Por/By Wim Laven
Cómo perdimos nuestros derechos en el reino de Musk-Trump
Como persona que consume grandes cantidades de información sobre la paz y los conflictos en el mundo, dedico mucho tiempo a hablar con personas sobre el funcionamiento de la gobernanza en sus comunidades. Hablo con educadores sobre lo que enseñan y cómo lo enseñan. Hablo con desconocidos en salas de espera o en vuelos.
La mujer sentada a mi lado en la sala de espera del médico esta mañana era enfermera jubilada y tenía serias preocupaciones. Me dijo que mantiene su licencia para ejercer al día porque, “si me quitan la atención médica, o cualquier otra cosa, tendré que volver a trabajar”. Me preguntó a qué me dedico; “créanlo o no, he pasado más de los últimos 15 años enseñando sobre la Constitución, el gobierno estadounidense y la política que sobre cualquier otra cosa”.
Crisis constitucional y la erosión del sistema de pesos y contrapesos
Un hecho que no mucha gente comprende es la fragilidad de nuestra democracia constitucional. Requiere tres ramas de gobierno co-iguales con pesos y contrapesos integrados para mantener a cada rama bajo control. Cada rama tiene una función, y bajo la Revisión Judicial (establecida en Marbury v. Madison, 1803), los tribunales federales tienen la autoridad de supervisar a la legislatura y al presidente ejerciendo el derecho que les corresponde para interpretar la Constitución y declarar la legislación y las órdenes presidenciales (cuando se impugnan en los tribunales) constitucionales o inconstitucionales. La Corte Suprema sirve para proteger contra cualquier tiranía, ya sea de un presidente con afán de poder o de la mayoría; una mayoría no puede socavar los valores fundamentales comunes a todos los estadounidenses, es decir, la libertad de expresión, la libertad de religión y el debido proceso legal.
Sí, el presidente tiene un gran poder, pero ese poder es limitado. El presidente está sujeto a las restricciones de la Constitución, según lo determinen los tribunales, y la legislatura puede anular un veto o un juicio político y destituir a un presidente. Son ramas co-iguales.
Sin embargo, el Poder Judicial no hace cumplir las resoluciones. No puede obligar a otros a seguir lo que dice; el Poder Ejecutivo sí lo hace. Nos basamos en la creencia de que nuestros líderes priorizarán la Constitución —como han jurado hacerlo— y que sus “necesidades del momento” estarán subordinadas a ella. Presidentes de ambos partidos lo han hecho. Así es como nuestra democracia ha perdurado. Cada presidente anterior ha asumido la postura de que “no estoy por encima de la ley”.
Los abogados de la administración Trump, el equipo de Musk en la DOGE y sus portavoces están rompiendo con casi 250 años de costumbres y prácticas al argumentar que el sistema de pesos y contrapesos no aplica. Un “golpe administrativo” se define como: el derrocamiento ilegal de un gobierno, pero logrado principalmente sin violencia manifiesta y apoyándose en gran medida en la arrogación de poderes, la intimidación, el acoso, la extorsión, las amenazas a los medios de comunicación y, por lo tanto, la toma de todos los poderes.
Trump, su administración y sus voluntarios actúan como si no tuvieran que acatar las decisiones de los tribunales federales que declaran sus órdenes inconstitucionales. Esta postura no tiene precedentes y es extremadamente peligrosa. Y desde que los republicanos han renunciado a su poder en el Congreso, la crisis cobra fuerza. Cree que puede salirse con la suya si el pueblo no lo detiene, porque los tribunales federales no tienen poder para imponer su autoridad. Los ejércitos, la policía y otros mecanismos de ejecución dependen del Poder Ejecutivo, pero también han jurado:
“Apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”.
La Constitución de los Estados Unidos es un sistema de código de honor. Siempre hemos confiado en la buena fe (y en la supervisión del Congreso) de que nadie romperá el pacto (o será destituido). Siempre hemos defendido la postura de que nuestros presidentes no desafiarán a los tribunales federales y, de hecho, que el pueblo estadounidense no elegiría a alguien que hiciera tal cosa. Pero ahora hemos elegido a esa persona.
