Defensores de los derechos humanos piden al gobierno federal que aborde la contaminación del agua potable/Human Rights Advocates Call

Defensores de los derechos humanos piden al gobierno federal que aborde la contaminación del agua potable/Human Rights Advocates Call

Se presentará una petición de emergencia bajo la Ley federal de Agua Potable Segura

Chicago, Illinois (NED).– El lunes 15 de abril, los defensores de los derechos de los prisioneros presentarán una petición legal solicitando a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) que tome medidas de emergencia para abordar el problema crítico del agua potable insalubre y el envejecimiento de la infraestructura que ha plagado las prisiones de Illinois e impactado a miembros de la comunidad encarcelados durante décadas.

Los defensores celebrarán una conferencia de prensa afuera de 77 W. Jackson Blvd en Chicago el lunes 15 de abril a las 10:00 a. m. CST, mientras entregan la petición legal. Buscan una acción de emergencia bajo la autoridad de “peligro inminente y sustancial” de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) para proteger a los miles de personas negras, morenas y de otro tipo retenidas dentro del Departamento Correccional de Illinois (IDOC) de amenazas a su salud y bienestar. debido a sistemas de agua y saneamiento extremadamente descuidados.

“Hemos tenido tanta gente afectada por el agua. Hay días que nos dicen que no bebamos agua sin motivo y muchos detenidos ni siquiera reciben una nota. Hay personas detenidas que tienen erupciones cutáneas por usar el agua de la ducha. Cuando nos cepillamos los dientes con agua caliente, nos deja un sabor amargo en la boca. El efecto que tiene sobre nosotros que tenemos que beberlo empeora aún más las cosas. Últimamente no han estado vendiendo agua en la comisaría”, dijo alguien detenido dentro del Centro Correccional de Pinckneyville.

“Recientemente, después de regresar de una sesión nocturna de gimnasio, nos dijeron que debíamos esperar a que nos entregaran agua limpia en breve. Más temprano ese día, el agua estaba marrón y esto sucede con frecuencia. He desarrollado descamación, piel agrietada, irritación y picazón debido al agua aquí”, dijo alguien encarcelado en el Centro Correccional Illinois River. “A pesar de todos los días que tenemos agua marrón, todavía no trabajan para solucionar el problema y darnos agua potable”.

Alan Mills, director ejecutivo del UptownPeople’sLaw Center, dijo: “No hay excusa para no proporcionar a las personas en prisión agua que no esté envenenada. El estado de Illinois sabe desde hace años que todo el sistema penitenciario tiene una infraestructura que falla seriamente, pero no ha hecho nada para solucionarlo. Por lo tanto, pedimos que el gobierno federal intervenga. Si Illinois no puede o se niega a albergar a personas en prisión de manera segura, necesita acelerar su liberación, utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la liberación médica, premios acelerados de “buen tiempo” ‘crédito y más”.

“La Ley de Agua Potable Segura es una ley federal cuyo objetivo es garantizar que todos los estadounidenses puedan beber del grifo sin temor a que el agua los enferme. Esa protección no se limita ni debe limitarse a los muros de la prisión. Las personas encarceladas en las instalaciones del IDOC tienen derecho a agua potable. Debido a que el estado no actúa, tenemos que pedirle al gobierno federal que intervenga”, dijo Robert A. Weinstock, director del Centro de Defensa Ambiental de la Facultad de Derecho Northwestern Pritzker.

Décadas de negligencia por parte del IDOC y otras agencias han provocado problemas sistémicos que incluyen contaminación por Legionella, problemas peligrosos de plomo e inundaciones de aguas residuales. A pesar de años de quejas de personas encarceladas y sus defensores, y vagas promesas de acción por parte del IDOC, el Estado no ha abordado el problema, lo que motivó esta urgente solicitud legal de intervención. La presentación destaca la urgente necesidad de:

  • Llevar agua potable a las personas encarceladas debido a los repetidos problemas con el agua potable, así como con el agua utilizada para cocinar y lavar. Hay constantes atascos y desbordamientos de los sanitarios, lo que provoca la contaminación del agua potable y de los espacios habitables con materia fecal.
  • La EPA de EE.UU. tomará una acción de emergencia debido al control ejercido por IDOC sobre los sistemas de agua potable y saneamiento en las prisiones. Esos problemas, junto con el acceso público limitado para investigarlos o abordarlos, plantean preocupaciones sobre la supervisión regulatoria y la rendición de cuentas. La obligación del Estado de proporcionar sistemas de agua potable y saneamiento para las personas en prisión requiere una acción inmediata e integral, que podría incluir cierres o reubicaciones de instalaciones, particularmente a la luz del deterioro de la infraestructura y los múltiples contaminantes que representan amenazas más allá de los marcos regulatorios actuales.
  • Intervención de la EPA de EE. UU. para proteger a las personas en prisión de los riesgos inminentes para la salud que plantean los sistemas de agua y alcantarillado contaminados, mediante la implementación de medidas de mitigación de emergencia que incluyen el suministro gratuito de agua embotellada y mecanismos de liberación acelerada para garantizar que las personas no estén expuestas a daños. Es imperativa una acción inmediata, considerando tanto la insuficiencia de las soluciones actuales como el precedente sentado por la capacidad de Illinois para liberar a personas durante la emergencia sanitaria de COVID-19.
  • La EPA de EE. UU. ordenará que IDOC proporcione fuentes alternativas de agua suficientes, seguras y gratuitas a las personas recluidas en prisiones, lo que representará menores riesgos para la salud y la seguridad durante el período intermedio mientras se identifican e implementan problemas o soluciones de infraestructura en todas las prisiones.

