Por/By Ron Klink
Los costos de la atención médica están asfixiando a los estadounidenses. La prima promedio de un plan de salud familiar patrocinado por el empleador ya supera los 26.000 dólares anuales, y aun así las familias deben afrontar deducibles cada vez más altos y gastos de su propio bolsillo. Casi cuatro de cada diez estadounidenses han pospuesto o renunciado a recibir atención médica por no poder costearla.
Cuando formé parte del Congreso en la década de 1990, escuchaba una queja recurrente entre sindicalistas, jubilados y familias trabajadoras: tenían cobertura sobre el papel, pero al necesitar atención, se sentían atrapados luchando contra un sistema diseñado para desgastarlos. Por aquel entonces, muchos estadounidenses aún recordaban un sistema de salud donde los roles estaban más claros: los médicos tomaban las decisiones clínicas, las farmacias surtían las recetas, los hospitales brindaban la atención y las aseguradoras pagaban las reclamaciones.
Aquel sistema nunca fue perfecto, pero comparado con el actual, parece casi utópico. Un puñado de empresas controla hoy prácticamente todos los aspectos de la atención médica. Cada vez rechazan más reclamaciones, retrasan la atención crítica de los pacientes y obligan a proveedores y pacientes a someterse a procesos de apelación costosos y lentos, simplemente para generar ganancias.
Por eso ha llegado el momento de que mis colegas demócratas dejen de lado las medias tintas y procedan, lisa y llanamente, a desmantelar las grandes aseguradoras que ejercen un control asfixiante sobre todo el sector sanitario.
Históricamente, las compañías de seguros se centraban en gestionar el riesgo y negociar con los proveedores para reducir los costos de la atención.
Sin embargo, las mayores aseguradoras actuales tienen un enfoque distinto. Son propietarias de grupos médicos, clínicas, farmacias y gestores de beneficios farmacéuticos. En resumen, poseen una parte de cada nivel del sistema de salud. Y luego canalizan a los pacientes a través de ese sistema de manera que maximicen sus propias ganancias, en lugar de buscar lo mejor para el paciente.
UnitedHealth Group, por ejemplo, obtiene miles de millones moviendo a los pacientes de un lado a otro entre sus 2.700 filiales. Su división de seguros dirige a unos 50 millones de estadounidenses hacia los 90.000 médicos que emplea o controla, quienes, a su vez, derivan a los pacientes a clínicas e instalaciones propiedad de UnitedHealth. Su gestor de beneficios farmacéuticos dirige a los pacientes a farmacias afiliadas que inflan el precio de los tratamientos.
La mayoría de los demás grandes conglomerados de atención médica han adoptado ese mismo modelo de negocio. Además, han demostrado una astucia retorcida para eludir las normativas y leyes destinadas a frenar su afán de lucro.
Por ejemplo, cuando los demócratas aprobaron la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), exigieron a las aseguradoras que destinaran al menos el 85 % de los ingresos por primas a la atención médica propiamente dicha.
Sin embargo, el sector se adaptó: básicamente, compraron a los proveedores de servicios y luego transfirieron los fondos exigidos a sus propias filiales. Al mover el dinero a través de la red de empresas que ahora poseen, los grandes conglomerados pueden inflar artificialmente los beneficios de una filial, reducirlos en otra y aparentar que gastan dinero en atención médica, cuando en realidad están maximizando sus ganancias, minimizando su carga fiscal y estafando a los pacientes.
Resultaría prácticamente imposible desenmarañar con precisión esta red de operaciones en beneficio propio. Por ello, los demócratas deberían simplemente cortar este nudo gordiano de la política sanitaria.
La senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) presentó recientemente un proyecto de ley para lograr precisamente eso. La Ley para Desmantelar a los Gigantes de la Medicina (*Break Up Big Medicine Act*) prohibiría que una misma empresa fuera propietaria del plan de seguros, del intermediario gestor de prestaciones farmacéuticas y de los médicos o clínicas que prestan la atención.
Promover su desmantelamiento sería una propuesta ganadora de cara a las elecciones de mitad de mandato.
El excongresista demócrata Ron Klink cumplió cuatro mandatos consecutivos representando al cuarto distrito electoral de Pensilvania.
Este artículo apareció originalmente en el *Pittsburgh Tribune-Review*.
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Democrats Should Go Bigger on Insurance Reform
Healthcare costs are crushing Americans. The average premium for an employer-sponsored family health plan now exceeds $26,000 a year — and families are then still on the hook for ever-higher deductibles and out-of-pocket bills. Nearly four in 10 Americans have delayed or skipped care because they couldn’t afford it.
When I served in Congress in the 1990s, I heard a familiar refrain from union members, retirees, and working families: they had coverage on paper, but when they needed care, they felt stuck fighting a system designed to wear them down. Back then, many Americans still remembered a health system where the roles were clearer: doctors made medical decisions, pharmacies filled prescriptions, hospitals delivered care, and insurers paid claims.
That system was never perfect — yet compared to today, it seems almost utopian. A handful of companies now control nearly every aspect of healthcare. They are increasingly denying claims, delaying critical patient care, and forcing providers and patients into a costly and time-consuming appeals process simply to generate profit.
That’s why it’s time for my fellow Democrats to dispense with half-measures — and simply break up the big insurers that have a stranglehold over the entire healthcare sector.
Historically, insurance companies focused on managing risk and negotiating with providers to bring down the cost of care.
But today’s largest insurance companies have a different focus. They own doctor groups. They own clinics. They own pharmacies and pharmacy benefit managers. In short, they own a piece of every level of the healthcare system. And then they steer patients through that system in ways that maximize their own profits — not what’s best for the patient.
UnitedHealth Group, for example, rakes in billions moving patients back and forth between its 2,700 subsidiaries. Its insurance arm funnels about 50 million Americans toward the 90,000 physicians it employs or controls, who, in turn, refer patients to UnitedHealth-owned clinics and facilities. Its pharmacy benefit manager directs patients to affiliated pharmacies that mark up the price of treatments.
Most of the other big healthcare conglomerates have adopted that same business model. And they’ve proven deviously smart at evading regulations and legislation meant to curb their profiteering.
For instance, when Democrats passed the Affordable Care Act, they required insurers to spend at least 85% of premium dollars on actual medical care.
But the industry adapted — by essentially buying up providers and then paying out the required funds to their own subsidiaries. By shifting money through the web of companies they now own the big conglomerates can artificially inflate profits in one subsidiary, minimize them in another, and make it look like they’re spending money on care, when in reality they’re maximizing their profits, minimizing their tax liability, and bilking patients.
It’d be virtually impossible to carefully untangle this web of self-dealing. So Democrats ought to simply cut through this Gordian knot of healthcare policy.
Senator Elizabeth Warren (D-MA) recently introduced legislation to do exactly that. The Break Up Big Medicine Act would prohibit the same company from owning the insurance plan, the pharmacy benefit manager middleman, and the doctors or clinics that provide care.
Breaking them up would be a winning platform for the midterms.
Former Democratic Congressman Ron Klink served four consecutive terms representing Pennsylvania’s 4th Congressional District. This article originally appeared in the Pittsburgh Tribune-Review.
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