Podrías pensar: “Pero me encantan las políticas de Trump. Al diablo con los tribunales federales que lo frenan”. Eso es miope. Una vez que el sistema se rompe, se rompe. Si un demócrata asume el cargo posteriormente, podrá hacer lo que quiera sin controles ni contrapesos. Si quieren enviar agentes a tu casa, registrarla en busca de pruebas de que criticaste al presidente y encerrarte en una celda sin siquiera ver a un juez, podrías decir: “¡No pueden, eso es inconstitucional!”. Demasiado tarde. Ese precedente se habrá establecido. Sin controles ni contrapesos. Si Trump tiene éxito en lo que intenta hacer, cualquier presidente futuro (si es que hay alguno) podrá hacer lo que quiera.
Resolución Cooperativa de Problemas y Gestión de Conflictos
Si bien reconocemos la gravedad de esta crisis constitucional, también es crucial enfocarnos en cómo abordar conflictos como este mediante la resolución cooperativa de problemas. La gestión de conflictos no implica comprometer el Estado de derecho, sino utilizar estrategias que preserven las instituciones democráticas incluso en tiempos de crisis.
Históricamente, la presión pública ha influido en la preservación de la democracia. Los ciudadanos, o bien exigen rendición de cuentas y defienden los principios constitucionales, independientemente de su afiliación política, o nos deslizamos hacia un sistema tan deficiente como el de Rusia o Corea del Norte. La comunicación abierta entre los funcionarios electos, el poder judicial y la ciudadanía es esencial. Los juristas, activistas y líderes comunitarios deben colaborar para desarrollar soluciones que refuercen las normas democráticas, incluyendo reformas legislativas que definan explícitamente las limitaciones del ejecutivo.
A nivel comunitario, es esencial fomentar conversaciones que superen las divisiones partidistas. Interactuar con quienes no comprenden plenamente las consecuencias de la erosión constitucional puede ser más productivo que la confrontación. Un compromiso compartido con la democracia puede servir como punto de encuentro incluso entre personas con diferentes opiniones políticas. Amenazas específicas a los derechos constitucionales
Se están vulnerando los derechos de todos. Ciudadanos estadounidenses han sido deportados sin el debido proceso. Largas listas de personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, han visto violados sus derechos, desafiando directamente la revisión judicial y las sentencias judiciales que prohíben tales acciones.
Algunos afirman erróneamente que los derechos constitucionales solo se aplican a los ciudadanos estadounidenses, pero en realidad, los derechos humanos y la mayoría de los derechos civiles se aplican a todos en Estados Unidos, con raras excepciones (por ejemplo, los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales). Las protecciones de la Constitución no dependen de la ciudadanía; el debido proceso, la igualdad de protección y las libertades fundamentales se aplican a todas las personas bajo la jurisdicción estadounidense.
Si estas violaciones no se controlan, la erosión de los derechos constitucionales no se detendrá. La historia demuestra que cuando los gobiernos normalizan las violaciones contra un grupo, amplían su poder para restringir los derechos de otros. Una vez que se establece el precedente de que un presidente puede desafiar las sentencias judiciales sobre el debido proceso, los derechos de nadie están a salvo. Si estos patrones continúan, cualquier administración, republicana o demócrata, podría ir más allá de lo ya hecho, normalizando las tácticas autoritarias. Preservar la Constitución requiere vigilancia, educación y acción por parte de todos los que valoran la democracia, independientemente de su partido o ideología. Pero, seamos sinceros, sin una Constitución dejaremos de ser una democracia. Ha comenzado una toma de poder fascista, y está en manos del pueblo salvarla.
Wim Laven, Ph.D., sindicado por PeaceVoice, imparte cursos de ciencias políticas y resolución de conflictos.
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Democracy’s breaking point
How we lost our rights in the kingdom of Musk-Trump
As a person who consumes large amounts of information about peace and conflict in the world, I spend a considerable amount of time talking with people about how the governance of their communities is working. I talk with educators about what they are teaching and how they are teaching it. I speak with strangers while sitting in waiting rooms or on airline flights.
The woman sitting next to me in a doctor’s waiting room this morning was a retired nurse, and she had serious concerns. She told me that she keeps her license to practice current, because, “if they take away my healthcare, or something else, I will have to go back to work.” She asked what I do for a living; “believe it or not, I’ve spent more of the last 15 years teaching about the Constitution and American government and politics than anything else.”
Constitutional Crisis and the Erosion of Checks and Balances
A fact not enough people realize is that our constitutional democracy is fragile. It requires three co-equal branches of government with checks and balances baked in to keep each branch in line. Each branch has a role, and under Judicial Review (establish in Marbury v. Madison,1803), the federal courts have the authority to check the legislature and President by using their assigned right to interpret the Constitution and declare legislation and Presidential orders (when challenged in court) either constitutional or unconstitutional. The Supreme Court serves to safeguard against any tyranny, whether of one power-grabbing president or of the majority; a majority cannot undermine the fundamental values common to all Americans, i.e., freedom of speech, freedom of religion, and due process of law.