Las organizaciones que se han sumado para apoyar este esfuerzo incluyen la Coalición para Descarcerar a Illinois, Equity Legal Services, el Capítulo de Illinois del Sierra Club, el Consejo Ambiental de Illinois, la Asociación John Howard, la Organización de Justicia Ambiental de La Villita, Loevy&Loevy, el Proyecto de Prisión de Illinois, el Proyecto Ambiental del Sudeste. TaskForce, UptownPeople’sLaw Center y el EnvironmentalAdvocacy Center de la Facultad de Derecho Northwestern Pritzker.

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Human Rights Advocates Call on Federal Government to Address Toxic Drinking Water 

An emergency petition will be filed under the federal Safe Drinking Water Act

Chicago, Illinois (NED).– On Monday, April 15th, prisoners’ rights advocates will file a legal petition asking the U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) to take emergency action to address the critical issue of unsafe drinking water and aging infrastructure that has plagued Illinois prisons and impacted imprisoned community members for decades.

Advocates will hold a press conference outside of 77 W. Jackson Blvd in Chicago on Monday, April 15th at 10:00 AM CST, while they deliver the legal petition. They seek emergency action under the Safe Drinking Water Act’s (SDWA) “imminent and substantial endangerment” authority to protect the thousands of Black, brown, and other individuals held inside the Illinois Department of Corrections (IDOC) from threats to their health and well-being due to grossly neglected water and sanitation systems.

“We have had so many people affected by the water. There are days they tell us not to drink the water without reason and many individuals in custody won’t even get a memo. There are individuals in custody who have skin rashes from using the water in the shower. When we brush our teeth with hot water, it leaves a sour taste in our mouths. The effect it has on us who have todrink it makes things even worse. Lately, they have not been selling any water on the commissary,” said someone being held inside Pinckneyville Correctional Center.

“Recently, we were told after returning from a night gym session that we should wait for them to deliver clean water shortly. Earlier in the day, the water was brown and this frequently happens. I have developed peeling, cracked skin, irritation, and itchiness because of the water here,” said someone imprisoned in Illinois River Correctional Center. “Despite all of the days that we have brown water, they still do not work to fix the problem to give us safe drinking water.”

Alan Mills, Executive Director of Uptown People’s Law Center, said “There is no excuse for failing to provide people in prison with water that is not poisoned. The state of Illinois has known that the entire prison system has a seriously failing infrastructure for years, but has done nothing to address it. We are thus calling for the federal government to step in. If Illinois cannot or refuses to, safely house people in prison, it needs to speed their release, using in full all the tools available, including medical release, accelerated awards of ‘good time’ credit, and more.”

“The Safe Drinking Water Act is a federal law that is intended to ensure that all Americans can drink from their taps without fear that water will make them sick. That protection does not & should not stop at the prison walls. People imprisoned in IDOC facilities are entitled to clean water. Because the state is failing to act, we have to ask the federal government to step in,” said Robert A. Weinstock, Director of the Environmental Advocacy Center at Northwestern Pritzker School of Law.

Decades of neglect by IDOC and other agencies have led to systemic issues including Legionella contamination, unsafe issues of lead, and sewage flooding. Despite years of complaints from people in prison and their advocates, and vague promises of action from IDOC, the state has failed to address the problem, prompting this urgent legal request for intervention. The filing highlights the urgent need for:

  • Getting clean drinking water to incarcerated individuals due to repeated issues with drinking water as well as water used for cooking and washing. There are regular toilet backups and overflows, leading to the contamination of drinking water and living spaces with fecal matter.
  • US EPA to make an emergency action due to the control exerted by IDOC over the drinking water and sanitation systems in prisons. Those issues, coupled with limited public access to investigate or address them, raise concerns about regulatory oversight and accountability. The state’s obligation to provide safe water and sanitation systems for people in prison necessitates immediate and comprehensive action, potentially including facility closures or relocations, particularly in light of deteriorating infrastructure and multiple contaminants posing threats beyond current regulatory frameworks.
  • Intervention by the US EPA to safeguard people in prison from imminent health risks posed by contaminated water and sewage systems, by implementing emergency mitigation measures including free provision of bottled water and expedited release mechanisms to ensure individuals are not exposed to harm. Immediate action is imperative, considering both the inadequacy of current solutions and the precedent set by Illinois’ ability to release individuals during the health emergency of COVID-19.
  • US EPA to order that IDOC provide free, safe, and sufficient alternative sources of water to people held inside prisons, posing lesser risks to health and safety during any interim while infrastructural problems or solutions are being identified and implemented at all prisons.

Organizations that have signed on to support this effort include Coalition to Decarcerate Illinois, Equity Legal Services, Illinois Chapter of the Sierra Club, Illinois Environmental Council, John Howard Association, Little Village Environmental Justice Organization, Loevy & Loevy, Illinois Prison Project, Southeast Environmental Task Force, Uptown People’s Law Center, and the Environmental Advocacy Center at Northwestern Pritzker School of Law.

 

 

 

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