Paper cutout family with house under a Medicaid umbrella
Que amenaza la cobertura de personas con problemas de salud graves
Baltimore, Maryland – El viernes por la tarde, cinco beneficiarios de Medicaid, junto con el American College of Physicians, la American Academy of Pediatrics, la Society for Adolescent Health and Medicine, Doctors for America, la New Hampshire Medical Society, el capítulo de New Hampshire de la American Academy of Pediatrics y la ciudad de Columbus, presentaron una demanda para impugnar una norma federal que amenaza la cobertura de Medicaid para personas con problemas de salud graves y crónicos.
Los demandantes están representados por el National Health Law Program y Democracy Forward. Los beneficiarios individuales de Medicaid también cuentan con la representación de organizaciones estatales de asistencia jurídica y defensa de derechos, incluidas Legal Council for Health Justice (Illinois), Legal Aid of Western Missouri e Indiana Justice Project.
La demanda impugna disposiciones clave de una norma final provisional que implementa los nuevos requisitos laborales de Medicaid derivados de la ley *One Big Beautiful Bill Act*. La norma define de manera restrictiva quiénes califican para la exención por fragilidad médica prevista en la ley, lo que pone en riesgo de perder Medicaid a personas con problemas graves de salud física y mental debido a nuevos requisitos de notificación y verificación, a pesar de que el Congreso excluyó categóricamente a las personas con fragilidad médica de dichos requisitos.
“El Congreso creó la exención por fragilidad médica para proteger a las personas con necesidades de salud graves, pero la norma de la administración convierte esa protección en un obstáculo más que las personas deben superar”, afirmó Jane Perkins, directora de litigios del National Health Law Program. “La ley no exige que las personas con fragilidad médica demuestren que sus afecciones son tan incapacitantes que les impiden cumplir con el requisito laboral. La ley exime a las personas con fragilidad médica de los requisitos laborales y no autoriza a los CMS a reintroducirlos de forma encubierta mediante la nueva norma. Esta norma pone en riesgo el acceso a la atención médica y, en algunos casos, la vida de las personas”.
Las personas que viven con diabetes, cáncer, VIH, trastornos por consumo de sustancias, problemas de salud mental incapacitantes y otras afecciones médicas graves o complejas dependen de un acceso continuo a médicos, medicamentos y tratamientos. Las interrupciones en la cobertura de Medicaid pueden provocar que las personas falten a citas, pierdan el acceso a medicamentos, sufran un deterioro de su salud y requieran una atención más intensiva y costosa. Perder la cobertura también puede dificultar —en lugar de facilitar— que las personas mantengan la salud necesaria para trabajar. La norma exige que las personas con afecciones de salud física, mental o conductual cubiertas demuestren que su afección limita significativamente su capacidad para cumplir con el requisito laboral. Esa restricción adicional no figura en la ley y excluye a personas que tienen necesidades de atención médica graves, pero que tal vez no puedan demostrar la forma o el grado específico de limitación que exige la norma.
“Imponer un requisito laboral *de facto* a personas con fragilidad médica es un intento despiadado de la administración Trump-Vance de perjudicar a quienes más necesitan apoyo, y traiciona la instrucción clara del Congreso de proteger a las personas necesitadas”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Es un honor para nosotros trabajar con esta coalición para proteger a quienes necesitan cobertura de atención médica esencial”.
“Los requisitos laborales de Medicaid no ayudan a las personas a encontrar o conservar empleos; ponen en riesgo su atención médica”, señaló Jennifer Cannistra, directora ejecutiva del National Health Law Program. “Cada requisito de verificación, formulario o trámite adicional crea una nueva oportunidad para que un error o malentendido haga que alguien pierda su cobertura. La experiencia demuestra que muchas de las personas que pierden Medicaid ya trabajan o reúnen los requisitos para una exención. Pierden la cobertura debido a trámites y barreras administrativas, no porque no cumplan con los requisitos de elegibilidad”.
Antecedentes
La norma final provisional que implementa la ley *One Big Beautiful Bill Act* de 2025 exige que los adultos de los 40 estados y el Distrito de Columbia que reciben Medicaid a través de la expansión de Medicaid de la ACA demuestren haber completado un número específico de horas de trabajo u otras actividades válidas para obtener o mantener la cobertura de Medicaid. El Congreso excluyó categóricamente a varios grupos de estos requisitos, incluidas las personas con fragilidad médica o con necesidades médicas especiales.
