Acuerdo de $ 26 mil millones con los distribuidores/$26 billion agreement with Opioid distributors and manufacturer

Acuerdo de $ 26 mil millones con los distribuidores/$26 billion agreement with Opioid distributors and manufacturer

Acuerdo de $ 26 mil millones con los distribuidores de Opioid y el fabricante Johnson & Johnson     

Chicago, Illinois (NED).– El Procurador General Kwame Raoul anunció hoy un acuerdo histórico de $ 26 mil millones que, si se finaliza, ayudará a brindar el alivio que tanto necesitan las personas y comunidades en Illinois y en todo el país que luchan contra la adicción a los opioides. El acuerdo incluye a Cardinal, McKesson y AmerisourceBergen, los tres principales distribuidores farmacéuticos del país, y Johnson & Johnson, que fabrica y comercializa opioides. El acuerdo también requiere cambios importantes en la industria que ayudarán a evitar que este tipo de crisis vuelva a ocurrir. El acuerdo resolvería las investigaciones y los litigios sobre el papel de las empresas en la creación y el fomento de la epidemia de opioides.

Ha llegado el momento de resolver los casos contra las empresas que contribuyeron y alimentaron la epidemia de opioides, y debemos asegurarnos de que los recursos se distribuyan en las comunidades más afectadas”, dijo Raoul. “He sido firme en mi compromiso de llegar a una resolución que responsabilice a las empresas por sus acciones y ayude a las familias y comunidades a recuperarse de la devastación que dejó la epidemia. Estoy satisfecho con el acuerdo alcanzado por nuestra coalición y seguiré trabajando para asegurarme de que Illinois reciba fondos para ayudarnos a reducir la crisis de los opioides ”.

El acuerdo resolvería los reclamos de los gobiernos estatales y locales de todo el país, incluidos los casi 4,000 que han presentado demandas en los tribunales federales y estatales. Tras el acuerdo de hoy, los estados tienen 30 días para firmar el acuerdo, y los gobiernos locales de los estados participantes tendrán hasta 150 días para unirse y asegurar una masa crítica de estados y gobiernos locales participantes. Los estados y sus gobiernos locales recibirán pagos máximos si cada estado y sus gobiernos locales se unen para apoyar el acuerdo.

El estado de Illinois firmará el acuerdo, lo que hará que los gobiernos locales sean elegibles para participar. Si el acuerdo se finaliza en todo el país, Illinois, si hay una participación total de todos los gobiernos locales, recibirá aproximadamente $ 790 millones.

Resumen de financiación:

  • Los tres distribuidores pagarán colectivamente hasta $ 21 mil millones durante 18 años.
  • Johnson & Johnson pagará hasta $ 5 mil millones durante nueve años con hasta $ 3.7 mil millones pagados durante los primeros tres años.
  • El financiamiento total distribuido será determinado por el grado general de participación de los gobiernos estatales y locales tanto litigantes como no litigantes.
  • La mayor parte del dinero se gastará en el tratamiento y la prevención de opioides.
  • La participación de cada estado en el financiamiento ha sido determinada por acuerdo entre los estados utilizando una fórmula que toma en cuenta el impacto de la crisis en el estado: el             número de muertes por sobredosis, el número de residentes con trastorno por uso de           sustancias y el número de opioides recetados – y la población del estado.

Resumen de medidas cautelares:

  • El acuerdo de 10 años dará lugar a órdenes judiciales que requieran que Cardinal, McKesson y AmerisourceBergen:

o Establecer una cámara de compensación independiente centralizada para proporcionar a los tres distribuidores y reguladores estatales datos agregados y análisis sobre a dónde van los medicamentos y con qué frecuencia, eliminando los puntos ciegos en los sistemas actuales utilizados por los distribuidores.

o Utilice sistemas basados ​​en datos para detectar pedidos de opioides sospechosos de las farmacias de los clientes.

o Poner fin a la capacidad de las farmacias de los clientes para recibir envíos e informar de esas empresas a los reguladores estatales cuando muestren ciertos signos de desvío.

o Prohibir el envío y reportar pedidos sospechosos de opioides.

o Prohibir al personal de ventas influir en las decisiones relacionadas con la identificación de pedidos sospechosos de opioides.

o Exigir a los altos funcionarios corporativos que participen en la supervisión periódica de los esfuerzos contra la desviación.

  • El acuerdo de 10 años dará lugar a órdenes judiciales que requieran que Johnson & Johnson:

o Deje de vender opioides.

o No financiar ni otorgar subvenciones a terceros para promover los opioides.

o No ejercer presión sobre actividades relacionadas con los opioides.

o Compartir datos de ensayos clínicos en el marco del Proyecto de acceso a datos abiertos de la Universidad de Yale.

Este acuerdo es el resultado de las investigaciones de los fiscales generales estatales sobre si los tres distribuidores no se negaron ilegalmente a enviar opioides a las farmacias que enviaron pedidos de medicamentos sospechosos y participaron en una conducta engañosa e injusta en violación de la ley estatal. Raoul y los fiscales generales también investigaron si Johnson & Johnson comercializaba sus productos opioides de manera engañosa e injusta y si participaba en otras conductas fraudulentas e injustas en la venta de opioides.

Solo el año pasado, las muertes por sobredosis de opioides en todo el país aumentaron a un récord de 93,000, un aumento de casi el 30% con respecto al año anterior. Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, las muertes por sobredosis de opioides en Illinois aumentaron en un 36% en los primeros tres trimestres de 2020 durante el mismo período en 2019. En general, más de 15,000 residentes de Illinois murieron por sobredosis de opioides desde 2008 hasta 2019. Además , las sobredosis de opioides han provocado miles de visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones y un dolor inconmensurable que sufren las familias y las comunidades.

