Por/By Ervin Hoskins
Cuando el ejército de Estados Unidos se propone demostrar su poder, el lenguaje en Washington suele ser frío y tranquilizador. Los ataques de precisión y la disuasión restaurada suenan manejables. Las facturas cuentan una historia menos alentadora. En una evaluación del 15 de septiembre, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la guerra contra Irán le había costado al Pentágono unos 38 mil millones de dólares hasta el 1 de agosto. Los estadounidenses merecen saber qué se está comprando con ese enorme compromiso más allá de la capacidad de continuar el combate.
Un informe anterior del inspector general ofrece un análisis más detallado de los daños. Registra una estimación del Pentágono de 33.400 millones de dólares hasta el 29 de junio, incluyendo las obligaciones operativas y el valor de reposición de las municiones gastadas y el equipo perdido. Se excluyeron las reparaciones de infraestructura. Gran parte de esa estimación representa el costo de reemplazar lo que el ejército usó o perdió, en lugar del dinero ya desembolsado. La factura perseguirá a los estadounidenses incluso después de que termine el conflicto.
El costo financiero es solo la punta del iceberg de un problema estratégico más profundo. El mismo informe indica que los ataques iraníes dañaron o destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en toda la región. Las defensas avanzadas no hicieron que estas instalaciones fueran inmunes a los ataques. Los daños plantean una pregunta incómoda: ¿Cuánto del esfuerzo por proyectar el poder estadounidense se está dedicando ahora a proteger la infraestructura necesaria para sostenerlo?
Las pérdidas aéreas agravan esta situación. El informe enumera hasta 30 drones MQ-9 Reaper destruidos en diversas circunstancias y siete aviones cisterna KC-135 dañados o destruidos. Dos de estos aviones cisterna se vieron involucrados en una colisión sobre Irak; los otros cinco fueron alcanzados en tierra en Arabia Saudita. Los aviones cisterna ayudan a que otros aviones operen lejos de sus bases. Los daños a esta flota suponen una carga adicional para las fuerzas armadas, incluso mientras intentan sostener una costosa campaña.
También hay costos en términos de distancia y tiempo. El Comando Central de Estados Unidos informó a los inspectores que el traslado del apoyo logístico a Diego García, en el Océano Índico, implicaba ciclos de reabastecimiento marítimo de entre 14 y 18 días. Trasladar el apoyo a zonas más alejadas puede proteger al personal y el equipo, pero también dificulta el sostenimiento de las operaciones. Esto representa una limitación práctica del poder militar, que las presentaciones informativas, a menudo llenas de confianza, pueden ocultar.
El informe también identifica carencias estratégicas en los inventarios de municiones y cuellos de botella en la producción. Reponer las existencias de armas agotadas lleva tiempo, y una asignación presupuestaria no puede producir un misil de inmediato. Cuanto más se demore la reposición, más tiempo deberán los planificadores militares convivir con las consecuencias de las decisiones actuales. Los costos de esta campaña se extienden más allá del próximo ataque.
Mientras tanto, el mismo informe de supervisión documenta una importante cartera de ventas de armas a socios regionales. Su tabla de enero a junio asciende a unos 44.500 millones de dólares, combinando ventas de emergencia con planes anunciados para ventas no urgentes. Este período comenzó antes de la guerra. Los 12.000 millones de dólares destinados a Arabia Saudí, por ejemplo, se anunciaron en enero y principios de febrero. Por lo tanto, la cartera refleja relaciones militares de larga data, así como demandas de emergencia surgidas durante el conflicto.
Estas cifras de ventas describen negocios potenciales, no ganancias ya obtenidas. Las entregas y los pagos podrían realizarse posteriormente. Aun así, comparar estos factores con los costos de la guerra plantea una cuestión que merece mayor atención: ¿Qué sucede cuando una política que consume recursos públicos también puede generar años de nueva demanda para la industria armamentística?
Reconocer esta tensión no requiere una teoría conspirativa sobre empresas que orquestan guerras. Los responsables políticos y las empresas responden a diferentes responsabilidades e incentivos. Pero la perspectiva de futuros contratos no es un indicador de si una guerra está aumentando la seguridad de los estadounidenses. El interés público exige una evaluación de si el próximo despliegue o paquete de armas acerca el fin de los combates.
Los responsables políticos citan preocupaciones sobre la protección de los militares, el mantenimiento de las alianzas y la apertura de las rutas marítimas. Una defensa seria de la paz debe abordar estas preocupaciones. Pero el suministro de más armas y la extensión de las operaciones militares no deben eludir el escrutinio simplemente porque sean respuestas habituales. ¿Qué condiciones permitirían reducir los despliegues? ¿Cómo podría la diplomacia reducir las amenazas que se pretenden contener con otra ronda de gasto militar?