La norma de la Administración restringe dichas protecciones al añadir un requisito laboral indirecto que obliga a las personas a demostrar no solo que presentan fragilidad médica, sino también que su afección limita significativamente su capacidad para cumplir con los requisitos laborales. Como resultado, personas a las que el Congreso pretendía proteger quedarían sujetas a requisitos laborales y de presentación de informes, y perderían la cobertura de Medicaid.
El caso es *Taylor et al. v. Kennedy, Jr. et al.*, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland. Los demandantes están representados por el National Health Law Program y Democracy Forward.
Perspectiva de los abogados de asistencia legal y defensa de derechos, y de las organizaciones demandantes
“Medicaid es un salvavidas, y seguiremos luchando contra las políticas que interponen trámites y burocracia entre las personas y la atención que necesitan”, afirmó Julie Justicz, directora ejecutiva de Legal Council for Health Justice.
“Para nuestro cliente y para miles de habitantes de Missouri, Medicaid es lo que mantiene estables su salud y sus vidas. Perderlo no solo interrumpe la atención médica; les arrebata la seguridad sobre la cual construyen todo lo demás”, señaló Amber Christ, directora ejecutiva de Legal Aid of Western Missouri. “Esta norma les exige demostrar no solo que tienen una salud frágil, sino también que no pueden trabajar, lo que añade aún más trámites y procedimientos. Las personas no perderán su cobertura por no cumplir los requisitos de elegibilidad, sino por un formulario faltante o una carta del médico que nunca llegó”.
“Medicaid ayuda a miles de residentes de Indiana al proporcionar atención médica vital. Nos honra contribuir a garantizar el acceso continuo a la cobertura de salud con la menor cantidad posible de barreras burocráticas”, dijo Adam Mueller, director ejecutivo de Indiana Justice Project.
Los médicos y otros profesionales de la salud son testigos directos de lo que sucede cuando los pacientes pierden la cobertura y se interrumpe el tratamiento. Las organizaciones médicas que presentan esta demanda representan a pediatras, especialistas en medicina interna y otros profesionales de la salud que atienden a personas cubiertas por Medicaid. Impugnan la norma porque amenaza el acceso de sus pacientes a atención esencial e interfiere con su capacidad para brindar tratamientos constantes y eficaces.
“Cuando los adultos pierden la cobertura de salud, es más probable que los niños también la pierdan; sabemos que incluso interrupciones breves en la cobertura infantil pueden tener consecuencias graves para su salud general, desde citas perdidas y recetas no surtidas hasta visitas a urgencias”, declaró el Dr. Andrew D. Racine (MD, PhD, FAAP), presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). “Esta nueva norma pone en riesgo innecesariamente la salud de las familias y los niños. Nuestros líderes federales deberían promover políticas que hagan que el acceso a la atención médica sea lo más fluido y eficiente posible para las familias; esta norma hace todo lo contrario”. «El Colegio Estadounidense de Médicos (ACP, por sus siglas en inglés) está profundamente preocupado por el impacto de los requisitos laborales en los pacientes de Medicaid. Los beneficiarios de Medicaid son, por definición, personas con ingresos y recursos limitados. No debemos implementar políticas que expongan a esta población, ya de por sí vulnerable, a un mayor riesgo de interrupción del tratamiento, pérdida de cobertura o pérdida total del acceso a la atención médica. Como médicos, estamos capacitados para diagnosticar y tratar las afecciones de nuestros pacientes, no para realizar evaluaciones sobre la capacidad laboral de un paciente determinado. Obligar a los médicos a realizar estas evaluaciones les resta tiempo para brindar la atención médica necesaria —y vital— a los pacientes. Peor aún, esto pone en riesgo la salud de pacientes con afecciones graves y crónicas, exponiéndolos a una pérdida repentina y drástica de la atención médica que necesitan», afirmó la Dra. Jan K. Carney (MD, MPH, MACP), presidenta del ACP.
«El acceso a la atención médica es un derecho humano para todos, incluidos los adolescentes y adultos jóvenes, y la financiación pública es lo que hace realidad ese derecho para los jóvenes vulnerables y de bajos ingresos. La Sociedad para la Salud y Medicina del Adolescente (SAHM) se suma a esta demanda porque nuestros miembros no pueden permanecer indiferentes mientras las decisiones políticas ponen en peligro la salud, la educación y el bienestar futuro de nuestros pacientes», declaró la SAHM.