Raoul insta a cualquier persona que crea que él o un ser querido puede ser adicto a los opioides a buscar ayuda llamando a la Línea de ayuda de Illinois para opioides y otras sustancias al 833-2FINDHELP, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Susan Ellis, Jefa de la División de Protección al Consumidor; El fiscal general adjunto ejecutivo Adam Braun y el fiscal general adjunto Thomas Verticchio están a cargo del caso con la subdirectora de la Oficina de Atención Médica, Judith Parker, y el subdirector de la Oficina de Litigios Especiales, Darren Kinkead; así como las Subprocuradoras Generales Lauren Barski, Andrea Law y Jennifer Crespo.

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$26 billion agreement with Opioid distributors and manufacturer Johnson & Johnson

Chicago, Illinois (NED).– Attorney General Kwame Raoul today announced a historic $26 billion agreement that will, if finalized, help bring desperately-needed relief to people and communities in Illinois and across the country who are struggling with opioid addiction. The agreement includes Cardinal, McKesson, and AmerisourceBergen – the nation’s three major pharmaceutical distributors – and Johnson & Johnson, which manufactured and marketed opioids. The agreement also requires significant industry changes that will help prevent this type of crisis from happening again. The agreement would resolve investigations and litigation over the companies’ roles in creating and fueling the opioid epidemic.

“The time has come to resolve the cases against companies that contributed to and fueled the opioid epidemic, and we must ensure that resources are distributed in communities hit hardest,” Raoul said. “I have been steadfast in my commitment to reaching a resolution that holds companies accountable for their actions and helps families and communities recover from the devastation the epidemic left behind. I am pleased with the agreement reached by our coalition, and I will continue working to make sure Illinois receives funding to help us abate the opioid crisis.”

The agreement would resolve the claims of states and local governments across the country, including the nearly 4,000 that have filed lawsuits in federal and state courts. Following today’s agreement, states have 30 days to sign onto the deal, and local governments in the participating states will have up to 150 days to join to secure a critical mass of participating states and local governments. States and their local governments will receive maximum payments if each state and its local governments join together in support of the agreement.

The state of Illinois will be signing on to the settlement, making local governments eligible to participate. If the agreement is finalized nationwide, Illinois – if there is full participation by all local governments – will receive approximately $790 million.

Funding Overview:

  • The three distributors collectively will pay up to $21 billion over 18 years.
  • Johnson & Johnson will pay up to $5 billion over nine years with up to $3.7 billion paid during the first three years.
  • The total funding distributed will be determined by the overall degree of participation by both litigating and non-litigating state and local governments.
  • The substantial majority of the money is to be spent on opioid treatment and prevention.
  • Each state’s share of the funding has been determined by agreement among the states using a formula that takes into account the impact of the crisis on the state – the number of overdose deaths, the number of residents with substance use disorder, and the number of opioids prescribed – and the population of the state.

Injunctive Relief Overview:

  • The 10-year agreement will result in court orders requiring Cardinal, McKesson, and AmerisourceBergen to:
    • Establish a centralized independent clearinghouse to provide all three distributors and state regulators with aggregated data and analytics about where drugs are going and how often, eliminating blind spots in the current systems used by distributors.
    • Use data-driven systems to detect suspicious opioid orders from customer pharmacies.
    • Terminate customer pharmacies’ ability to receive shipments, and report those companies to state regulators, when they show certain signs of diversion.
    • Prohibit shipping of and report suspicious opioid orders.
    • Prohibit sales staff from influencing decisions related to identifying suspicious opioid orders.
    • Require senior corporate officials to engage in regular oversight of anti-diversion efforts.
  • The 10-year agreement will result in court orders requiring Johnson & Johnson to:
    • Stop selling opioids.
    • Not fund or provide grants to third parties for promoting opioids.
    • Not lobby on activities related to opioids.
    • Share clinical trial data under the Yale University Open Data Access Project.

This settlement is a result of investigations by state attorneys general into whether the three distributors unlawfully failed to refuse to ship opioids to pharmacies that submitted suspicious drug orders, and engaged in deceptive and unfair conduct in violation of state law. Raoul and the attorneys general also investigated whether Johnson & Johnson marketed its opioid products in a deceptive and unfair manner and engaged in other fraudulent and unfair conduct in the sale of opioids.

Just last year, opioid overdose deaths nationwide rose to a record 93,000, a nearly 30% increase over the prior year. According to the Illinois Department of Public Health, opioid overdose deaths in Illinois increased by 36% in the first three quarters of 2020 over the same period in 2019. Overall, over 15,000 Illinois residents were killed by opioid overdoses from 2008 through 2019. In addition, opioid overdoses have resulted in thousands of emergency room visits, hospital stays and immeasurable pain suffered by families and communities.

Raoul urges anyone who believes they or a loved one may be addicted to opioids to seek help by calling the Illinois Helpline for Opioids and Other Substances at 833-2FINDHELP, which operates 24 hours a day, seven days a week.

Consumer Protection Division Chief Susan Ellis; Executive Deputy Attorney General Adam Braun and Assistant Chief Deputy Attorney General Thomas Verticchio are handling the case with Health Care Bureau Deputy Chief Judith Parker and Special Litigation Bureau Deputy Chief Darren Kinkead; as well as Assistant Attorneys General Lauren Barski, Andrea Law and Jennifer Crespo.

 

 

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