Como al cajero automático de Washington
Por/By Dan Crippen
Washington recurre cada vez más a una “hucha” oculta para financiar sus crecientes compromisos en materia de atención sanitaria. Los defensores de esta estrategia proclaman que no cuesta ni un centavo a los contribuyentes, pero eso es una ilusión. Esta práctica está drenando silenciosamente una de las industrias más importantes de Estados Unidos y amenaza con deteriorar la salud de millones de estadounidenses, al tiempo que aumenta considerablemente el gasto sanitario futuro.
Cada año, los responsables políticos obligan a los fabricantes de medicamentos recetados a transferir decenas de miles de millones de dólares a hospitales y otros proveedores (principalmente clínicas) mediante reembolsos y descuentos obligatorios. Estas transferencias no salen del erario federal ni aparecen como una partida específica en el presupuesto, por lo que la mayoría de los estadounidenses desconoce que esto sucede. Y a los responsables políticos les parece perfecto que así siga siendo.
Pero, como dice el refrán, nada es gratis. Con el tiempo, estas transferencias provocarán una reducción en la capacidad de innovación médica del país. Esto privaría a los pacientes de la próxima generación de tratamientos que salvan vidas. Además, el mayor gasto sanitario derivado de una población con peor salud tendrá, sin duda, un impacto significativo en el presupuesto federal.
El ejemplo más claro de este gasto extrapresupuestario es el Programa de Precios de Medicamentos 340B, establecido por los legisladores hace más de tres décadas para ayudar a los proveedores de redes de seguridad social a acceder a medicamentos con descuento y ampliar la atención benéfica. En lugar de financiar directamente ese apoyo, el Congreso ordenó a los fabricantes de medicamentos ofrecer grandes descuentos a determinados hospitales y clínicas que atienden a pacientes de bajos ingresos y sin seguro médico.
Las intenciones de los legisladores eran buenas, pero con el paso del tiempo el programa se ha expandido drásticamente debido a la escasa supervisión y a cambios en las directrices normativas. Actualmente, más de 2.600 hospitales participan en el programa 340B, frente a los cerca de 50 que había cuando comenzó. Existen 32.000 farmacias que gestionan medicamentos del programa 340B mediante 240.000 contratos, la mayoría de ellos con hospitales. En 2024, el programa transfirió efectivamente más de 66.000 millones de dólares de los fabricantes de medicamentos a hospitales y otras “entidades cubiertas”.
En lugar de trasladar esos ahorros a los pacientes de bajos ingresos, muchos hospitales venden los medicamentos adquiridos con descuento a empleadores, a sus empleados y a compañías de seguros aplicando márgenes elevados, quedándose ellos con la diferencia. Los beneficios que obtienen del programa superan con creces el gasto total que destinan a la atención benéfica. En efecto, la naturaleza del programa —que opera fuera del presupuesto oficial y carece prácticamente de límites— ha propiciado abusos enormes, permitiendo a los grandes sistemas hospitalarios obtener miles de millones en ganancias con mucha menos rendición de cuentas que un programa gubernamental convencional.
Si los responsables de formular políticas continúan extrayendo fondos de los fabricantes de medicamentos para ampliar los programas de salud —aumentando así el déficit—, impedirán el desarrollo de terapias que habrían aportado beneficios mucho mayores a largo plazo.
Lanzar un nuevo medicamento al mercado suele llevar más de una década y costar más de 2.000 millones de dólares. Nueve de cada diez fármacos candidatos fracasan durante los ensayos clínicos. Las empresas solo invierten en estos proyectos si confían en que sus escasos éxitos generarán rentabilidad y financiarán la siguiente etapa de investigación.
Cuando las autoridades reducen reiteradamente esos rendimientos y detraen parte de los ingresos de las compañías, disminuye el incentivo para invertir en nuevos esfuerzos de investigación y desarrollo. Esto conlleva graves consecuencias para los pacientes, así como para los trabajadores, los empleadores y los contribuyentes.
