable Care Act (ACA) and Medicaid. Fourteen years after Congress passed the ACA, providing subsidies that enabled millions of Americans to obtain health insurance, the percentage of uninsured Americans has declined to an historic low of less than eight percent. Vice-President Harris has advocated for, and defended, the ACA, and is expected to support the extension of enhanced subsidies, introduced during the pandemic, beyond their expiration date of 2025. These subsidies have made it possible for many people to obtain marketplace coverage.
Donald Trump tried and failed to repeal the ACA in 2017, and since then he has vowed he “would make it much better than it is right now,” though without providing specifics. One likely course of action, however, would be to target the ACA’s protection of individuals against insurance denial because of pre-existing health conditions. As president, Trump authorized the expansion of short-term insurance plans as an alternative to the more comprehensive ACA marketplace plans. These short-term plans allowed insurers to bar people from coverage because of pre-existing conditions, and to set rates based on their medical histories.
More recently, the Republican Study Committee, a group comprising four-fifths of Republican congressional members and their leadership, released a budget proposal calling – among many other things – for an end to the federal government’s regulation regarding pre-existing conditions, and allowing states to decide whether or not to keep the rule.
Medicaid also represents a major difference between the candidates. A joint federal-state program established in 1965 along with Medicare, Medicaid now provides health insurance for almost 75 million low-income Americans. When Congress passed the Affordable Care Act in 2014, it included a provision to expand Medicaid coverage to all Americans earning up to 138 percent of the Federal Poverty Level. Forty-one states, including the District of Columbia, adopted the expanded coverage, along with federal matching grants to go with it, and 10 states (primarily Republican-controlled states) rejected it, keeping insurance out of reach for many low-income residents.
As president, Donald Trump approved waivers allowing states to set work requirements in order for people to receive Medicaid, and waiver programs have proved costly and ineffective. The Biden-Harris administration withdrew those waivers, claiming that work requirements do nothing to advance the purpose of Medicaid, which has been to expand access to healthcare.
What should voters make of these differences? One way to begin answering the question is to listen to people closest to the issues. An internist working at a San Francisco public hospital writes of treating an indigent man who requests hospice care rather than undergoing an amputation for a bone infection in his arm, an infection that doesn’t respond to antibiotics. The man explains that with an amputated arm, he’d be much more vulnerable to assault on the streets, and thus he opts for hospice – unless he’s able to get housing – a goal far out of reach in a city with a critical shortage of available housing.
The man eventually dies of sepsis (the physician refers to the cause as “end-stage poverty”), and she explains, “. . .that illness in our patients isn’t just a biological phenomenon. It’s the manifestation of social inequality in people’s bodies.”
The U.S. spends more money per capita on healthcare than any comparable nation in wealth and size, and yet life expectancy in the nation is lower than that of any peer nation. There are many reasons for this, one certainly having to do with the U.S. being the only advanced nation without universal health care for its citizens. Poverty and racism factor significantly as well, with persistent indicators like major racial gaps in maternal and infant mortality. A recent California study found that babies born to the poorest Black mothers have almost twice the mortality rate of the poorest white mothers, and even babies born to the wealthiest Black mothers have a higher mortality rate than the poorest white mothers.
The U.S. has been slowly moving in the direction of other advanced nations, gradually increasing the federal role in guaranteeing healthcare for all. This November’s election will be a referendum of sorts, indicating a continuation of the present direction or a significant reversal of policy. At stake is a choice between leaving individuals more or less to their own devices in a highly unequal society, or recognizing that healthcare – and the eradication of inequity – is a collective responsibility.
Andrew Moss, syndicated by PeaceVoice, writes on labor, nonviolence, and culture from Los Angeles. He is an emeritus professor (Nonviolence Studies, English) from the California State University.
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