Por/By Lawrence S. Wittner
Si se examina el enfoque de Donald Trump en los asuntos internacionales desde su llegada a la política estadounidense, no sorprende que haya trabajado para debilitar a las Naciones Unidas.
La ONU se basa en la cooperación internacional, así como en lo que la Carta de la ONU denomina “la igualdad de derechos… de las naciones grandes y pequeñas”. Busca acabar con el flagelo de la guerra y “promover el progreso social” para los pueblos del mundo.
En contraste, Trump ha abogado por una vía nacionalista para Estados Unidos. Durante su campaña presidencial de 2016, proclamó que “Estados Unidos Primero” sería “el lema principal y primordial de mi administración”. En su discurso inaugural de 2017, prometió: “De hoy en adelante, solo Estados Unidos primero”. De hecho, “América Primero” se convirtió en su lema de lucha, al tiempo que defendía un nacionalismo inusualmente agresivo. “¿Saben qué soy?”, preguntó Trump a una multitud en Houston. “Soy nacionalista, ¿de acuerdo? Soy nacionalista. ¡Nacionalista!”. En ocasiones, sus muestras de superpatriotismo —que atrajeron fuertemente al público de derecha— incluían abrazar y besar la bandera estadounidense.
Dada esta orientación nacionalista, Trump se dedicó durante su primer gobierno a desmantelar instituciones clave de las Naciones Unidas y del sistema de derecho internacional en general. Retiró al gobierno estadounidense del Acuerdo de París sobre el Clima, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). También logró que el gobierno estadounidense votara en contra del Pacto Mundial sobre Refugiados, suspendió la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, e impuso sanciones a un organismo internacional clave, la Corte Penal Internacional, que investiga y enjuicia a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión.
Sin embargo, muchas de estas medidas de Trump fueron revertidas bajo la presidencia posterior de Joseph Biden, quien vio al gobierno estadounidense reincorporarse y reforzar la mayoría de las organizaciones internacionales atacadas por su predecesor.
Sin embargo, con la elección de Trump para un segundo mandato en 2020, la arremetida nacionalista del gobierno estadounidense se reanudó. En enero de 2025, la representante estadounidense Elise Stefanik (republicana por Nueva York), al testificar en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre su nominación como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, atacó a la organización mundial y prometió utilizar su nuevo cargo para promover la agenda de Trump de “Estados Unidos primero”. “Nuestros impuestos”, argumentó, “no deberían ser cómplices de apoyar entidades contrarias a los intereses estadounidenses”. El senador Jim Risch (republicano por Idaho), presidente del comité, se sumó al ataque y criticó duramente a las Naciones Unidas, exigiendo una reevaluación de cada agencia de la ONU para determinar si sus acciones beneficiaron a Estados Unidos. De no ser así, dijo, “debemos exigirles responsabilidades hasta que la respuesta sea un sí rotundo”. Añadió que “Estados Unidos debería examinar seriamente si nuevas contribuciones, e incluso la participación en la ONU, benefician al pueblo estadounidense”.
Simultáneamente, la nueva administración Trump comenzó a arrollar a las entidades de la ONU y otras instituciones internacionales consideradas contrarias a sus prioridades de “Estados Unidos Primero”. Bajo su dirección, el gobierno estadounidense se retiró de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se negó a participar en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, anunció planes para retirarse de la UNESCO e impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno estadounidense ejerció su poder de veto para bloquear una resolución de junio de 2025 que exigía un alto el fuego permanente en Gaza y la liberación de todos los rehenes, una medida apoyada por los otros 14 miembros de esa entidad de la ONU.
La administración Trump también ha trabajado para debilitar a las Naciones Unidas reduciendo sus exiguos ingresos. En julio de 2025, la legislación de rescisión, patrocinada por la administración y aprobada por el Congreso controlado por los republicanos, retiró cerca de mil millones de dólares en fondos que la legislación estadounidense había asignado a la organización mundial en presupuestos anteriores. Esta acción tendrá efectos devastadores en una amplia variedad de programas de la ONU, como UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
Además, el presupuesto fiscal de 2026 de la administración propone finalizar los pagos a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y suspender la mayoría de las demás contribuciones a la ONU. Aunque la financiación estadounidense a las Naciones Unidas es en realidad bastante mínima (por ejemplo, una cuota de tan solo 820 millones de dólares anuales para el presupuesto ordinario de la ONU), el gobierno estadounidense ha acumulado una deuda de 1500 millones de dólares (la mayor deuda de cualquier nación) con el presupuesto ordinario y otros 1300 millones de dólares con el presupuesto independiente para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
La hostilidad de la administración Trump hacia las Naciones Unidas contrasta profundamente con la actitud del público estadounidense hacia la organización mundial. Por ejemplo, una encuesta del Pew Research Center realizada a finales de marzo de 2025 reveló que el 63 % de los encuestados estadounidenses afirmó que su país se beneficiaba de la membresía en la ONU, un 3 % más que la primavera anterior. Y el 57 % de los estadounidenses encuestados tenía una opinión favorable de las Naciones Unidas, un 5 % más desde 2024.
Además, una encuesta de opinión pública de la Universidad de Maryland realizada en junio de 2025 reveló que el 84 % de los estadounidenses encuestados deseaba que el gobierno estadounidense colaborara con las Naciones Unidas al mismo nivel actual o superior. Esto incluía el apoyo del 83 % a UNICEF, el 81 % a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el 81 % al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 79 % a la Organización Mundial de la Salud y el 73 % al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Este firme respaldo a un enfoque global para los asuntos mundiales no fue casualidad. Incluso en el caso de la Corte Penal Internacional, una entidad internacional independiente a la que el gobierno estadounidense nunca se había unido y que Trump había denunciado rotundamente y sancionado en dos ocasiones, el 62 % de los estadounidenses encuestados expresó su aprobación de la organización.