Basta considerar cómo las innovaciones farmacéuticas han transformado la atención de las enfermedades crónicas, responsables del 90 % del gasto sanitario en Estados Unidos. Las estatinas transformaron el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Las inmunoterapias revolucionaron el tratamiento del cáncer. Los fármacos GLP-1 prometen revertir el avance de la diabetes y la obesidad. Avances de este tipo reducen el gasto sanitario a largo plazo al evitar hospitalizaciones y frenar la progresión de las enfermedades.
Ampliar el acceso de los estadounidenses a los tratamientos es un objetivo importante. Sin embargo, obligar a los fabricantes de medicamentos a financiar directamente programas gubernamentales no es sostenible.
Dan Crippen es exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Este artículo se publicó originalmente en The Washington Examiner.
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Stop Treating Drug Makers Like Washington’s ATM
Washington is increasingly tapping a hidden “piggy bank” to fund its growing healthcare commitments. Proponents of this strategy proclaim that it doesn’t cost taxpayers a dime, but that’s an illusion. It’s quietly draining one of America’s most important industries — and threatens to degrade millions of Americans’ health while greatly increasing future healthcare spending.
Each year, policymakers force prescription drug manufacturers to transfer tens of billions of dollars to hospitals and other providers (mostly clinics) — through mandatory rebates and discounts. These transfers don’t come out of the federal treasury or show up as a line item on the budget, so most Americans have no idea this is happening. And policymakers are perfectly happy to keep it that way.
But as the saying goes, there’s no free lunch. Over time, these transfers will cause the nation’s medical innovation pipeline to shrink. That’d deny patients the next generation of lifesaving treatments. And the higher healthcare spending that results from a sicker population absolutely will have a significant impact on the federal budget.
The clearest example of this off-budget spending is the 340B Drug Pricing Program, which lawmakers established more than three decades ago to help safety-net providers access discounted medicines and expand charity care. Rather than fund that support directly, Congress mandated that drug makers provide steep discounts to certain hospitals and clinics that treat low-income and uninsured patients.
Lawmakers meant well — but over time, the program has expanded dramatically due to limited oversight and changes in regulatory guidance. More than 2,600 hospitals now participate in the 340B program, up from around 50 when it first began. There are 32,000 pharmacies that handle 340B drugs with 240,000 contracts — the majority with hospitals. In 2024, the program effectively transferred over $66 billion from drug makers to hospitals and other “covered entities.”
Instead of passing those savings on to low-income patients, many hospitals sell those discounted drugs to employers, their employees, and insurance companies at significant markups and pocket the spread. Their profits from the program far exceed their total spending on charity care.
In effect, the off-budget and effectively unlimited nature of the program has driven tremendous abuse — allowing large hospital systems to extract billions in profit with far less accountability than an on-the-books government program.
If policymakers continue to extract money from drug manufacturers to expand health programs now — and increase the deficit — they will prevent the development of therapies that would have delivered far greater long-term benefits.
Bringing a new drug to market typically takes more than a decade and costs over $2 billion. Nine in 10 drug candidates fail during clinical trials. Companies only invest in these efforts if they have confidence that their rare successes will generate a return and fund the next round of research.
When policymakers repeatedly reduce those returns and skim off companies’ revenue, the incentive to invest in new R&D efforts shrinks. That brings serious consequences for patients — and workers, employers, and taxpayers.
Consider how drug innovations have transformed chronic disease care, which drives 90% of U.S. healthcare spending. Statins reshaped cardiovascular care. Immunotherapies revolutionized cancer treatment. GLP-1 drugs promise to reverse the rising tide of diabetes and obesity. Breakthroughs like these reduce long-term healthcare spending by preventing hospitalizations and slowing disease progression.
Expanding Americans’ access to treatments is an important goal. But forcing drug makers to directly bankroll government programs is not sustainable.
Dan Crippen is a former director of the Congressional Budget Office. This article originally ran in The Washington Examiner.
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