Del cáncer de próstata y por qué debe protegerse
Por/By Dr. Robert Dannals
Aproximadamente uno de cada ocho hombres estadounidenses será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Es el segundo cáncer más mortal para los hombres en Estados Unidos, cobrándose decenas de miles de vidas cada año.
Hoy en día, sin embargo, los médicos cuentan con una herramienta poderosa que les permite detectar el cáncer de próstata con precisión y determinar su grado de propagación antes de iniciar el tratamiento. Desde que obtuvo la aprobación de la FDA en 2021, el radiotrazador para PET que ayudamos a desarrollar —mi colega de la Universidad Johns Hopkins, el Dr. Martin Pomper, y yo— se ha utilizado en más de 760.000 pacientes y ayudará a muchos más.
No obstante, hacer llegar esta prueba a los pacientes no fue tarea fácil. Su recorrido desde el laboratorio universitario hasta la sala de diagnóstico por imagen del hospital fue posible gracias a una de las políticas de innovación más exitosas, y menos valoradas, de la historia de Estados Unidos: la Ley Bayh-Dole de 1980. Esta ley permite a las universidades, los laboratorios federales y las pequeñas empresas patentar descubrimientos financiados con fondos federales y otorgar licencias de los mismos a empresas privadas para su comercialización.
Al debatir sobre el futuro de la investigación financiada por el gobierno federal, los responsables de formular políticas deben tener presente lo que la Ley Bayh-Dole ha logrado. Sin ella, innumerables descubrimientos nunca saldrían de los laboratorios universitarios, los pacientes perderían el acceso a innovaciones que salvan vidas y los contribuyentes verían un retorno mucho menor de su inversión en investigación científica.
He dedicado gran parte de mi carrera a transformar descubrimientos de laboratorio en herramientas diagnósticas y terapéuticas que los médicos pueden utilizar para mejorar la atención al paciente. Por ello, cuando el equipo del Dr. Pomper creó una molécula prometedora capaz de localizar selectivamente y hacer visibles las células del cáncer de próstata en exploraciones PET, mi equipo quiso colaborar para convertirla en una herramienta práctica de medicina nuclear diagnóstica.
Pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que este avance pudiera beneficiar a los pacientes. La tecnología requería años de costosos ensayos clínicos, revisiones regulatorias y la aprobación de la FDA. Ningún laboratorio académico podía asumir esa carga por sí solo. Se necesitaba un socio del sector privado dispuesto a invertir una cantidad considerable de tiempo, experiencia y capital, asumiendo al mismo tiempo un riesgo financiero significativo.
Ahí fue donde el sistema de transferencia de tecnología establecido por la Ley Bayh-Dole marcó la diferencia.
La Ley Bayh-Dole permitió a la Universidad Johns Hopkins patentar nuestro compuesto y su método de síntesis, así como otorgar la licencia de explotación a Progenics Pharmaceuticals. Progenics reconoció el potencial de nuestro descubrimiento e invirtió sus recursos y experiencia para llevar a cabo ensayos clínicos y convertir el compuesto en un producto aprobado por la FDA.
Por ello, los responsables de formular políticas deben proteger la ley Bayh-Dole, el sistema más amplio de transferencia tecnológica que esta sustenta, y la financiación federal para la investigación que permite a instituciones como Johns Hopkins emprender descubrimientos en sus etapas iniciales.
Recientemente, algunos críticos han cuestionado si este sistema genera un retorno suficiente de la inversión pública. Algunos han propuesto reducir la financiación de la investigación o reinterpretar la ley Bayh-Dole para otorgar al gobierno un mayor control sobre los inventos universitarios. Aunque sus intenciones puedan ser buenas, corren el riesgo de socavar el mismo sistema que ha permitido transformar numerosos hallazgos científicos en avances médicos aplicables en la vida real.
Las universidades estadounidenses destacan por generar nuevos conocimientos. El sector privado de Estados Unidos sobresale al transformar esos conocimientos en productos que los médicos recetan y en los que los pacientes confían. La ley Bayh-Dole sirve de puente entre ambos mundos.
Si queremos que la investigación financiada con fondos federales siga generando descubrimientos que salvan vidas —y no solo publicaciones científicas—, debemos fortalecer la ley Bayh-Dole, no debilitarla.
El Dr. Robert Dannals es profesor en el Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas de Johns Hopkins Medicine.
How the Bayh-Dole Act Helped Transform Prostate Cancer Detection and Why It Must Be Protected
About one in eight American men will be diagnosed with prostate cancer during their lifetime. It is the second-deadliest cancer for American men, claiming tens of thousands of lives every year.
Today, however, physicians have a powerful tool that allows them to detect prostate cancer accurately and determine how far it has spread before treatment begins. Since receiving FDA approval in 2021, the PET radiotracer that my former Johns Hopkins University colleague, Dr. Martin Pomper, and I helped develop has been used in more than 760,000 patients and will help many more.
Yet bringing the test to patients was far from simple. Its journey from university laboratory to hospital imaging suite was made possible by one of the most successful, and least appreciated, pieces of innovation policy in American history: the Bayh-Dole Act of 1980. This Act allows universities, federal laboratories, and small businesses to patent federally-funded discoveries and license them to private companies for commercialization.
As policymakers debate the future of federally-funded research, they must remember what Bayh-Dole has accomplished. Without it, countless discoveries would never leave university laboratories, patients would lose access to lifesaving innovations, and taxpayers would see far less return on their investment in scientific research.
I have spent much of my career translating laboratory discoveries into diagnostic and therapeutic tools that physicians can use to improve patient care. So, when Dr. Pomper’s team created a promising molecule that selectively targeted and lit up prostate cancer cells in PET scans, my team wanted to help develop it into a practical tool for diagnostic nuclear medicine.
But there was still a long way to go before the breakthrough could benefit patients. The technology required years of costly clinical trials, regulatory review, and FDA approval. No academic laboratory could handle that burden alone. It required a private-sector partner willing to invest substantial time, expertise, and capital in the face of significant financial risk.
That was where the technology transfer system established by Bayh-Dole made all the difference.
Bayh-Dole allowed Johns Hopkins to patent our compound and its synthesis and license it to Progenics Pharmaceuticals. Progenics saw our discovery’s potential and invested its resources and expertise to conduct clinical testing and develop the compound into an FDA-approved product.
This is why policymakers must protect Bayh-Dole, the broader technology transfer system it anchors, and the federal research funding that allows institutions like Johns Hopkins to pursue early-stage discoveries in the first place.
Recently, critics have questioned whether this system delivers enough return on public investment. Some have proposed reducing research funding or reinterpreting Bayh-Dole to give the government greater control over university inventions. While perhaps well-intentioned, they risk undermining the very system that has enabled many scientific breakthroughs to become real-world medical advances.
America’s universities excel at generating new knowledge. America’s private sector excels at transforming that knowledge into products that physicians prescribe and patients rely on. Bayh-Dole provides the bridge between those two worlds.
If we want federally-funded research to continue delivering lifesaving discoveries, and not just scientific publications, we should strengthen, not weaken, the Bayh-Dole Act.
Dr. Robert Dannals is a professor in the Johns Hopkins Medicine Department of Radiology and Radiological Science.