«Los médicos saben que la continuidad de la atención puede marcar la diferencia entre una afección de salud manejable y una crisis médica o la bancarrota. Esta norma interpone barreras burocráticas innecesarias entre los pacientes y la atención que necesitan, incluidas aquellas personas con enfermedades graves y crónicas a quienes el Congreso pretendía proteger específicamente», afirmó la Dra. Meenakshi Bewtra (MD, PhD, MPH), presidenta de Doctors for America. «Los pacientes no deberían perder su cobertura médica por no poder sortear un formulario más, un requisito de verificación o un obstáculo administrativo. Intentos anteriores de implementar requisitos de este tipo han provocado que decenas de miles de personas perdieran la atención médica necesaria simplemente debido a la carga administrativa. Somos un país lo suficientemente grande como para brindar atención médica, especialmente a los más vulnerables. Doctors for America se suma a esta impugnación porque la política de Medicaid debería ayudar a los pacientes a mantenerse sanos y vinculados a la atención médica, no crear nuevas vías para que las personas elegibles pierdan su cobertura».
«Crear barreras de acceso a la cobertura médica para los más vulnerables pone en peligro vidas innecesariamente e inevitablemente aumenta los costos de atención para todos», señaló Zach Klein, fiscal de la ciudad de Columbus. «Se trata de personas que deberían centrarse en recibir la ayuda y la atención que necesitan desesperadamente, no en superar aún más obstáculos. No podemos permitir que la administración Trump siga socavando el acceso de los estadounidenses a una atención médica asequible y de calidad».
Consulte los documentos judiciales del caso *Taylor et al. v. Kennedy, Jr. et al.*
La demanda está disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2026/09/Taylor-et-al.-v.-Kennedy-Jr.-et-al_Complaint.pdf
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Medicaid Enrollees Challenge Rule Threatening Coverage for People With Serious Health Conditions
Baltimore, Maryland – On Friday afternoon, five Medicaid enrollees, American College of Physicians, American Academy of Pediatrics, Society for Adolescent Health and Medicine, Doctors for America, New Hampshire Medical Society, New Hampshire Chapter of the American Academy of Pediatrics, and the City of Columbus filed a lawsuit challenging a federal rule that threatens Medicaid coverage for people with serious and chronic health conditions.
The plaintiffs are represented by the National Health Law Program and Democracy Forward. Individual Medicaid enrollees are also represented by state-based legal aid and advocacy organizations including Legal Council for Health Justice (Illinois), Legal Aid of Western Missouri, and Indiana Justice Project.
The lawsuit challenges key provisions of an interim final rule implementing the One Big Beautiful Bill Act’s new Medicaid work requirements. The rule narrowly defines who qualifies for the law’s medical frailty exclusion, putting people with serious physical and mental health conditions at risk of losing Medicaid because of new reporting and verification requirements, even though Congress categorically excluded medically frail people from the requirements.
“Congress created the medical frailty exclusion to protect people with serious health needs, but the administration’s rule turns that protection into yet another obstacle people must overcome,” said Jane Perkins, Litigation Director at the National Health Law Program. “The statute does not require medically frail people to prove that their conditions are so debilitating that they cannot meet the work requirement. The statute exempts the medically frail from work requirements and does not authorize CMS to re-introduce it through the backdoor with the new rule. This rule puts access to care and, in some cases, people’s lives at risk.”
People living with diabetes, cancer, HIV, substance use disorders, disabling mental health conditions, and other serious or complex medical conditions rely on continuous access to physicians, medications, and treatments. Interruptions in Medicaid coverage can cause people to miss appointments, lose access to medication, experience worsening health, and require more intensive and costly care. Losing coverage can also make it harder–not easier–for people to remain healthy enough to work.
The rule requires people with covered physical, mental, or behavioral health conditions to show that their condition significantly impairs their ability to comply with the work requirement. That additional restriction is not found in the statute and excludes people who have serious health care needs but may not be able to demonstrate the particular form or degree of impairment demanded by the rule.
“Implementing a de facto work requirement on medically frail people is a heartless attempt by the Trump-Vance administration to kick those who are most in need of support and betrays Congress’ clear instruction to protect people in need,” said Skye Perryman, President and CEO of Democracy Forward. “We are honored to work with this coalition to protect those who need essential healthcare coverage.”
“Medicaid work requirements do not help people find or keep jobs. They put people’s health care at risk,” said Jennifer Cannistra, Executive Director of the National Health Law Program. “Every additional verification requirement, form, and submission creates another opportunity for an error or misunderstanding to cost someone their coverage. Past experience shows that many of the people who lose Medicaid are already working or qualify for an exclusion. They lose coverage because of paperwork and administrative barriers, not because they are ineligible.”
Background
The Interim Final Rule implementing the 2025 One Big Beautiful Bill Act requires adults in the 40 states and District of Columbia who receive Medicaid through the ACA Medicaid expansion to demonstrate that they have completed a specified number of hours of work or other qualifying activities to obtain or maintain Medicaid coverage. Congress categorically excluded several groups from these requirements, including people who are medically frail or otherwise have special medical needs.