El Congreso debería exigir una rendición de cuentas pública periódica que separe los costos operativos, las estimaciones de reemplazo y las facturas de reparación. Antes de aprobar fondos adicionales para la guerra, los legisladores deberían exigir una explicación sobre la vía diplomática para poner fin al conflicto. Las revisiones de la venta de armas deberían considerar cómo las transferencias afectan las perspectivas de desescalada, además de su propósito defensivo inmediato.
Unas fuerzas armadas capaces de infligir daños tácticos masivos no son lo mismo que un gobierno capaz de garantizar una paz duradera. Las bases dañadas y las líneas de suministro sobreextendidas hacen que esa distinción sea difícil de ignorar. Washington está gastando miles de millones para proyectar poder. Los estadounidenses deberían exigir una política que haga menos necesario gastar los próximos miles de millones en librar la misma guerra.
Ervin Hoskins es un escritor independiente, defensor de la paz y activista antibélico estadounidense, centrado en la justicia, la igualdad y el análisis reflexivo de los asuntos internacionales.
Cost of American Power in the Iran War
When the United States military sets out to demonstrate its power, the language in Washington is often clinical and reassuring. Precision strikes and restored deterrence sound manageable. The bills tell a less comforting story. In a Sept. 15 assessment, the Congressional Budget Office estimated that the war against Iran had cost the Pentagon about $38 billion through Aug. 1. Americans deserve to know what that enormous commitment is buying beyond the capacity to keep fighting.
An earlier inspector general report offers a closer look at the damage. It records a Pentagon estimate of $33.4 billion through June 29, including operational obligations and the replacement value of expended munitions and lost equipment. Infrastructure repairs were excluded. Much of that estimate represents the cost of replacing what the military used or lost, rather than cash already paid out. The bill will follow Americans beyond the fighting itself.
The financial price tag is only the surface of a deeper strategic problem. The same report says Iranian strikes damaged or destroyed hundreds of buildings and structures at U.S. bases across the region. Advanced defenses did not make those installations immune to attack. The damage raises an uncomfortable question: How much of the effort to project American power is now being spent protecting the infrastructure needed to sustain it?
The toll in the air adds to that burden. The report lists as many as 30 MQ-9 Reaper drones destroyed in various circumstances and seven KC-135 refueling aircraft damaged or destroyed. Two of those tankers were involved in a collision over Iraq; the other five were hit on the ground in Saudi Arabia. Refueling aircraft help other planes operate far from their bases. Damage to that fleet creates another demand on the military even as it tries to sustain an expensive campaign.
There are costs in distance and time, too. U.S. Central Command told the inspectors that shifting logistics support to Diego Garcia, in the Indian Ocean, meant sea resupply cycles of 14 to 18 days. Moving support farther away may protect personnel and equipment, but it also makes sustaining operations harder. That is a practical limit on military power, one that confident briefings can obscure.
The report also identifies strategic shortages in munitions inventories and bottlenecks in production. Replenishing depleted weapons stocks takes time, and an appropriation cannot instantly produce a missile. The longer replenishment takes, the longer military planners must live with the consequences of today’s decisions. The costs of this campaign extend beyond the next strike.
Meanwhile, the same oversight report documents a substantial pipeline of arms sales to regional partners. Its January-June table totals about $44.5 billion, combining emergency sales with announced plans for nonemergency sales. That period began before the war. The $12 billion listed for Saudi Arabia, for example, was announced in January and early February. The pipeline therefore reflects longstanding military relationships as well as emergency demands arising during the conflict.
These sales figures describe prospective business, not profits already earned. Deliveries and payments may come later. Even so, placing them beside the war’s costs raises a question that deserves more attention: What happens when a policy that consumes public resources can also generate years of new demand for the weapons industry?
Acknowledging that tension does not require a conspiracy theory about companies engineering wars. Policymakers and businesses respond to different responsibilities and incentives. But the prospect of future contracts is no measure of whether a war is making Americans safer. The public interest requires an assessment of whether the next deployment or weapons package brings an end to the fighting closer.
Policymakers cite concerns about protecting service members, maintaining alliances and keeping shipping routes open. A serious case for peace must address those concerns. But supplying more arms and extending military operations should not escape scrutiny simply because they are familiar responses. What conditions would allow deployments to shrink? How would diplomacy reduce the threats that another round of military spending is meant to contain?
Congress should require regular public accounting that separates operating costs, replacement estimates and repair bills. Before approving additional war funding, lawmakers should demand an explanation of the diplomatic path to ending the conflict. Arms-sale reviews should consider how transfers affect prospects for de-escalation, alongside their immediate defensive purpose.
A military capable of inflicting massive tactical damage is not the same as a government capable of securing a lasting peace. The damaged bases and stretched supply lines make that distinction harder to ignore. Washington is spending billions to project power. Americans should insist on a policy that makes it less necessary to spend the next billions fighting the same war.
Ervin Hoskins is an American freelance writer, peace advocate and anti-war activist focused on justice, equality and thoughtful analysis of international affairs.