Yes, the President has great power, but that power is limited. The President is bound by the constraints of the Constitution, as determined by the courts, and the legislature can override a veto or impeach and remove a President. They are co-equal branches.
The Judicial Branch, however, does not enforce rulings. It can’t make others follow what it says—the Executive Branch does. We rely on the belief that our leaders will put the Constitution over themselves—as they have sworn oaths to do—and their “needs of the moment” will be subservient to the Constitution. Presidents of both parties have done this. This is how our democracy has endured. Each past President has taken the position that, “I am not above the law.”
The Trump administration’s lawyers, Musk’s DOGE team, and spokespersons are doing now is breaking from about 250 years of custom and practice by arguing that the checks and balances do not apply. A “administrative coup” is defined as: illegal overthrow of a government, but achieved primarily without overt violence and relying heavily by claiming powers, intimidation, bullying, extortion, threatening media, and thereby seizing all powers.
Trump, and his administration and volunteers, act as though they do not have to follow federal court decisions that say his orders are unconstitutional. This position is unprecedented and extremely dangerous. And since Republicans have abdicated their power in Congress, the crisis gains in strength. He thinks he can get away with it, if the people don’t stop him, because the federal courts do not have enforcement power. Armies, the police, and other enforcement mechanisms are all under the Executive Branch, but they have also sworn oaths:
“I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic”
The U.S. Constitution is an honor-code system. We have always relied on good faith (and Congressional oversight) that no one will break the pact (or they will be removed from office). We have always taken the position that our Presidents will not defy the federal courts and, for that matter, that the American people would not elect someone who would do such a thing. But now we have elected such a person.
You might think, “But I love Trump’s policies. Screw the federal courts that are holding him back.” That is short-sighted. Once the system is broken, it is broken. If a Democrat later takes office, that person can do whatever they want with no checks and balances. If they want to send agents into your house, search it for evidence that you criticized the President, and lock you up in a jail cell without ever seeing a judge, you might say, “They can’t, that’s unconstitutional!” Too late. That precedent will have been established. No checks and balances. If Trump succeeds in what he’s trying to do, any future President (if there are any) can do whatever they want.
Cooperative Problem-Solving and Conflict Management
While recognizing the severity of this constitutional crisis, it is also crucial to focus on how conflicts like this can be addressed through cooperative problem-solving. Conflict management does not mean compromising on the rule of law, but it does mean using strategies that can preserve democratic institutions even in times of crisis.
Public pressure has historically played a role in preserving democracy. Citizens either demand accountability and uphold constitutional principles regardless of political affiliation or we slide toward a system as broken as Russia’s or North Korea’s. Open communication between elected officials, the judiciary, and the public is essential. Legal scholars, activists, and community leaders should work together to develop solutions that reinforce democratic norms, including legislative reforms that explicitly define executive limitations.
At a community level, it is essential to foster conversations that cut through partisan divides. Engaging with those who may not fully grasp the consequences of constitutional erosion can be more productive than confrontation. A shared commitment to democracy can serve as common ground even among people with differing political views.
Specific Threats to Constitutional Rights
Rights are being stripped from everyone. U.S. citizens have been deported without due process. Long lists of people—citizens and non-citizens alike—have had their rights violated in direct defiance of judicial review and court rulings prohibiting such actions.
Some wrongly assert that constitutional rights only apply to U.S. citizens, but in fact, human rights and most civil rights apply to everyone within the United States, with only rare exceptions (e.g., non-citizens cannot vote in federal elections). The Constitution’s protections are not dependent on citizenship; due process, equal protection, and fundamental freedoms apply to all persons under U.S. jurisdiction.
If these violations go unchecked, the erosion of constitutional rights will not stop. History shows that when governments normalize violations against one group, that expands their power to restrict rights for others. Once the precedent is set that a President can defy court rulings on due process, no one’s rights are safe.
If these patterns continue, any administration—Republican or Democrat—could push beyond what has already been done, normalizing authoritarian tactics. Preserving the Constitution requires vigilance, education, and action from everyone who values democracy, regardless of party or ideology. But, let’s face it, without a Constitution we will cease to be a democracy at all. A fascist takeover has started, and it is up to the people to save it.
Wim Laven, Ph.D., syndicated by PeaceVoice, teaches courses in political science and conflict resolution.
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