The Administration’s rule narrows those protections by adding a back-door work requirement that requires people to establish not only that they are medically frail but also that their condition significantly impairs their ability to meet the work requirements. As a result, people whom Congress intended to protect would be subjected to work and reporting requirements and lose Medicaid coverage.
The case is Taylor et al. v. Kennedy, Jr. et al, filed in the U.S. District Court for the District of Maryland. The plaintiffs are represented by the National Health Law Program and Democracy Forward.
Perspective of Legal Aid and Advocacy Counsel and Organizational Plaintiffs
“Medicaid is a lifeline, and we will continue to fight policies that put paperwork and bureaucracy between people and the care they need” said Julie Justicz, Executive Director, Legal Council for Health Justice.
“For our client and thousands of Missourians, Medicaid is what keeps their health, and their lives, stable. Losing it doesn’t just interrupt care. It takes away the security they build everything else on,” said Amber Christ, Executive Director of Legal Aid of Western Missouri. “This rule makes them prove not just that they are medically frail, but that they cannot work, piling on even more paperwork and process. People won’t lose their coverage because they are ineligible. They’ll lose it over a missing form or a doctor’s letter that never arrived.”
“Medicaid helps thousands of Indiana residents, providing critical life sustaining healthcare. We are honored to help ensure continued access to health coverage with as few paperwork barriers as possible,” said Adam Mueller, Executive Director, Indiana Justice Project.
Physicians and other health care professionals see firsthand what happens when patients lose coverage and treatment is interrupted. The medical organizations bringing this case represent pediatricians, internal medicine physicians, and other health care professionals who care for people covered by Medicaid. They are challenging the rule because it threatens their patients’ access to essential care and interferes with their ability to provide consistent, effective treatment.
“When adults lose health care coverage, children are more likely to lose coverage, and we know even short disruptions in children’s coverage can have serious consequences for their overall health, from missed appointments to unfilled prescriptions to trips to the emergency department,” said Andrew D. Racine, MD, PhD, FAAP, President of the American Academy of Pediatrics. “This new rule needlessly puts the health of families and children at risk. Our federal leaders should be advancing policies that make accessing health care as seamless and efficient as possible for families – this rule does the opposite.”
“The American College of Physicians is deeply concerned about the impact of work requirements on Medicaid patients. Medicaid beneficiaries are, by definition, individuals with limited incomes and resources. We should not and must not be implementing policies that place this already vulnerable population at increased risk of interrupted treatment, disrupted coverage, or losing healthcare access altogether. As physicians, we are trained to diagnose and treat our patients’ medical conditions, not to conduct assessments about a given patient’s ability to work. Forcing doctors into the position of making these assessments diverts their time away from providing needed and life-saving health care to patients. Even worse, this puts patients with serious and chronic health conditions health at risk, from a sudden and dramatic loss of needed health care,” said Jan K. Carney, MD, MPH, MACP, President of ACP.
“Access to health care is a human right for all, including adolescents and young adults, and public funding is what makes that right real for low-income and vulnerable youth. SAHM is joining this lawsuit because our members cannot stand by while policy decisions jeopardize our patients’ health, education, and future well-being,” said the Society for Adolescent Health and Medicine.
“Physicians know that continuity of care can be the difference between a manageable health condition and a medical crisis and bankruptcy. This rule puts unnecessary bureaucratic barriers between patients and the care they need, including people living with serious and chronic health conditions whom Congress specifically intended to protect,” said Meenakshi Bewtra, MD, PhD, MPH, President of Doctors for America. “Patients should not lose their health coverage because they could not navigate another form, verification requirement, or administrative hurdle. Prior attempts at such requirements have resulted in tens of thousands of people losing necessary medical care simply because of the administrative burden. We are a great enough country to provide healthcare especially to our most vulnerable. Doctors for America is joining this challenge because Medicaid policy should help patients stay healthy and connected to care, not create new pathways for eligible people to lose coverage.”
“Creating barriers to healthcare coverage for the most vulnerable needlessly puts people’s lives at risk and inevitably drives up the cost of care for everyone,” said Columbus City Attorney Zach Klein. “These are folks who should be focused on getting the help and care they desperately need, not overcoming even more obstacles. We cannot allow the Trump administration to continue to chip away at Americans’ access to quality, affordable healthcare.”
Access court documents in Taylor et al. v. Kennedy, Jr. et al
The complaint is available at chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2026/09/Taylor-et-al.-v.-Kennedy-Jr.-et-al_Complaint.pdf
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