El enfoque de Trump de “Estados Unidos primero” sin duda puede conmover a sus seguidores más acérrimos. Pero la mayoría de los estadounidenses reconoce que la vida en el mundo moderno exige ir más allá de un nacionalismo estrecho.
El Dr. Lawrence Wittner, sindicado por PeaceVoice, es profesor emérito de Historia en la Universidad Estatal de Nueva York/Albany y autor de “Confronting the Bomb” (Stanford University Press).
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Trump’s Assault Upon the United Nations Is at Odds with U.S. Public Opinion
If one examines Donald Trump’s approach to world affairs since his entry into American politics, it should come as no surprise that he has worked to undermine the United Nations.
The United Nation is based on international cooperation, as well as on what the UN Charter calls “the equal rights . . . of nations large and small.” It seeks to end “the scourge of war” and to “promote social progress” for the people of the world.
By contrast, Trump has advocated a nationalist path for the United States. Campaigning for the presidency in 2016, he proclaimed that “America First” would “be the major and overriding theme of my administration.” In his 2017 inaugural address, he promised: “From this day forward, it’s going to be only America first.”
Indeed, “America First” became his rallying cry as he championed an unusually aggressive nationalism. “You know what I am?” Trump asked a crowd in Houston. “I’m a nationalist, O.K.? I’m a nationalist. Nationalist!” Sometimes, his displays of superpatriotism―which appealed strongly to rightwing audiences―included hugging and kissing the American flag.
Given this nationalist orientation, Trump turned during his first administration to dismantling key institutions of the United Nations and of the broader system of international law. He withdrew the U.S. government from the Paris Climate Agreement, the World Health Organization, the UN Human Rights Council, and the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). He also had the U.S. government vote against the Global Compact on Refugees, suspend funding for the UN Population Fund and the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees, and impose sanctions on a key international agency, the International Criminal Court, which investigates and prosecutes perpetrators of genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression.
Nevertheless, many of these Trump measures were reversed under the subsequent presidency of Joseph Biden, which saw the U.S. government rejoin and bolster most of the international organizations attacked by his predecessor.
With Trump’s 2020 election to a second term, however, the U.S. government’s nationalist onslaught resumed. In January 2025, U.S. Representative Elise Stefanik (R-NY), testifying at a Senate Foreign Relations Committee hearing on her nomination to become U.S. ambassador to the United Nations, assailed the world organization, and promised to use her new post to promote Trump’s “America First” agenda. “Our tax dollars,” she argued, “should not be complicit in propping up entities that are counter to American interests.” Joining the attack, Senator Jim Risch (R-Idaho), the committee chair, sharply criticized the United Nations and called for a reevaluation of every UN agency to determine if its actions benefited the United States. If they didn’t, he said, “hold them accountable until the answer is a resounding yes.” He added that “the U.S. should seriously examine if further contributions and, indeed, participation in the UN is even beneficial to the American people.”
Simultaneously, a new Trump administration steamroller began advancing upon UN entities and other international institutions viewed as out of line with his “America First” priorities. At his direction, the U.S. government withdrew from the World Health Organization and the UN Human Rights Council, refused to participate in the UN Relief and Works Agency, announced plans to withdraw from UNESCO, and imposed new sanctions on the International Criminal Court. In the UN Security Council, the U.S. government employed its veto power to block a June 2025 resolution demanding a permanent ceasefire in Gaza and release of all hostages―a measure supported by the 14 other members of that UN entity.
The Trump administration has also worked to cripple the United Nations by reducing its very meager income. In July 2025, rescissions legislation sponsored by the administration and passed by the Republican-controlled Congress pulled back some $1 billion in funding that U.S. legislation had allocated to the world organization in previous budgets. This action will have devastating effects on a broad variety of UN programs, including UNICEF, the UN Development Program, the UN Environment Program, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and the UN Fund for Victims of Torture.
Moreover, the administration’s fiscal 2026 budget proposes ending UN Peacekeeping payments and pausing most other contributions to the United Nations. Although U.S. funding of the United Nations is actually quite minimal―for example, dues of only $820 million per year for the regular UN budget―the U.S. government has now compiled a debt of $1.5 billion (the highest debt of any nation) to the regular budget and another $1.3 billion to the separate UN Peacekeeping budget.
The Trump administration’s hostility to the United Nations is sharply at odds with the American public’s attitude toward the world organization. For example, a Pew Research Center poll in late March 2025 found that 63 percent of U.S. respondents said that their country benefited from UN membership―up 3 percent from the previous spring. And 57 percent of Americans polled had a favorable view of the United Nations―up 5 percent since 2024.
Furthermore, a University of Maryland public opinion survey in June 2025 found that 84 percent of Americans it polled wanted the U.S. government to work with the United Nations at current levels or more. This included 83 percent supporting UNICEF, 81 percent UN Peacekeeping, 81 percent the UN World Food Program, 79 percent the World Health Organization, and 73 percent the UN Environment Program.
Nor was this strong backing for a global approach to global affairs a fluke. Even when it came to the International Criminal Court, an independent international entity that the U.S. government had never joined and that Trump had roundly denounced and twice ordered sanctioned, 62 percent of Americans surveyed expressed their approval of the organization.
Trump’s “America First” approach can certainly stir up his hardcore followers. But most Americans recognize that life in the modern world requires moving beyond a narrow nationalism.
Dr. Lawrence Wittner, syndicated by PeaceVoice, is Professor of History emeritus at SUNY/Albany and the author of Confronting the Bomb (Stanford University Press).
